Radiografía del aborto en el mundo: un derecho entre los avances y la cerrazón

El derecho al aborto se va abriendo paso en el mundo, consolidándose como lo que es: una necesidad sanitaria y social a la que las mujeres y niñas deben poder acudir si quieren interrumpir su embarazo. Quedan muchos recalcitrantes que no lo ven como un derecho humano, pero empiezan a ser menos. 

El problema es que, donde no se ha reconocido el derecho, se multiplican los abortos inseguros, a la desesperada cuando las leyes no son justas, se multiplican, con su amenaza de muerte o mutilación. Para reclamar la aplicación de este derecho en condiciones óptimas, este 28 de septiembre se conmemora el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. La reclamación es por la intervención en sí y por sus condiciones: que sea oportuna, segura, asequible, de calidad, respetuosa, no discriminatoria y a una distancia razonable, enumera la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así se podrían evitar cada año las 39.000 muertes de mujeres y niñas que pierden la vida intentando dejar de estar encinta. 

Según el Centro de Derechos Reproductivos, que tiene su sede central en Estados Unidos, aunque hay 75 países -entre ellos España- que permiten la interrupción del embarazo en las primeras semanas de gestación y otros 13 que contemplan al menos el supuesto de los motivos socioeconómicos, queda luego un océano de naciones donde sólo es posible ejecutarlo si afecta a la salud general de la mujer (50), o a su vida (42). Hay 24 donde el veto al aborto es completo. 

Allá donde no hay un marco normativo al que aferrarse, las mujeres hacen lo que pueden para acabar con el embarazo, porque ignorar el aborto no lo erradica, sólo lo hace clandestino, y se aborta en todo momento, diga lo que diga la ley. La necesidad está y busca salidas. El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro desemboca en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.

Eso hace, dice la OMS, que el 45% de los abortos (no menos de 25 millones) se acaben haciendo en condiciones peligrosas; de ellos, el 97% se acometen en países en vías de desarrollo, que son los que precisamente tienen normas más duras al respecto. 

No sólo pueden acarrear la muerte de la gestante, sino causarle hemorragias, complicaciones por abortos incompletos, infecciones, perforación uterina o daños en los genitales y otros órganos por los medios empleados. La imagen de la percha que se multiplica en las marchas proaborto tienen un porqué. La OMS indica que los abortos son la tercera causa de muerte materna en el mundo, suponiendo un 8% de todas las muertes de mujeres del planeta, mientras que hay cinco millones de féminas mutiladas o con discapacidad por intervenciones no garantistas. "Casi todas las muertes o lesiones por aborro inseguro son evitables", remarca. 

Mª Luisa Garcés de los Fayos, activista del equipo de trabajo sobre el derechos de las mujeres en Amnistía Internacional, destaca que estamos ante una vulneración de derechos múltiple, un todo en uno: afecta "al derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia ni discriminación". Una carencia que afrontan 700 millones de mujeres en edad reproductiva y que no pueden acceder a servicios de aborto legales y seguros. Hay, añade, un 41% de mujeres en edad de procrear residiendo en países con normas muy estrictas.

En el mundo, en total, cada año se registran unos 73 millones de abortos (uno de cada cuatro embarazos acaba interrumpido) y se calcula que el 61% de los embarazos no deseados se interrumpen voluntariamente. Como ahonda el Instituto Guttmacher, una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, hablamos de "experiencias compartidas en todo el mundo y que ocurren independientemente del nivel de ingresos de un país o de una región y del estatus legal del aborto". La tasa de interrupciones en países de bajos ingresos es del 40%, del 66% en los de ingresos medios y del 43 en los de ingresos altos, que suelen tener leyes más proteccionistas. Así que mejores normas no quiere decir más abortos y libertinaje. 

La conmemoración de este día un 28 de septiembre tiene su origen en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en 1990, aunque luego se ha extendido por todos los continentes. La delegación brasileña propuso esta fecha recordando que fue cuando, en 1871, se promulgó su Ley de Libertad de Vientres, la que consideró libres a todos los niños y niñas nacidos de una esclava. 

