Mahsa Amini: los ayatolás la mataron por un velo mal puesto, pero un año después su lucha sigue

A Mahsa Amini la mataron por llevar el velo mal puesto, por sacar un mechón al aire, por intentar ser libre. Fue hace un año, el 13 de septiembre de 2022, en Teherán, y su crimen hoy sigue sin verdad ni justicia ni reparación. El régimen de los ayatolás sigue sin investigar y no aclara qué le pasó, por que murió en manos de su Policía de la Moral. Lejos de dar respuestas, persigue a su familia y abogados y sofoca con mano dura las protestas que, a raíz de esta muerte, tomaron las calles del país. Fue el mayor movimiento contestatario en décadas, posiblemente el mayor desde la Revolución Islámica y, pese a la violencia, sigue vivo. Mahsa no, pero sí su legado de valentía. 

Irán llega al aniversario de este sábado atenazada por las nuevas amenazas del Gobierno de Ebrahim Raisi y con escasos llamamientos a la movilización, por más que en las calles sí se mantengan los gestos de miles de mujeres, que intentan ir con el pelo suelto recordando sus derechos. Naciones Unidas avisa: las cosas están peor que hace un año y hace falta un cambio radical de las autoridades para respetar los derechos humanos. Hay calma tensa en la calle. 

Mahsa Amini era una chica más, una kurda de 22 años, a la que los guardianes de la moral se llevaron por tener el hiyab mal puesto y que murió bajo custodia policial tras pasar tres días en coma. Aquel 16 de septiembre, la joven, residente la ciudad noroccidental de Saqez, fue a la capital de Irán con su hermano menor para visitar a su familia, en sus últimos días de vacaciones antes de empezar en la Universidad. Al salir de una estación de metro, una patrulla policial de las que vigilan la indumentaria de las mujeres (que lleven el velo, que su ropa no sea ceñida ni corta ni de colores vivos, que su maquillaje sea comedido) la detuvo por mostrar parte de su pelo, cuando el hiyab debe cubrir forzosamente el cuello y todo el cabello, por ley, desde 1983. Su hermano, de 17 años, trató de impedirlo, pero fue golpeado y desnudado en plena calle.

Varios testigos consultados por la prensa internacional y la familia de la joven sostienen que fue agredida por los agentes al ser introducida en un furgón. Fue llevada a una especie de centro de reeducación donde se le dan charlas a las chicas díscolas, antes de ver si su caso merece multa o algo más, entre un año y diez pueden pasar en prisión las mujeres procesadas por los delitos de vestimenta según el Código Penal local. Mahsa acabó muriendo.

Su padre explicó a la BBC que vio a su hija la amortajada, porque antes no dejaron que accediera al hospital, y que sólo vio su rostro y sus pies, que estaban "amoratados". Tampoco le dejaron ver el informe de la autopsia. Reclamó las imágenes de las cámaras que los policías llevan en el chaleco, pero le dijeron que lamentablemente estaban sin batería ese día. El hombre ha insistido a lo largo de estos meses en que su hija vestía correctamente y, sobre todo, en que no tenía enfermedades previas que le pudieran provocar la muerte, que es lo que dice la versión oficial del régimen. "Condiciones médicas subyacentes", es la expresión. Ni epilepsia ni dolencias cardiacas, insiste su progenitor. 

Cuando el caso trascendió, su rostro abotargado, su boca entubada y su pelo libre -una foto lograda por otra valiente informadora- prendieron la llama en las calles. "Mujer, vida, libertad" es el lema que más se coreaba. Las manifestaciones comenzaron en las grandes ciudades pero se fueron extendiendo a todo el país, dejando estampas de enorme impacto y valor: mujeres que quemaban el velo o se cortaban el pelo con tijeras, que se enfrentaban a agentes con la melena al viento, que se pintaban los labios sin recato, que se hacían moños con el casquillo de una bala. 

También hombres que se sumaron a la lucha, que es la de la mitad de su país y por tanto la de su país, bajo la que subyacen muchos más motivos, que se resumen en el cansancio total del régimen de la República Islámica, asfixiante. Más generalizadas, desafiantes y variadas, las protestas contra los ayatolás fueron creciendo, reclamando cambio. Del velo se pasó al del velo se pasó al "muerte al dictador".

Nada resuelto

Ha pasado un año y todo ha empeorado. Ni hay respuestas de lo que le pasó a Amini ni se ha detenido la represión sobre los manifestantes. Ha habido 500 muertos, miles de heridos, muchos miles de arrestados, hasta siete manifestantes procesados por gritar en la calle han sido condenados a muerte y ajusticiados, uno de ellos en público como una lección para el resto de iraníes. Ha habido 22.000 manifestantes amnistiados, con el aviso de que como vuelvan a las calles su pena será doble. 

Las calles, dice EFE, están llenas de agentes antidisturbios, a la espera de incidentes, mientras que los servicios de Internet casualmente han fallado estos días, supuestamente por la "instalación de nuevos equipos en algunas zonas", dice el régimen. 

