Título 42: las claves del cambio en la política migratoria de EEUU que augura llegadas masivas

El controvertido Título 42, la norma que en Estados Unidos permitía la expulsión en caliente de migrantes, ha llegado a su fin este jueves a las 21.59 hora local de la ciudad texana de El Paso (siete horas más en Madrid), donde las autoridades locales, estatales y federales han corrido contra reloj para prepararse ante un mayor flujo de personas, esperanzadas con poder entrar.

La normativa, que aducía motivos de salud pública, se había estado utilizando desde 2020, en tiempos de Donald Trump, para expulsar con rapidez a los migrantes que llegaban a la frontera en tiempos de pandemia de coronavirus. Ahora, el Gobierno de Joe Biden ha anunciado nuevas medidas para desincentivar los cruces ilegales y los movimientos masivos y motivar a los migrantes a pasar de forma ordenada y regular.

Dichas disposiciones, que prevén una aplicación móvil que a veces falla, una campaña publicitaria y centros de atención en Guatemala y Colombia, entre otras, sólo complican el panorama y añaden confusión, cuando recientemente las cosas han empeorado por la desinformación impulsada por los traficantes de personas y otros grupos, que buscan hacer negocio con la situación.

¿Pero de dónde venimos y adónde vamos con las leyes migratorias de EEUU? Estas son las claves de un problema que amenaza con darle importantes dolores de cabeza a la Casa Blanca. 

Qué es el Título 42

La normativa sanitaria del Título 42 de Trump permitió a las autoridades del país expulsar en caliente a migrantes no mexicanos que llegaban de forma irregular de vuelta a México, sin la oportunidad de buscar asilo en los Estados Unidos. Entonces la Administración Trump se excusó en la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Además, hasta ahora los migrantes con nacionalidad mexicana podían ser devueltos rápidamente a su país de origen bajo acuerdos bilaterales anteriores a las restricciones por covid en materia de inmigración y libre circulación de personas.

Cómo funcionará ahora la frontera

En la versión final del reglamento, que entra en vigor este jueves, "no se encuentran cambios importantes con respecto a un borrador de la normativa publicado el pasado mes de febrero", asegura un alto funcionario de la Administración Biden.

La nueva regulación impide a los migrantes que lleguen a la frontera ser elegibles para asilo si han pasado a través de un tercer país en su travesía hasta EEUU y no han solicitado el asilo en este. Tampoco podrán hacerlo si no han usado las vías legales para ingresar en suelo estadounidense.

La principal vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos a disposición de las personas que lleguen a la frontera será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.

El país norteamericano ofrecerá unas 1.000 citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento, una cifra que, según han contado funcionarios públicos, podrá incrementarse "dependiendo de la capacidad" de los trabajadores del servicio de migración. Además, el Gobierno de Biden reforzará la frontera con 1.500 agentes más.

Las consecuencias del cambio

EEUU ha incrementado el número de vuelos de deportación a países de la región y también ha llegado a un acuerdo con México para que el país vecino reciba hasta 30.000 migrantes deportados al mes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba.

La Administración Biden se prepara para un posible aumento en niveles, ya récord, de cruces fronterizos no autorizados ahora que las restricciones del covid, implementadas por primera vez en marzo de 2020, van a ser levantadas este jueves.

Los migrantes han ido concentrándose en México esta semana mientras miles de ellos cruzan hacia los EEUU y se han topado con duros controles en las ciudades fronterizas.

El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, ha afirmado que esperan "grandes números de detenciones estos días" y ha culpado al Congreso de la situación actual, por dejar que siga vigente un sistema migratorio que califica como "anticuado y roto" durante dos décadas.

Los migrantes expulsados de suelo estadounidense podrán ser deportados y enfrentarse a multas si intentan volver al país en los próximos cinco años, una norma que algunas asociaciones han calificado como violación de derechos humanos.

Los expertos

Expertos en migración y derechos humanos han criticado duramente las medidas tomadas por el Gobierno demócrata, ya que aseguran que son una continuación de las políticas de Trump y alertan de que expondrán a los migrantes a situaciones de mayor riesgo.

Las nuevas políticas "impulsarán el tráfico de personas, enriquecerán a los cárteles" y causarán aún más muertes en la frontera ya que las personas se verán forzadas a dirigirse hacia "cruces fronterizos más peligrosos", ha señalado a EFE Ari Sawyer, quien investiga la frontera para la organización Human Rights Watch (HRW).

Este jueves el Gobierno de EEUU ha lanzado una campaña publicitaria para disuadir a los migrantes latinoamericanos que huyen de sus países de que no entren en Estados Unidos. Mientras tanto, en localidades fronterizas como El Paso la presencia de las patrullas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se hace cada vez más visibles.

Oleaje para Biden

Los republicanos también han criticado a Biden porque consideran que estas medidas retroceden las políticas del expresidente Trump, el actual favorito para la candidatura del partido republicano a la Casa Blanca. Le acusan de incumplir sus promesas electorales, aludiendo a su declaración en 2020, en plena campaña por la presidencia del país, en la que Biden aseguró que "era incorrecto" que las personas no pudieran solicitar asilo en suelo americano.

Algunos demócratas y defensores de políticas migratorias laxas también han criticado la acción de Biden y aseguran que "la regulación socava la capacidad de buscar asilo en las fronteras estadounidenses, e incumple las leyes de inmigración de los EEUU y los acuerdos internacionales que el país tiene firmados en esta materia. La Unión Americana de Libertades Civiles ya ha señalado que llevará la política de Biden a los tribunales.

Del lado de los republicanos, una coalición de 22 fiscales generales estatales se han opuesto por separado a la medida, diciendo que está "plagada de lagunas jurídicas y vacíos legales".

Por su parte, el director de Política de Asilo de International Rescue Committee, Kennji Kizuka, ha apuntado que la situación de las personas que son deportadas al norte de México es especialmente preocupante. "Es probable que aumenten las necesidades humanitarias en el norte de México, ya que los servicios, incluidos los albergues, están al máximo de su capacidad en muchos lugares", ha subrayado.

Según el experto, la Administración Biden tiene la oportunidad de "restaurar el acceso al asilo en la frontera": "El uso de una aplicación móvil defectuosa e inaccesible no debe ser un requisito para ejercitar el derecho al asilo", ha sentenciado.