Libertad, aunque sea otra, sigue necesitando la mujer en el plano de su reproducción, sana y libre, porque el problema del aborto tiene hoy diferentes aristas. Desde el propio de la legislación restrictiva a la disponibilidad de servicios, pasando por los costes elevados de las intervenciones, la estigmatización que genera en las mujeres que se someten a ellas, la objeción de conciencia del personal sanitario o la exigencia de requisitos innecesarios que añaden angustia e indefensión.

Así están las cosas

Como destaca Amnistía, en los últimos tiempos se han producido avances y retrocesos respecto a este derecho. Empecemos por los primeros, los ilusionantes: "destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto". El mexicano es el caso más reciente, ya que la Suprema Corte despenalizó el aborto el pasado 7 de septiembre, tras una decisión histórica votada por unanimidad. "Ahora las mujeres saben que ya no irán a la cárcel por tomar la decisión de acortar o simplemente porque alguien las acuse de hacerlo", cuando hasta hace ni un mes sólo los estados de DF, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz tenían leyes de interrupción del embarazo por plazos y en algunos supuestos cómo que constituyera un peligro para la salud de la embarazada.

Los avances en general de América Latina han sido muy ilusionantes, a galope sobre las protestas sociales más importantes de las últimas décadas. En Colombia, dice, las mujeres "litigaron ante su Tribunal Constitucional por el derecho a no tener que ir a la cárcel, acusadas de abortar" y finalmente, en febrero de 2022, se les dio la razón permitiendo que el aborto sea legal en las primeras 24 semanas de embarazo. Desde 2017, se modificó además en el Código Penal de Chile para despenalizar tres supuestos (por violación, por riesgo del embarazo para la vida de la madre y por inviabilidad del feto), un paso que aún puede mejorarse porque en el proceso constituyente emprendido en el país se ha plantado la despenalización del aborto como uno de los derechos que debe proteger el nuevo articulado. 

En Argentina el hito fue en enero de 2021, cuando se promulgó la Ley 27.610 por el aborto legal en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. "Se hizo ley", como gritaba la calle. La norma permite a las argentinas abortar de forma legal, libre y gratuita hasta la semana 14; el derecho, hasta entonces era regulado por una ley de 1921 que solamente permitía la interrupción del embarazo en caso de violación o de peligro para la vida de la madre.

Ha habido avances parciales en Brasil, con la llegada de Luiz Inacio Lula da Silva al poder. En enero, revocó una normativa dictada por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro que inhibía el acceso al aborto incluso en los casos amparados por la ley. Por ejemplo, se obligaba a los médicos y a los hospitales a notificar a la policía que iban a realizar un aborto a una posible víctima de violación. Y también se ha eliminado el ofrecimiento a las gestantes de escuchar el latido fetal, ver una foto o una ecografía del feto.

Sin embargo, no toda América Latina se ha contagiado de esta corriente verde. Nicaragua, El Salvador o República Dominicana, como Malta, Andorra, Polonia o Marruecos (entre otros países) mantienen el aborto penado, bajo cualquier supuesto. Aparte de los inmovilistas que no ceden, la especialista de Amnistía pone el dedo en la llaga en los pasos atrás de los últimos tiempos. El más destacado, sin duda, es el de Estados Unidos. 

Su Corte Suprema, en junio del año pasado, dictaminó que el derecho al aborto no está amparado por la Constitución. "La consecuencia es que cada Estado puede legislar llevando a la cárcel a las mujeres acusadas de abortar y a quienes contribuyen a ello, o también pueden legislar estableciendo limitaciones tan restrictivas que lo hacen inviable en la práctica. Y esto es lo que ya está sucediendo en la mitad de los estados del país", explica.

