Lo nunca visto en 75 años de estado: los demócratas de Israel aguantan su pelea durante 11 semanas

Israel siempre se jacta de ser la mayor democracia de Oriente Medio. Incluso cuando arrecian las críticas por su trato a Palestina, sus dirigentes insisten en esta etiqueta. Demócrata, progresista y laico nació el 14 de mayo 1948, cuando proclamó su independencia. Sin embargo, casi 75 años después, el país vive las protestas más masivas de su historia justamente porque lo que está en juego es la democracia. El actual Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, sustentado por los nacionalistas y la ultraderecha, ha emprendido una serie de reformas, especialmente judiciales, que dilapidan el pasado, que amenazan con destrozar el sistema tal y como se le conoce y se le respeta en el mundo, que están llamadas a crear un estado controlador, sin separación de poderes, arbitrario, racista y desigual. 

Los israelíes, que son conservadores en su mayoría como dejan claras las elecciones de las últimas décadas, tienen un límite. Una cosa son halcones en el poder y, otra, dinamiteros de su modo de vida y sus aspiraciones. La suma a seis que ha encumbrado a Netanyahu, del derechista Likud, han dado una vuelta de tuerca que ya no es admisible más que para reductos de la sociedad como los colonos ilegales en suelo palestino o los judíos ultraortodoxos, no para el común de los ciudadanos. Por eso, esta semana cumplen ya 11 manifestándose en la calle por el futuro de su país. 

Cientos de miles de israelíes salen cada semana, en un movimiento sin precedentes. Al principio, sólo en las ciudades más grandes y sólo en fin de semana. Ahora, en protestas extendidas por todo el país, en poblaciones de todo tamaño, a cualquier hora, en cualquier día. "Esto sí es un riesgo existencial, y no lo de Irán", como reza una pancarta vista en Haifa (norte), el pasado sábado. Hasta medio millón de personas protagonizaron las marchas del pasado sábado, lo nunca visto. Y va a más. 

Las imágenes que dejan las marchas son insólitas: ancianos sentados en el paseo marítimo de Tel Aviv para aguantar las horas, con sus banderas; jóvenes desfilando con precisión militar (que para algo el servicio militar es obligatorio para todos y deja huella) disfrazados de los personajes de El cuento de la criada, la distopía que temen realidad en Israel; soldados protestando por sus derechos, frente a su exigido perfil apolítico; civiles heridos por cargas de la policía de fronteras, a puro chorro de agua, como en los checkpoints de Cisjordania... 

Las manifestaciones intentan, en concreto, frenar los planes del Gobierno para limitar los poderes de la Corte Suprema que, según los críticos, socavan la independencia judicial y amenazan la democracia. Netanyahu niega la mayor, indica que las reformas restablecerán el equilibrio entre las ramas del Ejecutivo y mete prisa al proceso, acelerado esta misma semana en la Knesset o Parlamento. 

Propuestas y alternativas

Los cambios en el sistema de Justicia que plantea Israel son los más graves de cuantos cambios quiere introducir el gabinete de Netanyahu, que ha vuelto al poder con una mayoría ridícula, condicionado por socios antinaturales en lo ideológico si no fuera porque ha antepuesto el poder a cualquier cosa, ansioso como estaba de protección (la que da el cargo de primer ministro) ante la batalla judicial por corrupción que aún tiene que resolver. 

El Gobierno lo forman hoy el Likud de Bibi (hasta hace pocos años, derecha clásica, ahora radicalizada), más los religiosos Shas y Judaísmo Unido de la Torá -aliados habituales de Bibi- y la alianza tripartita de Sionismo Religioso, ultraderechista, ultranacionalista, supremacista judía y antiárabe -que ha tenido un crecimiento meteórico, de 6 a 14 escaños en un año largo-. Suman 64 diputados, en total. En el acuerdo de gobernabilidad que permitió superar la crisis institucional, con cinco elecciones en dos años y medio, dejaba claro que la piedra angular de la política de la nueva coalición nacionalista-religiosa tenía que ser la intervención en la Justicia, en el Tribunal Supremo, en las leyes básicas y en la elección de magistrados. 

El objetivo de las reformas es dar al Gobierno una influencia decisiva sobre la elección de los jueces y limitar la capacidad de la Corte Suprema para fallar en contra del Ejecutivo o anular la legislación. Se amenaza con borrar las fronteras con el político y el legislativo. Israel no tiene una constitución como tal, sino un conjunto de Leyes Básicas que hay que respetar, pero con este plan de “reforma radical” se añade, por ejemplo, la cláusula de “anulación”, por la que se permitiría que una minoría simple de la Knesset volviera a promulgar cualquier ley que la Corte Suprema -que hace las veces de Tribunal Constitucional- rechace por no respetar esas normas. Si hay queja del Supremo, los diputados radicales la pueden invalidar. 

