Un reflejo de la calle: acoso, abusos y miedo a denunciar en las instituciones europeas

Las instituciones europeas son un reflejo de la calle. En ellas se condensa todo lo que le ocurre a los ciudadanos de los Veintisiete, porque por ellos están compuestas, ellos las levantan cada día. Eso incluye, también, el peor rostro de esas sociedades unidas en una, como el del acoso laboral y sexual. Hay presiones y mobbing en los distintos departamento de la  Comisión Europea, el Consejo o el Parlamento, hay excesos de autoridad y hay abusos sexuales. Lo bueno es que en los últimos días se ha meneado el avispero, se ha roto el silencio y se ha reclamado un cambio. Ahora hace falta que se tomen medidas y se hagan cumplir.

El Parlamento Europeo ha hecho repaso a lo trabajado en el hemiciclo en los últimos cinco años, a raíz del movimiento MeToo nacido en Estados Unidos, y ha concluido que se han logrado avances pero es insuficiente, que queda mucho por hacer para abordar realmente el problema, tanto en el plenario como en otros organismos comunitarios. Por eso, ha aprobado una resolución (468 votos a favor, 17 en contra, 125 abstenciones) en la que se insta a sus gestores a proteger mejor a las víctimas, darles cauces seguros de denuncia, acompañarlas en lo necesario y tomar medidas contra los que violan de una u otra manera a los empleados. Todo lo que ahora mismo no se hace. 

Las conclusiones son dolorosas: aunque hay algunos canales para denunciar, no se emplean apenas porque hay miedo a la vergüenza de asumir que hay un problema, porque hay miedo a las posibles represalias (desde roces en la convivencia a luz de gas, pasando directamente por despidos), porque hay miedo a revivir lo pasado en los interrogatorios, porque hay miedo a que se gestione mal el caso, porque no hay un sistema claro por el que una denuncia garantice un apoyo y una atención a la altura. Exactamente lo mismo que ocurre en empresas que no están en edificios con banderas azules estrelladas. "La palabra que resume el sentimiento de muchas de las víctimas es soledad", resume a El HuffPost un miembro de #MeTooPE, un blog colectivo creado por los trabajadores de la Eurocámara para denunciar. 

La resolución adolece de medidas significativas y de pasos concretos, pero al menos es un llamamiento que contiene una autocrítica que, esperan los empleados, ha de servir de base a acciones. Afirma el texto que los afectados "no reciben suficiente el apoyo ni protección" y por eso hay que "redoblar" los esfuerzos con más campañas, más información y mejores estructuras para atender los casos. Por ejemplo, los trabajadores reclaman que los comités que revisan los casos no estén compuestos exclusivamente por eurodiputados, sino por expertos en acoso, abogados laboralistas o psicólogos, 

"Estos casos ensombrecen el funcionamiento de las instituciones europeas y socavan la confianza de los ciudadanos de la Unión en ellas", afirma el documento. Ese es el diagnóstico. Luego viene la reclamación: tienen que comportarse como "empleadores ejemplares", fijar la "tolerancia cero" como la guía de su trabajo en este campo y prevenir, atender de forma "integral" y "combatir" toda discriminación o abuso, incluso con "sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias". 

¿Y todo eso en qué cuaja? Explican desde #MeTooPE que hay "siete puntos esenciales para el cambio", que empiezan por la "educación y concienciación", desde la escuela a Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo. Hacen falta, luego, "políticas y procedimientos claros", con "definiciones claras de acoso sexual, procedimientos para presentar denuncias y consecuencias para los acosadores". A su vez, reclaman la "promoción de una cultura de respeto", que cambie el clima de trabajo, especialmente competitivo en estos niveles, lo que lleva a "promover el diálogo abierto, el apoyo a las víctimas y la responsabilización de los acosadores". Igualmente, reclaman "canales seguros de denuncia". "Es fundamental establecer vías que no disuadan, que no sean una cuesta arriba, donde sentirse escuchado y creído y con las herramientas al alcance para demostrarlo". Luego deben venir las medidas, "justas y rápidas", porque la lentitud es otro de los males detectados por el Europarlamento. El entorno, como es esencial, debe cambiar, con una "sensibilización de testigos" que no den la espalda a lo que ocurre. 

"Todo se resume en dos cosas, realmente: apoyar por encima de todas las cosas a las víctimas de acosos de cualquier naturaleza con asesoramiento, servicios legales y redes de apoyo, para que se sientan respaldadas, y responsabilizar a los culpables, con medidas firmes y apropiadas, de lo disciplinario a lo legar. Si no se hace, seguiremos haciendo informes en los que se certifique que se denuncian pocos casos aunque no haya pocos casos, porque no hay "ni apoyo ni protección", afirma esta fuente, parafraseando la resolución. Plantean, como medidas concretas, más capacitación contra el acoso, mediación externa de expertos, cursos de formación obligatorios, comités neutrales y rigurosos, verificación de pruebas y "empatía, empatía, empatía", un intangible esencial. 

