Este país da miedo

La batalla en el PP de Madrid está alcanzando grados de crueldad inusitados. Y no porque sea una lucha cuerpo a cuerpo en el campo de batalla, sino porque se generan víctimas a diestro y siniestro, utilizando las más bajas armas y marrullerías. El impasible Rajoy ha entrado en la misma y, como suele ocurrir con los mansos, cuando embisten lo hacen de una manera tan asesina como poco valiente. Para ello, se sirve de policías, jueces y, por qué no decirlo, medios de comunicación. Eso es el poder. Y da miedo cuando actúa así.

Es una lucha entre Aguirre y Rajoy por el PP de Madrid y, sobre todo, por el PP que quedará después de las elecciones generales que se celebrarán a finales de año, especialmente si el descalabro que se vaticina para el partido conservador tiene lugar. Porque eso es lo que se juega, y de ahí una guerra que algunos, los mayores del partido, asemejan a la que se vivió en UCD y acabó con la desaparición de esta opción política.

De momento, las muescas están en la pistola de Rajoy. Primero fue Ignacio González. Le disparó con toda la artillería posible, para que quedase su cadáver político delante de la puerta. La decisión estaba tomada: no sería el candidato a la Comunidad de Madrid. El argumento manifiesto ha sido el turbio problema del ático, que venía y salía de la esfera pública de manera un tanto curiosa. En pocos asuntos públicos se han visto de manera tan transparente los turbios comportamientos de algunos mandos policiales. Es raro que coincida aquí.

El siguiente disparo ha ido contra la jefa de comunicación de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego. Cuando un juez pone en el mismo saco de los imputados a unos señores con un tren de vida de millonarios y cuentas en Suiza -porque sobre ellos recae la sospecha de haberse enriquecido con varias operaciones inmobiliarias, en las que existe mediación de distintos niveles de la Administración Pública- y, por otro lado, a una profesional, porque es la responsable del departamento que encargó un trabajo que hacen casi todas las instituciones públicas en España, incluida la Casa Real -pues está destinado a promover la imagen pública de la institución para la que trabaja en las redes sociales-, algo parece sospechoso. Por mucho que se quiera estirar el caso de la Operación Púnica, es mezclar churras con merinas.

Más allá de estas opiniones, quiero centrarme en la materia por la que se imputa a la directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid. Sobre todo y es lo que más me interesa, por cercanía laboral, en la medida que pone en peligro todo un sector profesional. Es acusada de haber contratado un servicio para analizar y fomentar la reputación de la institución -Comunidad de Madrid- y sus elementos -Gobierno, presidente y consejeros- en las redes sociales. El coste del servicio contratado es de mil ochocientos euros al mes. En realidad, lo que cuesta tener a una o dos personas continuamente hurgando y buscando posicionamiento en las redes sociales.

Por la cantidad, el contrato es de lo más normalito. Pero vamos a ponernos a pensar mal y que, para demérito de la Comunidad de Madrid y sus responsables políticos y profesionales, ese trabajo no se realizara. Mezclar estas cantidades con millonarios pelotazos inmobiliarios suena raro.

En todo caso, el servicio contratado se cumplió. Creo, sinceramente, que se ha atacado al eslabón más débil de la cadena, a quien no está aforado y quien no ocupa un cargo político, por mucho poder profesional que se tenga, como era éste el caso. Es decir, se ha disparado a quien estaba más a tiro, quien pasaba por ahí, cumpliendo con sus obligaciones y objetivos profesionales. Pero el poder profesional, que se obtiene a partir del talento y las horas de trabajo, no puede competir con el poder político, que es el poder por definición.

Lo interesante está en el contenido del contrato. Un contenido que se extiende por la casi totalidad de Comunidades Autónomas, Ministerios, Consejerías, universidades, entes autónomos, empresas públicas, partidos políticos, sindicatos, Ayuntamientos de capitales de provincia y un buen puñado de los que no son capitales y, como hemos dicho, hasta la Corona. Por supuesto, también lo hacen las principales empresas de este país y de todos los países. Se trata de realizar el seguimiento y posicionamiento en Internet en general y en las redes sociales en particular.

Así que en la lucha por el poder en el PP no hay escrúpulos. Da igual el qué será de las personas. Una vez liquidado González, el asunto del ático desaparece misteriosamente de la esfera pública. Ya no interesa. Como tampoco interesa qué pasará con el futuro profesional de quien hoy se ve, como Isabel Gallego, con la condena mediática de ser imputada. Simplemente porque era más fácil pegar una bofetada a Aguirre en su cara. Como tampoco interesa qué ocurrirá con ese sector de profesionales de la comunicación que se dedica al seguimiento y posicionamiento en Internet. No ven más allá de su guerra. Y es lo que acabará con ellos, comiéndose unos a otros. Utilizando y desprestigiando todas las instituciones. Lanzándolas contra los amigos. ¿Qué harán con los enemigos? Este país da miedo.