Airbnb o por qué mis vecinos hablan inglés

¿Cada día te cruzas con unos vecinos diferentes? ¿Oyes cada vez más inglés en el ascensor? ¿El constante trasiego de las maletas no te deja dormir? Si la respuesta a todas estas preguntas es afirmativa, formas parte, como yo y miles de personas más, del cada vez menos selecto club de afectados por la plataforma de "economía colaborativa" Airbnb. Dados los últimos acontecimientos registrados, dicho club no rebaja sus expectativas de crecimiento.

La última sentencia anulando la multa impuesta por la Generalitat de Cataluña a esta plataforma de "economía colaborativa", anticipa una posible decisión en relación a la multa de 600.000 euros con la que el consistorio barcelonés la castigó el pasado mes de noviembre. Siendo ambas de la misma naturaleza jurídica y ante la ausencia de casos anteriores, dicha sentencia puede sentar un precedente. Según el juzgado contencioso-administrativo número 11 de Barcelona, Airbnb realiza una actividad económica hasta ahora no regulada, de tal modo que desborda la legislación existente y por tanto no puede infringirla.

A la luz de estos acontecimientos parece evidente que la capacidad de las administraciones públicas para atajar la problemática derivada de la proliferación de los pisos turísticos resulta insuficiente. Los nuevos modelos de negocio introducidos por plataformas como Airbnb o Uber se encuentran con una administración inane, lenta e incapaz de anticipar los desafíos que plantean a las ciudades.

Resulta un hecho que el incremento en el número de pisos ofertados a través de la plataforma Airbnb representa un factor de cambio fundamental sobre el mercado inmobiliario de las principales ciudades españolas. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Palma han experimentado un crecimiento notable en el número de pisos turísticos disponibles. Como prueba del impacto de la plataforma Airbnb sobre el mercado de vivienda residencial madrileño basta con comparar el número de pisos turísticos existentes en el distrito Centro (3.023, de acuerdo a los datos recogidos en el portal Inside Airbnb) con los últimos datos que ofrece uno de los principales portales inmobiliarios. Según Idealista, el número de viviendas en alquiler el pasado mes de enero en el distrito Centro de Madrid era de 1.175. Una oferta de inmuebles de alquiler significativamente menor que el conjunto de pisos turísticos que figura en Airbnb.

Lo mismo ocurre en el caso de Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella se puede observar cómo la presión que ejercen los pisos turísticos sobre el mercado inmobiliario es también notable. Mientras en la plataforma Airbnb existe una oferta de 1.979, la oferta de viviendas en régimen de alquiler de acuerdo a Idealista es de tan sólo 1.554 pisos. Cabe decir en este sentido, que si tenemos en cuenta además las habitaciones privadas, el número asciende de 1.979 a 4.051 pisos turísticos (en Barcelona el 51% de la oferta existente se corresponde con habitaciones privadas, frente al 26% de Madrid).

Durante el año 2016, España ha batido, por cuarto año consecutivo, el registro histórico de turistas extranjeros alcanzando los 75,6 millones de personas. De acuerdo a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística durante el mes de diciembre, el número de turistas que utilizaron la vivienda en alquiler como alojamiento aumentó un 49% con respecto al 2015. Por lo visto, tenemos Airbnb para rato. Además, ante este incremento de la demanda y dado el precio medio de pernoctación (125€/noche en Barcelona y 86€/noche en Madrid) se intuye cómo, ante unas perspectivas de ocupación altas, los propietarios de inmuebles preferirán ofrecer su vivienda como piso turístico en lugar de en régimen de alquiler. Sencillamente, resultará mucho más lucrativo.

Existen por tanto, fuertes incentivos para aumentar la cantidad de pisos turísticos en detrimento de la oferta existente de vivienda en régimen de alquiler. En este sentido, el impacto que tiene la plataforma Airbnb trasciende el sector turístico, para incidir de manera muy relevante sobre el mercado inmobiliario, introduciendo fuertes tensiones sobre el precio de los inmuebles y contribuyendo a la escasez crónica de viviendas en régimen de alquiler que presenta el mercado inmobiliario español.

Este patrón se observa en la evolución del precio del alquiler en las principales ciudades españolas. Según los datos que maneja Idealista.com el precio por metro cuadrado en el distrito de Ciutat Vella en Barcelona ha aumentado un 36% en los últimos 4 años. Esto supone un incremento del importe mensual del alquiler para una vivienda de 60 m2 desde los 879 euros de finales del año 2012 hasta los 1.196 euros del último trimestre de 2016. El distrito Centro madrileño, a pesar de no haber experimentado un incremento tan acusado, también refleja un auge en el importe mensual del alquiler para una vivienda de tamaño medio (74 m2) desde los 1.033 euros en diciembre de 2012 hasta los 1.309 del último trimestre del 2016.

Este incremento en el precio del alquiler no ha ido acompañado del crecimiento de los salarios medios (porcentualmente el salario medio en los últimos años ha subido incluso menos que el salario mínimo) y, por lo tanto, la cuota media que se dedica al pago de una vivienda es cada vez mayor. Así, la proliferación de este modelo coarta las perspectivas de crecimiento del mercado de alquiler perpetuando una cultura de la propiedad ya de por sí muy arraigada en el país. Como vemos, la tensión que ejerce Airbnb sobre las diversas dinámicas económicas urbanas se extiende, manifestándose de formas muy diversas.

La aparición de estas tensiones requiere una rápida adaptación de las ciudades, teniendo en cuenta en la toma de decisiones aspectos clave como: ¿Cuántos pisos turísticos hay en el barrio y dónde están? ¿Los usuarios de estos pisos son turistas o residentes de corta estancia? ¿Cuánto cuestan las pernoctaciones? Durante el año 2016 ciudades como Berlín, Amsterdam o París han tomado medidas que persiguen controlar los efectos nocivos de Airbnb, incluyendo dentro de sus prioridades el establecimiento de una política activa que garantice el acceso a la vivienda. Es fundamental que la sociedad civil tome conciencia de la importancia que tienen estas iniciativas para garantizar el derecho a una vivienda digna.