Fallos e indiferencia

Al hilo de la propuesta elevada en el Parlamento comunitario, el diario POLITICO ha publicado una investigación periodística de cuatro meses que constata con testimonios y prácticas toda lo feo que señala la resolución. Ha entrevistado a 37 personas que han denunciado acoso, están en proceso de hacerlo, se han ido de las instituciones europeas por sufrirlo, lo han presenciado... y por eso no duda en hablar de una Europa de "matones", o sea, de acosadores. Asevera que las autoridades "han fallado repetidamente" al atender los casos, habla de una "cultura de la indiferencia" asentada sobre las moquetas y de un sistema de asistencia "en crisis", con presiones "fuera de control", lo que lleva a quien sufre estas situaciones a pensar en el suicidio o a sentirse muertos en vida. 

Empecemos por el protocolo de las denuncias: hay que elevar el caso a Recursos Humanos, esperar a que lo admita y, si es así, entonces exponerlo en un comité en el que hay eurodiputados; allí se decide si hay que elevar informe a la Presidencia y, luego, ver si hay que advertir, sancionar o prohibir actividades al ejecutor. 

Lo que se extrae de este trabajo periodístico es que el proceso es "muy estresante" y no genera confianza en los denunciantes, una "tortura" en la que hay que recontar todo. Es "desagradable" porque suele estar "sesgado" en favor de los parlamentarios, se producen demoras "prolongadas e inexplicables", las sanciones al final son "débiles" y los procesos se alargan hasta dos años (legalmente no hay ahora mismo límite temporal). El ambiente de trabajo es "venenoso" y los responsables "se encogen de hombros", como aquellos que recomiendan a los afectados que tiren la toalla, que no denuncien o que, si su situación es insoportable, directamente dejen su puesto de trabajo. El secreto, añade, es "norma general". 

Esa gente que se siente "en el corredor de la muerte", que ha perdido 10 kilos por las presiones diarias, que cuando suena el teléfono siente como un latigazo de miedo, que tiene estrés postraumático como quien regresa de la guerra, habla de algunos eurodiputados como "reyes y reinas". Existen unos 2.000 asesores en Bruselas y Estrasburgo (dos o tres por representante) que dependen de su "voluntad" y que aguantan porque tienen aspiraciones políticas. Ellos son los más afectados por estas agresiones constantes. 

No hay datos oficiales de estas prácticas que, según la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), sufren al menos un 15% aproximadamente de las plantillas europeas en el caso del moobing y hasta un 38% de mujeres jóvenes en el caso del acoso sexual. A principios de 2023, la Agencia EFE pudo concretar una cifra, mediante la agregación de los casos reportados en los cuestionarios para la aprobación de las cuentas anuales de la institución; según estos documentos, se registraron 88 denuncias entre 2013 y 2021 y sólo una minoría de ellas acabaron en sanción para los perpetradores, indica. 34 de estos expedientes se han conocido en los dos últimos años, ahonda POLITICO. 

Este medio añade un dato que da cuenta de lo poco concienciados que están ni siquiera aquellos que hacen las leyes para evitar estos comportamientos: sólo 295 de los 705 diputados que componen la Eurocámara han hecho el curso voluntario sobre acoso que ofrece la institución en lo que va de legislatura, desde 2019.

La presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola, se ha tomado en serio la situación y ha dado ya orden de revisar los protocolos, de mejorar la cadena y de ir más rápido. Si no se avanza ya, se corre el riesgo de entrar en un impasse porque en la primavera de 2024 hay nuevas elecciones europeas y nueva conformación de la Cámara, o sea, un frenazo de meses. La maltesa quiere ajustar los tiempos de respuesta, a seis meses si es posible. Se adelantó incluso a la resolución y ya en enero envió una carta a los diputados reclamando un nuevo aire. 

Los casos actuales

A la luz han salido este año dos casos de acoso psicológico que han acabado en sanción en el Parlamento Europeo. Son los de la eurodiputada española Mónica Silvana González, del PSOE, y la liberal luxemburguesa Monica Semedo. Hay otros dos en investigación, contra otro español, José Ramón Bauzá (el expresidente popular de Baleares, que se fue a Cs), y la belga conservadora Assita Kanko, también por supuestas presiones laborales. 

POLITICO ha contactado con uno de los asesores que denunció a González, que llegó al cargo en 2019 y ha sido sancionada con 10.140 euros en dietas y suspensión de actividades parlamentarias durante 30 días. Esta persona denunció "humillaciones personales y profesionales" en su trabajo, mensajes groseros, reuniones forzadas en casa de la política en tiempos de pandemia, gastos adelantados con tarjetas personales de hasta 700 euros y tareas personales ajenas a su labor, desde arreglarle el internet a inscribirle a su hija en el colegio, supuestos que llevan a afirmar al medio la gran diferencia de poder entre parlamentarios y asesores. 

Como explica en una nota Michal Šimečka, vicepresidente del Europarlamento y diputado eslovaco del Grupo Renew, "se lo debemos a las víctimas y a los ciudadanos europeos; debemos dar ejemplo mediante la adopción de mejores mecanismos de apoyo y de políticas antiacoso más efectivas". Según señala ya el código de comportamiento de la Eurocámara, los diputados se deben comprometer a comportarse de "manera digna, cortés y respetuosa, exenta de prejuicios y no discriminatoria con todas las personas que trabajan en el Parlamento Europeo". 

Toca cumplirlo allí y en todas las instituciones comunitarias.