Hay estados que han corrido a proteger el derecho con normas y refrendos, pero se calcula que sólo en tres meses, 17 millones de mujeres perdieron su derecho al aborto en el país. El miedo a que el fin de la doctrina la sentencia Roe contra Wade cale en otras políticas, como las que protegen a minorías raciales o a personas homosexuales, es generalizado en las organizaciones de derechos humanos, más aún si Donald Trump recupera la Casa Blanca en las elecciones del año que viene. 

Es un lamento general, pero Amnistía recuerda también que "no son sólo las mujeres y las niñas cisgénero (aquellas a las que se asignó el sexo femenino al nacer) las que pueden necesitar acceso a servicios de aborto, sino también las personas intersexuales, los hombres y los niños transgénero y las personas con otras identidades de género que tienen la capacidad reproductiva de quedarse embarazadas".

No hay que mirar al otro lado del Atlántico, porque en Europa también tenemos problemas. En Polonia, por ejemplo, uno de los países de la Unión Europea con una política de aborto más restrictiva. En 2020 su Tribunal Constitucional eliminó uno de los únicos tres supuestos en los que estaba permitido abortar -por defecto fetal grave e irreversible o enfermedad que haga inviable la vida del feto- y las autoridades persiguen a quienes se manifiestan en contra de esta decisión. 

La presión ha ido in crescendo, con persecución no sólo de mujeres que se han sometido a intervenciones sino de aquellas personas que les han ayudado, como la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzyńska. que fue acusada en 2021 y por la que ha intercedido hasta la ONU. "Este es el primer caso en Europa en el que una activista es enjuiciada por contribuir a un aborto facilitando píldoras abortivas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado que examinará las denuncias de mujeres polacas que puedan haber sido víctimas de violaciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales como consecuencia de la sentencia constitucional sobre el aborto", indica.

En Hungría, otro de los países gobernados por la ultraderecha en el seno de la UE, se obliga a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar desde septiembre del pasado año. La actual ley, en vigor desde 1992, determina que entre las semanas 12 y 24 de gestación, la mujer puede optar libremente por el aborto, sin más requisitos que su propia decisión. Ahora se ha dado una vuelta de tuerca, que culpabiliza a las mujeres. Eso, en el corazón de Europa y con la extrema derecha que defiende esos postulados al alza. 

En China se ha decidido reducir el número de abortos practicados con "fines no médicos", según directrices de 2021 que se han aplicado en el pasado año en su plenitud. Dicen que buscan "mejorar la salud reproductiva de las mujeres". Pekín ya ha promulgado medidas estrictas destinadas a prevenir los abortos selectivos por sexo y las autoridades sanitarias también advirtieron en 2018 que el uso del aborto para interrumpir embarazos no deseados era perjudicial para el cuerpo de las mujeres y corría el riesgo de causar infertilidad. Tras años de intentar limitar el crecimiento de la población, Pekín promete ahora nuevas políticas destinadas a animar a las familias a tener más hijos.

Refuerzo del TC en España

Este año, España cuenta con un refuerzo en su derecho, uno de los más garantistas de Occidente. En marzo de este año entró en vigor la Ley Orgánica 1/2023 que introduce dos elementos nuevos y de peso para garantizar el derecho efectivo al aborto legal y seguro: eliminar la exigencia de consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad interrumpan el embarazo; y establecer la obligación de que cda hospital debe de contar con la relación de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres.

Y además, entre mayo y julio, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el aborto, configurándolo como un derecho. Rechazó todos los recursos vivos del conservador Partido Popular y reconoció el derecho de las mujeres a abortar, según el sostema actual. El tribunal consideró que este sistema es conforme a la Constitución por cuanto reconoce a la mujer embarazada el ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad. 

Para el Alto Tribunal estos "derechos constitucionales que exigen del legislativo el respeto y reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación". 

El debate sobre blindar el aborto en la Constitución ya está en marcha en Francia, mientras que el Parlamento Europeo -alentado por los cambios a peor en EEUU- ha pedido incluir el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en el artículo 7, añadiendo que "toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal".