Siria, de la guerra a la venganza: la matanza que evidencia las complicaciones de la transición post Assad

Este 15 de marzo debían cumplirse 14 años del inicio del levantamiento popular contra Bashar el Assad en Siria, que dio paso a su feroz represión y a una guerra civil con 500.000 muertos largos. Pero el pasado diciembre, en apenas 11 días, distintos grupos de sublevados lograron tomar Damasco y obligar al dictador a escapar a Rusia. Comenzaba entonces un tiempo nuevo, plagado de ilusiones y de dudas. 

Un Gobierno de transición, liderado por parte de los opositores y encabezado por el islamista Ahmed al Sharaa, ha prometido unidad nacional por encima de todas las cosas, una nueva Constitución y un proceso por el que sean los sirios los que decidan su destino. Sin embargo, el chute de energía por ver caer a un tirano, por el cambio de régimen, incluso por el aval internacional que se le dio rápidamente al gabinete, no puede ocultar la complejidad de montar un país, dándole al vuelta. Más aún cuando hay rencillas por poder, sectarias, pendientes desde que el padre de Bashar, Hafez, empezó a mandar en 1971. 

Desde el 6 de marzo, Siria ha vivido la peor oleada de violencia de este siglo, en la que los alauitas, la minoría religiosa a la que pertenecían los Assad y privilegiada durante décadas, han sido la principal diana. Se han mezclado pugnas por el control del país y diferencias religiosas, hasta dejar más de 1.300 muertos, bajo tierra. El ejemplo más claro de que la muda de piel va a ser de todo menos sencilla.   

Tras la caída del régimen de Assad, muchos temieron represalias sectarias inmediatas y una limpieza étnica masiva. Hasta la semana pasada, estos abusos se limitaron a pequeños episodios: el Ejecutivo, que había conformado un embrión de Ejército y de Fuerzas de Seguridad a su manera, con sus leales rebeldes, aumentó la vigilancia sobre grupos que entendían que se podían revolver -o sea, partidarios del régimen que no pudieron escapar con él y que aún quieren su bocado de país- y se produjeron choques ocasionales, pero no se ha vivido una violencia organizada a gran escala. 

Sin embargo, el citado 6 de marzo, insurgentes afines a Assad tendieron una emboscada a las fuerzas de seguridad del Fobierno de transición en la ciudad costera occidental de Jableh, matando a 30 de ellos. Algunas cifras los rebajan a 13, pero la celada fue, en cualquier caso, grave. Muchos de los cuerpos fueron encontrados posteriormente quemados vivos o en fosas comunes poco profundas. 

En respuesta a esa acción, las fuerzas del Ejecutivo y elementos atacaron en la zona. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos -una ONG con sede en Londres pero excelentes fuentes sobre el trerreno- ha cifrado en 1.476 el número de civiles muertos en "ejecuciones" y "asesinatos a sangre fría", 1.393 de ellos de la minoría alauita. Se registraron, sobre todo, en las provincias costeras de Latakia y Tartús, el núcleo de la secta de Assad, una rama del Islam chiita que representa alrededor del 10% de la población nacional, el segundo grupo religioso más grande del país después de los musulmanes sunitas. 

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha podido verificar por ahora la muerte de 111 personas. La Red Siria para los Derechos Humanos detalla que los remanentes de Assad mataron a al menos 383 personas (172 soldados y 211 civiles). Las tres entidades coinciden en que la cifra de muertos puede aumentar debido al hallazgo de fosas comunes y "entierros masivos". 

La mayoría de los civiles asesinados por las fuerzas gubernamentales eran, pues, alauitas, aunque también se ha confirmado la muerte de algunos cristianos. Entre los asesinados por los insurgentes del antiguo régimen se encontraban sunitas, alauitas y cristianos, añaden estas tres fuentes. Hay al menos 8.000 personas que han escapado de sus casas hacia Líbano, al menos temporalmente, tratando de protegerse. 

Para empeorar las cosas, el entorno informativo se ha visto contaminado con relatos falsos y pruebas engañosas de lo que realmente sucedió, lo que dificulta distinguir la verdad de la ficción, calentando aún más el dolor y la rabia en las partes implicadas. 

El Ejecutivo se aferra a la idea de que son los seguidores del dictador los que empezaron y que ellos lanzaron una operación especial -que el Ministerio de Defensa dio por cerrada el lunes- para prevenir daños mayores. La brutalidad de la respuesta pone en entredicho sus órdenes y su propósito final. ¿Era una manera de sofocar un levantamiento mayor, era venganza por la muerte de sus uniformados o un ajuste de cuentas religioso, viejo de décadas? 

