Más lejos que nunca: Erdogan se instala en la autocracia, con la UE y EEUU haciendo la vista gorda
El arresto del alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, que podía pelearle la presidencia de Turquía, supone un punto de inflexión del islamista en su persecución de opositores, críticos y prensa libre. Pero ni un sermón le cae.

Tras 22 años en el poder, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dado un paso definitivo hasta instalarse en la autocracia plena: usando el arma más formidable que tiene a su disposición, la supuestamente independiente justicia, ha conseguido encarcelar a uno de los pocos candidatos que puede arrebatarle el cargo, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul desde 2019, de enorme popularidad.
Fue el pasado domingo, justo cuando su opositor debía ser designado candidato a las elecciones presidenciales de 2028 por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), fundado por el padre de la patria turca, Mustafa Kemal Atatürk. Aún entre rejas, Imamoglu se impuso en las primarias con más de 15 millones de votos y las calles rugiendo, reclamando su libertad.
Erdogan ha lanzado múltiples acusaciones contra su oponente, que han cuajad judicialmente en dos causas: una por supuesta corrupción, sobornos y manipulación de licitaciones municipales, y la otra por colaboración con un grupo terrorista, en referencia al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda turca. Al atacar a Imamoglu escudándose en los jueces y al reprimir las protestas masivas organizadas en todo el país durante seis días consecutivos, el hombre fuerte de Turquía está culminando lo que comenzó hace más de diez años: el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho y el sistema básico de pesos y contrapesos. La democracia, en suma.
Esta preocupante regresión no es nueva, pero sí se ha acelerado y agravado, hasta llegar a esta especie de punto de no retorno que es el arresto del regidor estambulí. Comenzó a apretar el puño sobre todo a partir de 2013, durante y tras las manifestaciones masivas que surgieron contra su gabinete. Dos años después, siguió con el brutal y sangriento fin de las negociaciones de paz con los kurdos y el encarcelamiento de figuras políticas como el conocido Selahattin Demirtas.
2016 fue, luego, un año clave para el devenir de Turquía: un fallido golpe de Estado en julio llevó a gigantescas purgas en las instituciones públicas de funcionarios supuestamente miembros de la hermandad del predicador Fethullah Gülen, quien murió el año pasado en Estados Unidos, de quien el presidente había sido aliado durante décadas y convertido en su peor enemigo. La misma razia se aplicó en las Fuerzas Armadas.
Erdogan, líder del derechista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), enloqueció buscando culpables e hizo una limpia muy oportuna, apoyado en su poder creciente y en el miedo a la desestabilización de su base electoral. Empezó entonces a aprobar una ley tras otra que atentaban contra la libertad de expresión de prensa o de reunión, a lo que sumó la destitución (y a veces detención) de alcaldes y el creciente número de arrestos de opositores, intelectuales de izquierda y centro, artistas y periodistas afines, según él, a la oposición liberal.
Ha vendido siempre que su sprint legislativo sólo busca proteger a los turcos, pero los partidos críticos, las ONG locales o las organizaciones internacionales de derechos humanos coinciden en que, bajo las vagas acusaciones de ir contra la seguridad nacional o colaborar con grupos terroristas, hay una persecución clara del diferente. Trata como sea de aferrarse al poder y es tal el peso de Turquía hoy, en lo defensivo, lo migratorio o lo geopolítico, que nadie se atreve a afearle sus acciones. Empezando por esa Unión Europea a la que se le llena la boca hablando de sus valores fundacionales y siguiendo por EEUU, donde ahora manda un autoritario como Donald Trump, en plena sintonía. ¿Lo escuchan? Es el silencio.
Los analistas entienden que el islsmista nunca ha llegado tan lejos como ahora. Es cierto que el entorno electoral turco se asemejaba ya poco a una competencia justa, porque prácticamente todo el panorama mediático está bajo control del Gobierno o, como poco, bajo su influencia, al igual que todos los organismos estatales.
