Cataluña ya decide: el resto de los españoles también

La Constitución española fue adoptada hace 35 años. Es cierto que no pudimos votarla varios millones de españoles que hoy tenemos menos de 52 años. También que, por otras razones, la fatiga de materiales de la democracia española aconseja, desde hace tiempo, una reforma constitucional profunda. El PSOE tiene el deber y la responsabilidad de liderar la apuesta reformista de su actualización.

El "consenso" de 1978 es impensable ahora. Si es que hay que hacer de las reformas un objeto político, el PSOE debería crear las condiciones para que el PP tenga incentivos para embarcarse en el debate y los nacionalistas vean en ello una oportunidad. El interés del PP puede ser activado a partir de la percepción de la amenaza que la antipolítica y el desprestigio de los espacios públicos impone de manera compartida a las fuerzas más representativas en estos 35 años de democracia constitucional. Por su parte los nacionalistas deberían en ello ver una posibilidad de cambiar el actual estado de cosas por unos medios que no impliquen la ruptura con toda legalidad por una insensata vía de hechos consumados que embarque a todos los actores en una diabólica dinámica de acción/reacción negativa.

Para el PSOE, aferrarse, sin más, al statu quo actual ya no es una opción. Allanarse ante las pretensiones soberanistas tampoco. El PSOE debe diferenciarse del PP -"No a todo"- y de la desvinculación de los independentistas frente a todo lo que nos une a la inmensa mayoría de los españoles. Precisamente porque los socialistas no somos conservadores ni somos nacionalistas, la opción socialista no puede ser la invocación sin más del actual statu quo, ni menos aún actuar al dictado de los que pretenden tapar su responsabilidad en el incremento de las desigualdades sociales mediante el recurso escapista a la confrontación de identidades.

Dicho esto, la situación desatada en Cataluña ya no es rebobinable. Una vez desencadenado, el genio ya no regresa a la botella. La estrategia socialista debe hacer frente al balance antisocial del Gobierno de la derecha nacionalista catalana en la Generalitat con una posición propia.

Vayamos ahora a lo que está sobre el tapete de la discusión. El "derecho a decidir" es un ejemplo insuperable de semántica fabricada al objeto de oscurecer y encubrir aquello de lo que hablamos en lugar de aclararlo. Nadie podría estar por principio "en contra" del "derecho a decidir": El carácter sofístico de su interposición en el debate se pone de manifiesto en cuanto constatamos que "exigir" o demandar ese "derecho a decidir" presupone nada menos que no existe previamente. Y ello es evidentemente falso en el caso de la Cataluña pluralista realmente existente que ha venido "decidiendo" en las urnas en el marco de la Constitución y el Estatuto de Autonomía durante más de 30 años.

De modo que, reclamar "en Cataluña" y "para Cataluña" "el derecho a decidir" presume que todos aceptemos que los catalanes habrían visto hasta ahora negada su libertad de "decidir". Y eso es rotundamente falso: Los catalanes deciden democráticamente cada vez que votan, al igual que el resto de los españoles, desde hace 35 años.

Como sucede con cualquier otro derecho, tal "derecho a decidir" sólo podrá tener sentido en el marco de un ordenamiento jurídico democráticamente legitimado. Los vecinos de una escalera no tienen "derecho a decidir" si pueden o no discriminar vecinos o visitantes por razones de raza o sexo, porque la Constitución no sólo no lo permite sino que lo prohíbe. Por lo demás, es evidente que si ese derecho en abstracto existiese como tal, y si su invocación se llevase hasta su extremo, Badalona podría ejercer "su derecho a decidir" la secesión de una eventual Cataluña independiente, y Álava podría "decidir" secesionarse de un eventual País Vasco segregado de España.

Insisto: hablemos claro. Lo que, como todos sabemos, se está reclamando realmente cuando se habla del "derecho a decidir" es la segregación y secesión de Cataluña respecto de España.

Y en la medida en que esa decisión afecta al entero orden constitucional español, sólo podrá acometerse y resolverse contando el conjunto de y (con los demás) ciudadanos españoles.

Del mismo modo en que en un proceso de divorcio no resulta tolerable que una parte imponga a la otra, sin más, sus propias pretensiones, sin pararse siquiera a pensar en las consecuencias sobre terceros, toda negociación respecto de un estado previo de integración o de interdependencia deberá ser negociada entre las partes implicadas: entre las distintas fuerzas políticas expresivas del pluralismo intrínseco a la realidad catalana, y entre Cataluña y el resto de España.

Por tanto, la primera exigencia es la de la negociación de los términos en los que debatamos sobre los contenidos de ese "derecho a decidir": No en abstracto, ni porque sí, sino sobre un objetivo cierto, delimitado y acotado en cuanto a su objeto y en cuanto a sus consecuencias. Para discutir acerca de la redefinición del estatus de una Comunidad en el conjunto de España o con el conjunto de España, lo primero será, pues, hablar, negociar y acordar el propio procedimiento; lo segundo, el objeto; y lo tercero, las consecuencias.

Para empezar, esto implica recordar que, en el proceso de Escocia, David Cameron no puede evitar que Alex Salmond convoque un referéndum, de modo que la única cosa que el primer ministro del Reino Unido puede hacer en realidad, de acuerdo con su ordenamiento, es negociar la pregunta: clara y determinante respecto a sus consecuencias. Distintamente, en España, a diferencia del Reino Unido, nuestra Constitución de 1978 excluye la celebración un referéndum de secesión/autodeterminación de alcance territorial limitado.

Nada de ello impide a nadie hacer frente a la pregunta, netamente inaceptable, que ha planteado Artur Mas. Porque es una "pregunta inducida" (los nacionalistas pretenden que sólo pueda responderse SÍ a que Cataluña tenga "Estado propio en la UE") y miente sobre las consecuencias ("acceso inmediato a la UE", lo que es un planteamiento falso): Cataluña debería negociar, desde el primer capítulo, su nueva adhesión a la UE situándose a la cola, por detrás de Montenegro.

Los socialistas tenemos buenas razones para plantar cara al planteamiento nacionalista, incluyendo en el debate que en el horizonte final habrá que hacer frente a la negociación de la pregunta - y con toda claridad la de sus consecuencias. En ningún caso aceptaremos la que nos impongan ellos, del mismo modo, reitero, en que sería inaceptable que uno de los sujetos de un proceso de divorcio imponga sus términos al otro sin consultar siquiera al abogado de la otra parte.

Pero, a partir de ahí, será preciso hacer campaña por el NO a la pretensión de la independencia con argumentos persuasivos:

No solamente económicos (sus costes financieros y presupuestarios), ni tan siquiera políticos (ruptura con España y salida de la UE), sino también, y sobre todo, vivenciales/emocionales/afectivos (identidades compartidas, siglos de identidad compatibles, cruces de identidades que duran ya cuatro siglos en una unión política consolidada en la historia; mestizaje, mixtura y apertura de las sociedades abiertas del Siglo XX). Esta última línea tendría que reforzarse en el discurso del PSOE más allá de cualquiera de las consideraciones económicas fiscales y presupuestarias.

Además de hacer todo esto, habrá que hacer todavía más: los socialistas deberemos incorporar un compromiso inequívoco de reforma constitucional en sentido federal de la democracia española -no sólo con este objeto-, acomodando los hechos diferenciales de una puñetera vez.

Y acometerlo al mismo tiempo que se actualizan y mejoran otras muchas piezas gastadas de la maquinaria constitucional: derechos; libertades; órganos; instituciones; principios de transparencia, dación de cuentas y responsabilidad, y sistema electoral.