Pena de muerte, cárcel y terapias de conversión: la ley antihomosexuales de Uganda es una realidad

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha aprobado una polémica ley contra la homosexualidad que incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos y que fue condenada por países occidentales, según informó esta mañana la presidenta del Parlamento ugandés, Anita Annet Among.

Museveni "ha ejecutado su mandato constitucional (...). Ha dado su consentimiento a la Ley Anti-Homosexualidad", afirmó Among en su cuenta de la red social Twitter sobre una de las leyes contra la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers) más estrictas del mundo.

"Como Parlamento de Uganda, hemos respondido al clamor de nuestro pueblo. Hemos legislado para proteger la santidad de la familia según el Artículo 31 de la Constitución de Uganda. Nos hemos mantenido firmes para defender nuestra cultura y las aspiraciones de nuestro pueblo", subrayó la presidenta del Legislativo ugandés.

Among agradeció a Museveni su "firme acción en interés de Uganda" y a los parlamentarios que aprobaron la norma "por resistir toda la presión de los intimidadores y los teóricos de la conspiración del fin del mundo en interés de nuestro país".

"El pueblo de Uganda ha hablado y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, inalterable y firme", concluyó.

Museveni promulgó el nuevo proyecto de ley que el Parlamento aprobó el pasado día 2 y que aún incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos, pese al deseo del mandatario de que se suavizara el texto original tras una dura condena de Occidente.

El jefe de Estado se había negado a ratificar el polémico proyecto aprobado el pasado 21 de marzo por el Parlamento, y pidió que se modificara para que no condene la identidad de las personas LGBTIQ, sino sus actos.

La Comisión de Asuntos Legales y Parlamentarios secundó la petición del presidente y anuló las cláusulas que aludían a la identidad.

Según la presidenta de la comisión, Robina Rwakoojo, esa enmienda procedió porque "la intención del proyecto es criminalizar los actos sexuales cometidos por personas del mismo sexo y no castigar a una persona con base en su sexualidad percibida o apariencia física".

Sin embargo, el delito de la "homosexualidad agravada" (término amplio usado para referirse al hecho de mantener relaciones íntimas con un menor de edad u otros grupos vulnerables) se mantiene castigado con la pena de muerte.

La versión anterior también requería que los ugandeses informaran a la Policía de cualquier actividad homosexual sospechosa o, de lo contrario, se podían enfrentar a seis meses de prisión.

Los legisladores acordaron enmendar esa disposición después de que Museveni advirtiera el mes pasado de que se corre el riesgo de provocar "conflictos en la sociedad".

Ahora, el requisito de informar se aplica sólo a los presuntos delitos sexuales contra niños y personas vulnerables, con una pena aumentada a cinco años de cárcel.

De acuerdo con la ley recién promulgada, cualquier persona que "promueva la homosexualidad a sabiendas" puede ser condenada a hasta veinte años de cárcel, una disposición que no se modificó con respecto al proyecto de ley original.

El texto legislativo ha sido duramente criticado por las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, así como por organizaciones de derechos humanos.

"Abominable"

"Es abominable que el parlamento haya retenido el proyecto de ley contra la homosexualidad que fue aprobado por el Parlamento de Uganda en marzo. Esta ley despectiva viola descaradamente los derechos humanos de las personas LGBTI en Uganda", denunció el pasado día 2 Amnistía Internacional (AI).

Henry Mukiibi, activista que ayuda a los ugandeses LGBTQ, declaró a CNN que teme que la gente se tome la ley por su mano: "Creo que esto es tan, tan horrible. No esperábamos esto; pensábamos que se lo desaconsejarían. Nos van a torturar. Ahora tengo miedo de lo que pueda pasar. La gente ha estado esperando a que se firme el proyecto de ley y entonces trabajarán con nosotros. Vamos a morir".

En 2014, Museveni ya aprobó una ley que pedía la cadena perpetua para los "homosexuales reincidentes", pero el Tribunal Constitucional ugandés acabó anulándola tras argumentar que no hubo suficiente cuórum durante su votación en el Parlamento.

En la actualidad, en Uganda prevalece una ley de 1950 -el país se independizó del Reino Unido en 1962- que penaliza hasta con cadena perpetua las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, si bien no suele aplicarse.  

"La sociedad civil de Uganda, junto con la comunidad LGBTQI, está preparada para llevar este asunto a los tribunales e impugnar la ley. Porque esta ley es profundamente discriminatoria y represiva y no cumple ninguna norma internacional de derechos humanos ni local", dicen los afectados. 

La ONU, "horrorizada"

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró "horrorizada" ante la aprobación de la nueva ley. "Nos horroriza que este proyecto de legislación draconiana, discriminatoria y antihomosexual se haya convertido en ley", indicó en su cuenta oficial de la red social Twitter la oficina dirigida por el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk.

"Es una receta para futuras violaciones sistemáticas de las personas LGBTIQ y para la población en general, creando un conflicto con la constitución y los tratados internacionales, por lo que debería llevarse a cabo una revisión judicial urgente", añadió la oficina, que ya había condenado con anterioridad el proyecto de ley.

La nueva legislación también fue condenada por el Programa Conjunto de la ONU contra el VIH/sida (ONUSIDA), que en un comunicado conjunto con otras organizaciones sanitarias internacionales mostró su profunda preocupación por las consecuencias que pueda tener la nueva legislación.

La ley "obstaculizará la educación en salud y el compromiso necesarios para acabar con el sida como una amenaza sanitaria pública", señaló el comunicado, en el que denunció que el colectivo LGBTIQ ya ha sufrido estigmatización durante los meses de debate en torno a la ley que ha limitado su acceso a cuidados y tratamientos.

"El colectivo en Uganda teme cada vez más por su seguridad, y un número cada vez mayor de personas son desalentadas para que no acudan a servicios sanitarios, ante el temor a que sean atacados, castigados o marginados aún más", lamentó el comunicado conjunto.