Pero la oposición siempre ha logrado presentar candidatos viables a los comicios. El encarcelamiento de Imamoglu es algo más: ya el sistema era autoritario pero pluralista, iliberal si se quiere, pero ahora se comporta "al estilo ruso o azerbaiyano", como dice el diario francés Le Monde en un duro editorial. "El candidato de la oposición no es elegido libremente. El resultado de las elecciones, en cambio, se conoce de antemano".
En las elecciones locales de marzo de 2024, el principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo de Imamoglu logró los mayores avances contra el AKP de Erdogan en más de dos décadas, asegurando el 37,8% de los votos a nivel nacional frente al 35% del AKP y conservando las municipalidades de Estambul y Ankara. Las alarmas sonaban con toda su fuerza, aunque faltaran tres años para las presidenciales.
El mandatario turco parece creerse a salvo de una reacción violenta. Reprimidos por una considerable fuerza policial, los cientos de miles de personas que salen a las calles nunca han logrado hacerle retroceder, tampoco el clamor por los más de mil detenidos que van ya en estos días, en los actos de apoyo a Imamoglu.
Todo lo que está mal
La radiografía del Gobierno turco que hacen las principales organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), no dejan lugar a dudas: estamos ante un sistema presidencial autoritario y altamente centralizado en Erdogan, que "ha deteriorado la situación de Turquía en materia de derechos humanos durante décadas, atacando a supuestos críticos del Ejecutivo y opositores políticos, socavando profundamente la independencia del poder judicial y socavando las instituciones democráticas".
Investigaciones, procesamientos y condenas infundadas son el pan de cada día para gente como el alcalde de Estambul, a los que se ataca con leyes antiterroristas o de desinformación como argumentario falso. La "cultura de la impunidad", como la llama Amnistía, se ha instalado en el país, más aún tras los terremotos de 2023, tras los que la respuesta gubernamental digamos que ha dejado mucho que desear y ha deteriorado la imagen del presidente.
Empecemos por la prensa, sin ir más lejos. El control gubernamental va más allá de los medios de comunicación públicos y salta la mayoría de los canales de noticias televisivos y medios impresos, alineados con el Gobierno. Los medios independientes en Turquía operan principalmente a través de plataformas en línea y de forma precaria.
Las autoridades ordenan regularmente el bloqueo de sitios web y plataformas o la eliminación de contenido crítico en línea o cobertura periodística negativa relacionada con funcionarios públicos, empresas, el presidente y su familia, y miembros del poder judicial. Suelen citar como motivos "amenazas inespecíficas" a la seguridad nacional o al orden público o violaciones de derechos personales. Hay sentencias del Tribunal Constitucional, del año pasado las más recientes, que han detectado artículos de la Ley de internet que violan derechos esenciales. Más de un millón de sitios web se han bloqueado desde la promulgación de esa norma, en 2007. Reporteros Sin Fronteras (RSF) sitúa a Turquía en la posición 158 sobre 180 países en cuanto a respeto a la libertad de prensa.
"Los periodistas se enfrentan regularmente a procesos judiciales en virtud de la Ley Antiterrorista de Turquía, así como de la difamación penal y otras leyes. Los periodistas kurdos son objeto de ataques desproporcionados", insiste HRW. A finales de 2024, esta organización sabía de 21 informadores encerrados en las cárceles turcas.
Además, "miles de personas enfrentan detenciones, investigaciones y juicios injustos por cargos de terrorismo", bien por su supuesta cercanía al clérigo Gülen (13.251 detenidos reconocidos por el Ministerio de Justicia) bien directamente por manifestarse contra el presidente Erdogan. Sufren "encarcelamientos prolongados y arbitrarios sin recurso efectivo tras la destitución masiva de sus puestos en la administración pública y el poder judicial".
Hasta la fecha, "las autoridades turcas no han implementado una sentencia clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que determinó la aplicación arbitraria de la ley en el caso de un exprofesor, Yüksel Yalçınkaya, supuesto seguidor de Gülen. Hay alrededor de 8.000 casos similares recurridos ante el tribunal de Estrasburgo. En un nuevo juicio de Yalçınkaya, en septiembre, los tribunales locales hicieron caso omiso del TEDH y lo condenaron nuevamente por los mismos cargos y usando la misma norma.