Las críticas internacionales ante estos excesos, relatados por testigos locales y por prensa mundial, han obligado a Al Sharaa a abrir una investigación a través de un comité específico, para caber qué sucedió. Depurar responsabilidades debería ser el siguiente paso si quiere seguir siendo creíble y respetado. Su gabinete había informado, al cierre de esta edición, de una decena de detenciones. "Siria pertenece a todos los sirios", enfatiza el mandatario. 

Las barbaridades de las que hay que dar cuenta son muchas. Los ataques "premeditados" y "bien planeados" que denuncia el Gobierno llevaron a imponer el toque de queda en Homs, Latakia y Tartus. Supuestamente todo empezó porque se buscaba a un traficante de armas, sector en el que, junto a las drogas, trata de encontrar dinero el grupo que aún defiende al antiguo régimen. Días antes se había asesinado a dos funcionarios de Defensa en Latakia. Luego vino la emboscada y su réplica. 

La BBC, en un relato desgarrador avalado por la ONU, cuenta cómo fueron asesinadas familias enteras, con "ejecuciones sumarias" en muchos casos. Hombres armados no identificados, correligionarios de Assad, miembros de las fuerzas del Estado y más grupúsculos de diversa tendencia se sumaron en este infierno. Hay casos "extremadamente perturbadores", de personas asesinadas en sus casas y hasta en hospitales, de persecuciones incluso de niños. De todo eso hay que dar cuenta. 

La insurgencia se levanta

Las autoridades sirias tratan de calmar los ánimos diciendo que estamos ante un "desafío esperado" en un país fracturado por la guerra y la fe. Faltaba la erupción. Y aún no se conocía cómo actuaría entonces Damasco. Lo visto asquea y preocupa. 

El 10 de diciembre, las autoridades de transición anunciaron una amnistía general para todo el personal militar reclutado durante el régimen, estableciendo "centros de asentamiento" en todas las provincias bajo su control para que los exsoldados pudieran entregar sus armas, recibir tarjetas de identificación temporales y saldar sus cuentas con el nuevo Estado. Posteriormente, se les permitió regresar a la vida civil, siempre que no hubieran participado en masacres o crímenes de guerra durante la guerra civil. Decenas de miles de soldados participaron en este proceso.

No todos en la alianza del nuevo Gobierno estuvieron de acuerdo con este paso, sugiriendo que podría derivar en violencia. Sin embargo, el nuevo liderazgo no quería repetir los fracasos del proceso de desbaazificación de Irak, posterior a 2003, que derivó en importantes purgas contra elementos del antiguo poder y exacerbó las tendencias de radicalización en todo el país.

Presumiblemente, al darse cuenta de que no podían ser carne de amnistía debido a sus crímenes pasados, las altas esferas del régimen de Assad, incluyendo altos funcionarios militares y de inteligencia, evitaron esos centros de asentamiento y comenzaron a planear la recuperación del Estado. Sobre todo, en zonas afines, como esa costa donde hay numerosos alauitas. 

Como parte de este esfuerzo, rápidamente formaron nuevos grupos y redes centrados en la insurgencia, como explican tanques de pensamiento como el Washington Institute (EEUU) o Chatham House (Reino Unido). Muchos de los líderes conocidos de estos grupos son excomandantes del ejército de la 4ª División del régimen, una formación de élite alineada con Irán, lo que significa que tienen un historial grueso de crímenes de guerra, incluyendo ejecuciones masivas, quema de civiles y la aplicación de asedios y cercos de ciudades que provocaron hambre durante meses.

Aaron Y. Zelin, autor de The Age of Political Jihadism: A Study of Hayat Tahrir al-Sham (La era del yihadismo político: un estudio de Hayat Tahrir al-Sham) escribe que en esos grupos hay elementos de la Resistencia Popular Siria, "que cuenta con un destacamento denominado Fuerzas Escudo Costero, con base en las provincias de Latakia, Tartus, Homs y Hama" y amenazó con seguir atacando a la nueva Administración tras la emboscada del 6 de marzo. También hay personal del Frente de Resistencia Islámica Sirio (también conocido como Uli al-Baas), con sede en las provincias de Deraa y Quneitra "y probablemente un aliado directo de Irán y Hizbulá"; restos de las Fuerzas de Defensa Nacional, que agrupaba a las unidades irregulares durante el régimen de Assad, centradas en Deir al-Zour; y del Consejo Militar para la Liberación de Siria, cuya creación fue anunciada por el general de brigada Ghaith Dala la misma mañana del asedio mortal eln Latakia.

Estos residuos de Assad participaron en 46 ataques en varias provincias desde mediados de enero, dice Damasco. "Esto ayuda a explicar por qué las fuerzas del nuevo Gobierno persiguieron, arrestaron y combatieron agresivamente a elementos insurgentes en estas zonas durante semanas, culminando en la crisis actual", dice Zelin.

¿Quién manda?

Tras este estallido de violencia, el mayor desde la caída del régimen, las fuerzas de seguridad sirias convocaron una movilización general, más allá de las unidades que ya se encontraban en la región costera donde se centró la tensión. Con la misión de erradicar a los insurgentes del antiguo régimen, esa movilización incluyó a tres facciones de milicias del Ejército Nacional Sirio (ENS), respaldadas por Turquía y sancionadas por Estados Unidos: Jaish al-Sharqiya, Sultan Suleyman Shah y la División Hamzah. Estas facciones han sido acusadas previamente de abusos contra los derechos humanos de los kurdos en el noroeste de Siria. En los enfrentamientos también participaron combatientes yihadistas extranjeros del grupo Ansar al-Tawhid, designado por Estados Unidos, y civiles sirios locales que buscaban vengar los crímenes de guerra del régimen. 

El tablero, pues, está totalmente atomizado, las alianzas son difíciles, hay muchos grupos con los que contar y a los que contentar, incluso entran en juego actores extranjeros, lo que complica las órdenes y su ejecución, los objetivos, los propósitos y la asunción de responsabilidades, indispensable en este caso si no se quiere empezar el futuro sobre cadáveres sin justicia. 

La mayoría de los informes locales sugieren que la gran cantidad de muertes de civiles causadas por las fuerzas gubernamentales fueron cometidas por una combinación de estas facciones del ENS, combatientes extranjeros y civiles al azar. Las fuerzas principales de la facción que lidera el nuevo Gobierno, Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Organismo de Liberación del Levante), son conocidas por ser mucho más disciplinadas que estos otros actores, y se supone que tienen orden del mandatario de no desbordar el vaso. Le va en ello su legitimidad y sus apoyos. Aun así, algunas fuerzas de HTS también estuvieron involucradas en las masacres y está por ver en qué grado. 

Hay que ver quién dio la orden y averiguar por qué ha sido incapacidad para prevenir estos crímenes. Mientras se arroja más luz al caso, queda de relieve su aún limitado mando y control sobre zonas y facciones más allá de su base tradicional y de la capital siria. En estos días ha pedido a los civiles que no se involucren en conflicto alguno y ha ordenado a sus fuerzas "que se adhirieran a los procedimientos empleados" durante la ofensiva que derrocó al régimen de Assad, esto  es, no atacar a civiles. 

El cisma social

Las secuelas de las masacres no han hecho más que agravar el trauma en ambos bandos. Los ataques perpetrados por los remanentes de Assad, tanto antes como después, han recordado a la mayoría árabe sunita y a diversas minorías perseguidas todos los crímenes cometidos por el régimen anterior durante décadas de brutalidad y años de guerra civil, incluyendo bombardeos con bombas de barril, ataques químicos, asedios mortíferos (Alepo, Idlid, Homs, Hama...), masacres, torturas en prisiones y más. Asimismo, el trauma generacional en la comunidad alauita está resurgiendo, remontándose a las masacres lideradas por los sunitas que sufrieron a partir de los períodos medieval y otomano.

Peor aún, estas historias se están amplificando en un entorno digital tóxico donde se publica desinformación sin cesar con el objetivo de exacerbar aún más la situación y crear un ciclo de violencia. Por ejemplo, redes dirigidas por figuras iraníes, de Hizbulá y del antiguo régimen han publicado recuentos de muertos, avisos e imágenes falsos para exacerbar un suceso ya de por sí trágico. 

Muchas personas tuvieron que recurrir a internet para desmentir los informes sobre su propia muerte, pero el daño ya estaba hecho: una vez que la desinformación se filtró en foros occidentales e israelíes, se transformó en informes falsos sobre una masacre contra cristianos. Las iglesias cristianas de Latakia incluso emitieron una declaración conjunta instando a la gente a no dejarse llevar por los rumores.

Para complicar aún más las cosas, los partidarios del actual poder publicaron un video que afirmaba mostrar nuevos crímenes cometidos por los remanentes del régimen en Qardaha, pero las imágenes en realidad eran de 2013. Aunque las escenas resaltaron el trauma persistente entre los afectados por los crímenes del régimen, representar falsamente viejas atrocidades como nuevas violaciones solo socavará al nuevo gabinete.

