Un acuerdo para borrar los derechos humanos en las fronteras de la UE

Las negociaciones para acordar una política europea migratoria común continúan su curso antes del próximo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que tendrá lugar en Bruselas los días 4 y 5 de diciembre. Al mismo tiempo que la Comisión Europea ultima un acuerdo migratorio con Egipto, Italia va un paso más allá en la externalización de fronteras con un pacto con Albania eludiendo las obligaciones de protección y salvamento consagradas en el derecho internacional y en los convenios europeos; Francia debate una nueva Ley de Inmigración, la 29ª ley sobre inmigración desde 1980, que plantea la supresión del único mecanismo que permite a las personas migrantes en situación irregular acceder a la asistencia sanitaria; Alemania envía preocupantes señales “para avanzar en la externalización de los procesos de asilo en países fuera de las fronteras de la UE”; y Austria plantea un plan a la ruandesa similar al británico recientemente rechazado por el Tribunal Supremo del Reino Unido.

Así, mientras la mayoría de los titulares ponen el foco en otros temas, la sociedad y las entidades que defendemos los derechos humanos mantenemos todas las luces -y las alarmas- encendidas.

Hace unas semanas, durante la Cumbre de la UE en Granada, vimos con absoluta decepción cómo se celebraba un acuerdo parcial que, en lugar de garantizar derechos, traerá graves consecuencias sobre la vida de miles de personas. Cuando el derecho a la vida no vertebra las conversaciones, los resultados son dantescos. Sólo en el caso español, en el año 2022 murieron 2.390 personas intentando alcanzar un lugar seguro, según datos de Caminando Fronteras.

Desde hace casi cuatro años, las organizaciones sociales hemos impulsado acciones para que las instituciones españolas y europeas adopten un pacto en consonancia con el derecho internacional de asilo. Resulta doloroso recordar que, en sus inicios, el derecho a vías legales y seguras era el horizonte del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Por el contrario, los mandatarios europeos, lejos de haber consolidado Estados protectores, lejos de haberse obligado a una acción coordinada y a un reparto equitativo de responsabilidades, se han decantado por definir un catálogo de peligrosos y difusos estados de excepción a la protección internacional que asiste a las personas solicitantes de asilo.

La deriva que ha tomado la Unión Europea no viene motivada por una insuficiencia de recursos. En verano, la Comisión Europea y Túnez firmaron un acuerdo en el que se recogía que Túnez recibiría 105 millones de euros para "luchar contra la migración irregular y reforzar la gestión de las fronteras" como parte de un paquete de ayudas de hasta mil millones de euros. Y aquí llega la dificultad: ¿cómo explicar que bajo denominaciones como “apoyo”, “solidaridad”, “gestión” o “colaboración” realmente se encubre el incumplimiento del deber de salvar vidas? La Unión Europea lleva años siendo insolidaria con las personas en situación de peligro. También lo es con las poblaciones de los países mediterráneos (Grecia, Italia, España) que, por proximidad, asistimos al desembarco de miles de personas exhaustas en pequeñas localidades. El abandono de los Estados europeos en materia de asilo solo ha sido posible desplazando el tablero de juego a otras áreas geográficas. Si hasta ahora la atención directa en frontera -con todas las mejoras que deben hacerse en esa atención- recaía sobre todo en los países del Sur de Europa, mientras una gran parte de la Unión Europea continuaba sin implicarse, bajo esta nueva regulación los países europeos podrán no cumplir con su deber de salvar vidas. Una nueva excepción que podría convertirse en norma.

Y será posible no solo porque puedan ‘pasarle el encargo’ a los países de la orilla africana del Mediterráneo, y darle así ‘salida’ a sus deslealtades internas, sino porque además dichos acuerdos no exigen el cumplimiento de ningún estándar de derechos humanos. Lo que para el Consejo Europeo es un “gran avance” no es más que dar carta blanca a los Gobiernos de la UE para violar los derechos humanos de forma supuestamente legítima a través de un mecanismo de excepción (el Reglamento de Crisis). Lo que se vende como un gran avance no es más que la salida más irresponsable con la consecuencia más grave: pasamos a tener gobiernos que pueden emplear el uso legítimo de la fuerza contra personas con derecho a protección internacional. Por poner una situación completamente identificable en nuestra sociedad: el caso de Tarajal podría ser legal , en un futuro.

De este modo, la Unión Europea deja en un segundo plazo la búsqueda de condiciones para la llegada segura y legal. Una medida que podría hacerse realidad impulsando, por ejemplo, tramitaciones de asilo en los consulados y embajadas de los países de origen. Que esto haya ocurrido en muy contadas ocasiones tiene como consecuencia las dramáticas llegadas en precarias e inseguras embarcaciones como las que estos días alcanzan las Islas Canarias; y en muchos casos, los mortales naufragios que acaban con miles de personas que buscan una vida mejor.

Estamos superando el ecuador de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea y resulta urgente que nuestro turno no termine con un acuerdo que haga aún más peligrosas las fronteras, que permita incumplir los derechos humanos y ponga en riesgo la vida de las personas. Esta realidad contrasta con otra muy diferente: en España también contamos con la experiencia de varias décadas de mecanismos de acogida que son claro reflejo de una sociedad que, incluso en sus peores momentos, es solidaria y comprometida. Es esto, precisamente, lo que debe ser exportado, complementado y actualizado bajo un acuerdo que alcance a toda Europa que garantice los derechos humanos y construya un presente y un futuro en los que se proteja la vida. De las personas defensoras de derechos humanos y del planeta hemos aprendido el valor de los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Deberíamos seguir sus pasos para alejarnos del abismo. Elijamos el lado bueno de la historia. Aún estamos a tiempo.

Por María Fernández-Llebrez Torres, en representación del Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil por un Pacto de Migración y Asilo con Derechos.

El Grupo está formado por Alianza por la Solidaridad-ActionAid Spain, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Fundación Alboan, Fundación Entreculturas, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, Médicos Sin Fronteras, MPDL, Oxfam Intermón, Red Acoge, Save the Children, Servicio Jesuita a Migrantes – España, Salud por Derecho.