Las autoridades provinciales prohíben regularmente las protestas y reuniones de distritos electorales críticos con el gabinete, a menudo ignorando otras sentencias judiciales nacionales que consideran desproporcionadas dichas prohibiciones. La policía detiene violentamente a manifestantes asociados con grupos izquierdistas o kurdos. En Estambul o Ankara es costumbre.
Imamoglu se suma a otros activistas y opositores muy reconocidos y respetados que están detenidos y por los que se hacen campañas internacionales: están Osman Kavala, Çiğdem Mater, Can Atalay, Mine Özerden o Tayfun Kahraman, conocidos por su compromiso con la sociedad civil, en prisión por cargos infundados de organizar las protestas del Parque Gezi de 2013 e intentar derrocar al Gobierno. Kavala ha estado detenido arbitrariamente desde octubre de 2017 y los demás, desde su condena en abril de 2022. El TEDH también ordenó la liberación de Kavala pero, de nuevo, se incumple.
En julio del año pasado, el Comité de la ONU contra la Tortura examinó Turquía por primera vez desde el "marcado" aumento de la tortura y los malos tratos tras el intento de golpe militar de 2016. Las observaciones finales del comité plantearon la "preocupación" de que las denuncias de tortura y malos tratos se producen "de forma generalizada," especialmente en centros de detención, y de que, cuando se llevan a cabo procesos judiciales, "los actos de tortura se clasifican con frecuencia como otros delitos".
Entre las recomendaciones se incluían el fin de la práctica del esposamiento inverso, ampliamente utilizada por la policía, y el fin de todas las extradiciones y entregas extrajudiciales. El comité recomendó además la abolición de la pena de cadena perpetua agravada, que implica el aislamiento de facto y la imposibilidad de liberación. Todo sigue igual a marzo de 2025.
Turquía también concentra su campaña militar contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, con ataques aéreos y con drones en el norte de Irak, donde se ubican las bases del PKK, y en el noreste de Siria contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos y respaldadas por Estados Unidos. Los ataques aéreos turcos tienen también como objetivo instalaciones civiles, "poniendo en riesgo los medios de vida y privando a las comunidades de electricidad y otros servicios esenciales", dice HRW.
Aunque ya en Siria no manda Bashar el Assad y el equilibrio de fuerzas ha cambiado, se siguen documentando casos de "detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, violencia sexual y juicios militares injustos", y "miles de personas han sido desplazadas por la fuerza y sus propiedades, tierras y negocios han sido confiscados".
Cientos de activistas kurdos, exparlamentarios, alcaldes y funcionarios de partidos en Turquía se encuentran en prisión o cumplen condena tras ser condenados por delitos de terrorismo por actividades políticas legítimas y no violentas, discursos y publicaciones en redes sociales. Entre ellos se encuentran los excopresidentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, en prisión desde 2016. En mayo, fueron condenados a largas penas de prisión a pesar, de las sentencias del TEDH que ordenaban su liberación inmediata.
Turquía es un nudo gordiano, además, porque sigue albergando al mayor número de refugiados del mundo. En diciembre, 2,9 millones de sirios gozaban aún de estatus de protección temporal. El Gobierno de Erdogan considera principalmente migrantes irregulares a las personas procedentes de Afganistán, Irak y otros países no europeos y limita estrictamente sus posibilidades de solicitar protección internacional. "Deporta sistemáticamente a grandes grupos, publica estadísticas que lo demuestran y realiza devoluciones sumarias masivas en las fronteras".
Su actitud a la hora de violar derechos y criminalizar a los extranjeros ha causado "violencia xenófoba contra los sirios", más una "creciente hostilidad hacia los refugiados, avivada por partidos políticos que utilizan el tema como arma en su discurso político", como el suyo.