La respuesta es clave

Hasta el momento, el presidente de transición, Ahmed al-Sharaa, ha pronunciado dos discursos nacionales para abordar la crisis, cuyo resultado más importante fue la creación de un comité de investigación de treinta días para investigar los hechos. Este organismo tendrá la facultad de recomendar a las personas que deben ser remitidas al poder judicial por los crímenes cometidos durante las masacres. 

 diferencia de los nombramientos previos del Ejecutivo de transición para comités, ministerios y oficinas provinciales, los siete miembros de este nuevo comité no tienen afiliaciones conocidas con HTS ni sus aliados, lo que se espera sea una señal de la seriedad con la que Damasco se está tomando esta investigación.

También es importante el hecho de que la masacre se produjo poco después de la conferencia de diálogo nacional, organizada apresuradamente el 25 de febrero, que muchos sirios consideraron insuficientemente representativa o extensa para un país que salía de cinco décadas de régimen totalitario. En particular, el HTS no mostró una ruta clara hacia un Gobierno más inclusivo, una cuestión esencial entre las comunidades cuyas fuerzas, según Damasco, se integran en el ejército nacional. 

Esto mermó la credibilidad del nuevo gabinetre a un nivel nunca visto en sus dos meses y medio de gestión anteriores y las masacres han reducido aún más su margen de error. Si el comité de investigación no actúa con transparencia, o si las personas implicadas en su informe final no son procesadas adecuadamente, el círculo de Sharaa perderá toda la credibilidad que le queda.

Por otro lado, estos incidentes dan a Washington y a sus aliados aún más motivos para presionar a Damasco para que inicie un proceso sustancial de justicia, verdad y reconciliación. Antes de las masacres, no había hecho nada en este sentido, salvo algunas declaraciones positivas. Se necesita una verdadera prueba de la sinceridad para castigar estos crímenes y, en paralelo, cambios. Al Sharaa derogó la Constitución de Assad y prometió una provisional. En tres años debe haber una definitiva y en cinco, unas elecciones. 

También se ha comprometido a respetar la libertad de expresión en general y de prensa en particular y a no vulnerar los derechos de las mujeres. "No seremos unos talibanes" es una frase que que se repite mucho en estas semanas y que quiere sonar bien. Los hechos lo dirán, porque apuestan por la sharia o ley islámica, pero no como en Afganistán, "ni siquiera como en Arabia Saudí", dicen. Y esta semana se ha apuntado un gran tanto: Al Sharaa ha alcanzado un acuerdo histórico con las autoridades kurdas, respaldadas por EEUU, en el noreste de Siria, que incluye un alto el fuego y la fusión de sus fuerzas armadas con las agencias de seguridad del gobierno central.

Lo que está claro es que, con el sectarismo derramado en sangre en la calle, no se pueden dar pasos de apertura desde fuera. Mucho se habla de la posibilidad de que los países occidentales levanten ya las sanciones que impusieron al país por Assad, ahora que vive la vida en Moscú, pero los acontecimientos de estos días llevarán a retrasar ese gesto. Se teme que las conclusiones de las investigaciones no gusten a Washington ni a Bruselas, que van a presionar por resultados rápidos y fiables. 

Al Sharaa puede guiñar a sus deseados aliados, por ejemplo, haciendo aún más integrador y abierto su gabinete, pero por ahora pesan demasiado las muertes como para avanzar en esa flexibilización. Más aún, cuando el fantasma de nuevos choques y de nuevas respuestas excesivas sigue presente, porque esta ofensiva ha podido acabar pero es improbable que los hombres fuertemente vinculados a Assad renuncien simplemente a sus fuentes de poder y riqueza. Van a seguir recurriendo a la violencia. 

Hay miedo a que el peor escenario aún no se haya materializado y vengan matanzas peores. Los ataques se pueden repetir y la desconfianza en las nuevas autoridades, aumentar. La luna de miel parece haberse roto definitivamente. 

Siria necesita un Gobierno inclusivo y transparente, que aborde un proceso político en el que decida el pueblo, con una nueva Constitución y un respeto pleno a los derechos humanos, con especial vigilancia en las mujeres. Hasta ahora no ha habido una destrucción drástica de libertades, temible si hay islamistas al cargo, pero tampoco avances sustantivos. Todo lo demás será una traición a la primavera, a la lucha por la democracia.