¡Está pasando! ¿No lo ven?
Rajoy no puede. Simplemente no puede: no ha sido capaz, no sabe. Lo ha demostrado. Es hora de que un nuevo liderazgo reabra la conversación constitucional española y reintegre la innegable singularidad catalana y su identidad y pujanza en la capacidad de integración de una Constitución profundamente reformada.
Diez diputados de la CUP -una plataforma que se proclama "anticapitalista" y "antisistema", con una exigua minoría de escaños del total de 135 del Parlament de Cataluña- dominan y determinan la política catalana con una decisión estratégica de enorme repercusión en la política española e impacto sobre la europea. Frente al insidioso y falso eslogan sobre el que ha montado su campaña el independentismo -"España nos roba"-, la CUP ha acabado ordenando a ocho de sus diez diputados que invistan a un representante de esa oligarquía catalana cuyos prebostes más conspicuos sí que han "robado" a los catalanes enriqueciéndose con avaricia.
La investidura de Carles Puigdemont, el domingo en que expiraba el plazo para la activación mecánica de nueva convocatoria de elecciones catalanas tras los preceptivos fracasos del expresident Mas, delinea una hoja de ruta hacia la secesión ante cuya gravedad ya no caben cataplasmas. No puede subestimarse una situación tan insólita en la historia democrática desde la Transición: revela la voladura de muchos puentes de diálogo y convivencia en Cataluña, y la consiguiente fractura de la sociedad catalana sobre una bisectriz tan seca como divisoria.
Durante los últimos años son muchas las voces de alarma de los que han venido advirtiendo de que "esto se veía venir". No cabe, pues, llamarse a engaño: no solo es el desafío de mayor envergadura a la que hasta la fecha ha debido enfrentarse la "prueba de resistencia" de los materiales basales de la arquitectura trabada durante el ciclo constituyente, sino que hace saltar por los aires la complaciente indolencia con que muchos bien pensantes presumían que "esto no iba a pasar" porque "no podía pasar": ¡Está pasando! ¿No lo ven?
De modo que ya se agotó el tiempo de preguntarse "cómo hemos llegado hasta aquí". Y solo cabe aprestarse a revisar, desempolvar y utilizar el hasta ahora inédito "manual de instrucciones" para la caja de herramientas que el orden constitucional prevé para su defensa ante infracciones de mayor calado.
Sí, ya sé que los juristas -y yo lo soy- sucumbimos fácilmente a la tentación de enumerar las opciones legales que el ordenamiento establece para responder ante el correspondiente gradiente de amenazas y atentados contra el normal funcionamiento de las instituciones conforme al principio democrático de la legalidad: el imperio de la ley sujeto a la Constitución. Desde el art. 155 CE a la declaración del estado de excepción (art. 116 CE y LO 4/81, de 1 de junio), pasando por la reciente L.O. de Seguridad Nacional, ninguna de sus opciones puede ser descartada sin más como superflua por el hecho de que no hubiéramos querido tener que estrenarlas nunca.
Menos entendible -y, a estas alturas, menos imperdonable- resulta que la mayoría absoluta del PP, y el Gobierno de Rajoy a su cabeza, se haya limitado hasta ahora -con negligencia culposa e irresponsabilidad política- a "fiar" ese "tool box" a los abogados del Estado y las jurisdicciones contencioso-administrativas, penal y constitucional (art. 161.2 CE).
Sí, es verdad que cada acto ilegal de un órgano o institución pública puede ser impugnado en la correspondiente vía contenciosa y/o constitucional, y deducir "tanto de culpa" penal en caso de desobediencia a las resoluciones judiciales que eventualmente los suspendan (privándolos de eficacia) o los anulen (privándolos de validez, por ilegales o por inconstitucionales). Y es verdad asimismo que el Código Penal contempla ya los tipos penales de desobediencia a las resoluciones judiciales (actualización del desacato como delito contra la Administración de Justicia), sedición (que requiere el recurso a la violencia en la alteración del orden) y rebelión (delito plurisubjetivo que requiere un cierto grado de comisión tumultuaria).
Nada de esto exime de su responsabilidad a quien quiera que en el actual Gobierno en funciones, todavía controlado por el PP y por su presidente Rajoy, esté dispuesto a asumir ¡de una vez! la dimensión política de la situación planteada y de la respuesta requerida.
El PP debería de una vez asumir, con visión y con coraje, el necesario relevo del presidente Rajoy, que se ha mostrado incapaz -por inacción, por omisión o por pura incompetencia- de calibrar el horizonte al que se abonaba la secuencia de hechos consumados impuestos desde Cataluña por los secesionistas.
Ni basta la jerga jurídica, ni basta llenarse la boca con "Estado de Derecho" y con "imperio de la Ley". A estas alturas, los sediciosos que surfean la pretensión secesionista, a ratos mal encubierta por la fraseología de la "desconexión", son tantos y tan radicados en un segmento importante de la sociedad catalana, que no cabe pensar ya en una "solución indolora" basada en la imposición pura y dura de la legalidad vigente.
Reintegrar a los soberanistas e independentistas catalanes en un proceso político en el que pueda reabrirse una conversación democrática va a requerir -¡y cómo!- liderazgo, imaginación, coraje, inventiva, innovación, grandes acuerdos democráticos y desembocaduras pactadas, por mucho que hoy se antoje lejos de lo imaginable de tan impensable o ardua su mera factibilidad y practicabilidad.
Rajoy no puede. Simplemente no puede: no ha sido capaz, no sabe. Lo ha demostrado. Es hora de que un nuevo liderazgo reabra la conversación constitucional española y reintegre la innegable singularidad catalana y su identidad y pujanza en la capacidad de integración de una Constitución profundamente reformada.