Es un suma y sigue, ya que Turquía se ha ido también del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que justo se llama Convenio de Estambul, cuando tiene una media de 31 mujeres asesinadas al mes en los dos últimos años y no hay medidas para alentar las denuncias ni atender a las que se marchan de casa.
También Erdogan y los partidos conservadores religiosos de la oposición utilizan regularmente un discurso político "discriminatorio", equivalente a un "discurso de odio", contra las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGTBI), "con el pretexto de promover los valores familiares, intentar atraer a las bases electorales conservadoras y fomentar la polarización social", lo que "ha puesto en grave riesgo a las personas" de la comunidad. El Orgullo de Estambul no se puede celebrar desde hace 10 años.
Mirar hacia otro lado
Erdogan hacía ya todo esto antes del domingo. Detener a su máximo adversario ha sido una vuelta de tuerca en un clima propicio para él, cuando sabe que nadie le va a chistar en la comunidad internacional. Tras años de erosionar la democracia paso a paso, se siente empoderado con discursos déspotas como el de Trump y por el papel que Ankara ha asumido en el plano mundial. Complicado enemistarse con él sin consecuencias.
A Imamoglu primero ha hecho que la Universidad de Estambul le retire su título en Empresariales por un fallo administrativo, cuando tener diploma universitario es forzoso para aspirar a ser presidente. Pero no le ha bastado eso, sino que ha optado por el arresto. No quería que su candidatura cogiera impulso y está envalentonado. En la Casa Blanca dicen que su primera conversación con Trump al recuperar la presidencia de EEUU fue "magnífica" y "transformadora".
Se entiende con quien llama "salvajes", "escoria" o "delincuentes marxistas" a sus propios opositores, los demócratas. Hasta Elon Musk, que lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Washington y sigue siendo el dueño de X, ha cerrado decenas de cuentas de opositores turcos por denuncias sin mucho fundamento. Alineados. Se entiende que no haya habido críticas de la Casa Blanca a lo que está ocurriendo estos días en Turquía.
Europa se mantiene también en gran medida al margen por temor a provocar a Erdogan. Tiene mucho que perder, desde su amplio acuerdo sobre refugiados -un tapón al este para que no deje pasar a los Veintisiete a los migrantes y solicitantes de asilo, sobre todo de Oriente Medio y Asia Central- hasta las esperanzas de ampliar la cooperación en materia de seguridad y defensa con Turquía -posiblemente, el punto más candente del debate comunitario en este momento-. Las capitales europeas, en gran medida, están eludiendo el tema y apenas los alcaldes, como los de Bruselas, París, Roma o Berlín, han salido en defensa de su homólogo de Estambul.
Turquía encabeza la lista de países con los que la Comisión Europea (CE) espera colaborar más estrechamente en defensa. Este mismo mes, ha abierto la puerta a que algunos países no pertenecientes a la UE, como Turquía, Reino Unido y Noruega, se beneficien de su nuevo programa de defensa de 150.000 millones de euros, Acción de Seguridad para Europa (SAFE). Ya no se puede garantizar el paraguas de EEUU, en la nueva era Trump, y se buscan socios fuertes fuera. Erdogan es uno de los elegidos. Grecia y Chipre, enemigos históricos de Turquía, tienen reservas, pero se trabaja con ellos desde la CE para que acaben cediendo, explica Euractiv.
El regreso del presidente estadounidense Donald Trump, que ha dejado en claro que la seguridad de Europa no es una prioridad en su agenda, ha cambiado la perspectiva de la UE sobre vínculos más estrechos con Ankara, dijeron varios diplomáticos, a pesar de las reservas de Grecia y Chipre, enemigos históricos de Turquía. En las últimas semanas, Ankara ha participado cada vez más en las cumbres de seguridad europeas y "altos funcionarios han dejado claro su interés" en seguir en esa línea, añade el medio.
Se hace fuerte el relato de que Turquía sigue siendo un socio con ideas afines y un aliado occidental y que los intereses de seguridad a largo plazo deberían primar sobre los intereses a corto plazo de unos pocos. De lo que apenas se habla es de las violaciones reiteradas de derechos humanos.