Los críticos con el Tribunal Supremo, incluidos muchos miembros de la coalición de Gobierno, afirman que el Tribunal es de tendencia izquierdista y elitista y que ha intervenido demasiado en la esfera política, anteponiendo muchas veces los derechos de las minorías a los intereses nacionales.

Las encuestas muestran que el plan del Gobierno no es popular y que la mayoría de los israelíes preferirían otras normas. Por eso ha sido tan bien recibido en la calle esta semana el plan propuesto por el presidente del país, el progresista Isaac Herzog, que cansado de la situación ha planteado una vía de escape; le gustaba a la oposición, le gustaba a parte de los manifestantes, pero no le gustaba nada ni a Netanyahu ni a los que suman en su coalición. Vuelta a la casilla de salida, a nuevas protestas masivas por venir en este fin de semana, pero con tiempo ganado, porque ya el día 14 aprobó en la primera de tres instancias una norma que protegería al primer ministro de una potencial suspensión del ejercicio de sus funciones.

Herzog ha obviado el tono templado, se ha olvidado de su papel de mediador, ha apostado por el cambio y la acción, porque sostiene que el país está al borde del "colapso constitucional y social". "Aquellos que piensan que una guerra civil es algo a lo que no podemos llegar, no tienen idea", afirmó Herzog sobre las posturas antagónicas que ha visto en esas reuniones con agentes sociales.

Muchos de los aliados extranjeros de Israel también han expresado su preocupación por la nueva legislación. "Reduzcan la velocidad un poco, quizás reúnan a la gente, traten de construir un consenso", dijo a principios de marzo el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides. La postura del amigo americano es determinante, porque su influencia es enorme en las Fuerzas Armadas -realmente descontentas con este giro, hasta el punto de amenazas crecientes de colgar el uniforme- y también en el gabinete. Hay quien piensa que una postura más severa por parte de Joe Biden y su administración pararía la deriva de inmediato. Hay quien piensa que eso es intervencionismo en otro estado. Hay quien se ríe de esa prevención. 

Trabajadores de la industria tecnológica, abogados y banqueros también han expresado su alarma por el potencial impacto de las reformas, incluso en la economía. Ya está empezando a haber consecuencias: el presidente del Banco Central de Israel (BCI), Amir Yarón, ha advertido de que la reforma puede tener "inmensas repercusiones" para el país por la fuga de inversores, empresas y cerebros. "Hemos visto a algunos líderes de alta tecnología y empresarios decirnos que las inversiones podrían dejar de llegar y algunos incluso hablan de que podrían llevar su negocio a otra parte", ha explicado en la CNN.

Como el que oye llover

El Gobierno, por ahora, no da el brazo a torcer, ha calificado a los manifestantes de "anarquistas", se ha mantenido firme frente a las protestas y alega que éstas están siendo alimentadas por opositores políticos. Pero no es esta una cuestión partidista. ¿Ceguera, estrategia? El caso es que la tendencia es popular, no de parte. El problema está causando profundas divisiones en la sociedad israelí, que está llevando a conatos de violencia, a enfrentamientos. El viernes, en Jerusalén, llegaron a las manos manifestantes y colonos, en una zona donde se produjo un reciente atropello masivo. Todo se mezcla. 

Algunos de los cambios propuestos por la coalición ya fueron aprobados en el pleno de la Knesset, en la primera de las tres lecturas necesarias para su ratificación, pero no está claro si se votarán definitivamente antes del 2 de abril, fecha en que los legisladores se retiran a las vacaciones de primavera.

Netanyahu espera que los proyectos de ley se aprueben antes de que finalice esta sesión del Knesset el 4 de abril. El mandatario está formalmente excluido de participar en la iniciativa porque está siendo juzgado por cargos de corrupción, que él niega, pero insiste en que los cambios fortalecerán la democracia de Israel e impulsarán los negocios. El primer ministro acusa a los medios de comunicación y a la oposición de tergiversar el plan e incentivar las protestas para derrocar a su Gobierno, una especie de confabulación frente a la que pone a su antecesor, Yair Lapid, y a otro de los líderes opositores, el exviceprimer ministro y titular de Defensa Benny Gantz.