"La detención del alcalde Imamoglu y de los manifestantes plantea interrogantes sobre la adhesión de Turquía a su larga tradición democrática", indicó el lunes pasado el portavoz comunitario Guillaume Mercier durante la rueda de prensa diaria de la Comisión. "Como miembro del Consejo de Europa y candidato a la UE, Turquía debe defender los valores democráticos", señaló, y añadió que "estos derechos, los derechos de los cargos electos, así como el derecho a manifestarse pacíficamente, deben respetarse plenamente". Sin más.
Con el segundo ejército más grande de la OTAN después del de EEUU y una sólida industria armamentística, Ankara sabe que tiene la ventaja y que la van a dejar hacer. Erdogan ha demostrado una y otra vez que es experto en presionar a Bruselas, como lo hizo con el acuerdo sobre refugiados y, en enero, al alcanzar un pacto bilateral sobre refugiados con Italia. Ha sabido jugar con la necesidad de Europa de que le hagan el trabajo sucio a base de dinero.
Esta vez, el acuerdo podría implicar una cooperación económica y de defensa más estrecha con la UE a cambio de seguridad regional. El ejército turco, probado en combate y compuesto por unos 350.000 hombres, es una de las grandes razones por las que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ha presionado a la UE para que busque una cooperación más estrecha con Erdogan. Y si el neerlandés apuesta por ello es que también lo hace EEUU; están en la misma frecuencia.
La estratégica ubicación geográfica de Turquía la convierte en un elemento clave para controlar el estrecho del Bósforo, una ruta marítima y comercial clave que conecta el mar Negro con el Mediterráneo. Ankara no dudó en cerrarlo a los buques de guerra rusos tras la invasión total de Ucrania por parte de Moscú, aunque no le puso sanciones, tiene intensos lazos con Vladimir Putin en materia económica y energética y sigue siendo uno de los interlocutores posibles para la negociación de la paz en la zona. Su territorio fue ya escenario de alguna reunión en 2022, al inicio de la guerra.
Si en el futuro fuera necesario que buques de guerra europeos accedieran al Mar Negro, Ankara tiene la clave. Sus efectivos también podrían resultar útiles si cualquier futuro acuerdo de paz con Ucrania incluyera fuerzas de paz europeas que garanticen un alto el fuego. Ankara ya dijo que estaría dispuesta a enviar fuerzas de mantenimiento de la paz a Ucrania después de haber desempeñado un papel importante al desempeñar un exitoso papel de mediador en el acuerdo de granos del mar Negro.
Si hablamos de armamento, el equipo militar turco se encuentra entre las opciones más baratas que se pueden adquirir fuera del bloque y ha sido probado sobre el terreno en zonas de guerra, incluidas Ucrania y Azerbaiyán. Entre los productos más significativos se encuentra el sistema de drones Bayraktar TB2, uno de los más adquiridos en toda la región. Con el primer proyecto turco de aviones de guerra de quinta generación, el KAAN, Ankara también busca reemplazar su anticuada flota de cazas F-16 de fabricación estadounidense. España, Portugal, Polonia, Rumanía y Estonia están entre los estados que están firmando contratos con ellos. En anhelo de Erdogan es lograr un acuerdo en bloque, con toda la UE.
El hecho de que Turquía haya caminado por la cuerda floja entre alinearse con Occidente y con Rusia parece una preocupación secundaria. Lo mismo que la situación de la prensa libre o los opositores turcos. Bruselas, sin embargo, no puede permitirse el lujo de posponer una queja ante Turquía sin poner en riesgo su propia credibilidad. Cuestionar no es condenar. En la capital europea hay quien pide críticas francas, sin necesidad de obstaculizar futuros acuerdos, pero Erdogan no suele perdonar. Las necesidades estratégicas no deberían hacer olvidar de dónde viene la UE, pero está pasando. De nuevo, lo que llaman realpolitik.