En un comunicado demoledor, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da cuenta de todo lo que sigue mal y lo que ha empeorado en este tiempo. Denuncia que "las autoridades están exacerbando las medidas punitivas contra quienes ejercen sus derechos fundamentales, incluida la libertad de religión, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica" y que el Estado ha respondido y responde a las manifestaciones "con fuerza innecesaria y desproporcionada, arrestos y detenciones arbitrarias, juicios injustos, ejecuciones extrajudiciales y acoso a familiares de víctimas, lo que continúa hasta hoy".

Sara Hossain, presidenta de la misión de investigación que la ONU articuló para aclarar el caso Amini, denuncia que "Irán no ha garantizado la verdad, la justicia y la reparación a su familia, ni a las familias de otras víctimas, mujeres, niñas y todos los manifestantes que han sido objeto de violaciones de derechos fundamentales". En cambio, lo que hace es "redoblar la represión y las represalias contra sus ciudadanos y tratando de introducir leyes nuevas y más draconianas que restringen aún más severamente los derechos de las mujeres y las niñas". Por si no fuera suficiente lo que ya aguantan bajo el yugo de los ayatolás. 

Teherán ha ordenado identificar a todas las mujeres que vayan sin pelo. Las que conducen, son detenidas y su coche, confiscado. Las que van andando son vigiladas por patrullas de mujeres veladas y policías que les dan un aviso y se prometió un sistema de vigilancia con videocámaras y herramientas inteligentes para peinar todos los espacios públicos de mujeres díscolas, pero la falta de tecnología apropiada ha retrasado el plan. Pese a ello, los religiosos no han logrado reimponer el velo, porque el paso de rabia del crimen de Amini parece no tener marcha atrás y el pelo al aire es un símbolo irrenunciable de libertad. 

Lo que sí sigue su camino en el Parlamento es el Proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab, cuyo nombre ya apunta maneras. Si se aprobara, sometería a mujeres y niñas "a mayores riesgos de violencia, acoso y detención arbitraria", denuncia la ONU. A saber: propone mayores multas y penas de prisión para las que infrinjan las disposiciones obligatorias sobre el uso del velo, plantea castigos más severos como las prohibiciones de viajar, la confiscación de vehículos, la denegación del derecho a la educación y de servicios públicos -incluidos los sanitarios-, el cierre de cuentas bancarias y  hasta sanciones contra las empresas en las que trabajen estas pecadoras. Ya se están imponiendo castigos tan creativos como obligar a mujeres no veladas a limpiar cadáveres en una morgue. Son las "anómalas", las "enfermas", los "virus", como las llama el régimen.

Naciones Unidas constata que, si no hay avances por este flanco, tampoco en el más sencillo de la investigación sobre la muerte de la propia joven. Las autoridades, cuando el organismo internacional les pide cuentas, insiste en que sus expertos han descubierto que su deceso no fue causado "por una lesión en la cabeza o el cuerpo", sino por una enfermedad preexistente. Sin embargo, la misión entiende que estas supuestas indagaciones están "muy por debajo de las normas y estándares internacionales de derechos humanos, incluidos los requisitos de independencia y transparencia". No se la cree y pide nuevos datos, que no llegan. 

No sólo eso, sino que se han conocido luego más casos de iraníes muertos en dependencias policiales, como el de Javad Rouhi, un joven manifestante que, según informes manejados por la ONU, "fue sometido a tortura y permaneció detenido incluso después de que se anulara su pena de muerte". "Existe una presunción general de responsabilidad del Estado cuando una persona muere bajo custodia", recuerda a Raisi, que hace como el que oye llover. 

La familia de Amini no sólo no tiene respuestas sino que tiene que aguantar la persecución sin freno. No sólo es que la tumba de la joven haya sido asaltada l menos dos veces, sino que los ayatolás van a por más miembros de la familia, esos empecinados en saber. "En un hecho profundamente inquietante", en palabras de Naciones Unidas, hay informes de que las autoridades habrían intimidado y acosado a la familia de Mahsa, incluido Ahmjad Amini, su padre, para evitar que la familia llorara su muerte. Más aún: su tío, Safa Aeli, fue detenido el 5 de septiembre de 2023 por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Saqqez y se desconoce por ahora tanto su suerte como su paradero. NO se respeta ni el "derecho a llorar" a un ser querido. 

El abogado de la familia, Saleh Nikbakht, ha sido citado para ser interrogado y está siendo juzgado actualmente por "actividades de propaganda". Dos periodistas que cubrieron su caso, Niloofar Hamedi y Elahe Mohammedi, permanecen detenidas y están siendo juzgadas por cargos de colaboración con un gobierno hostil, reunión y connivencia con la intención de cometer crímenes contra la seguridad nacional y actividad de propaganda contra la sistema. Otra periodista, Nazila Maroofian, ha sido condenada por "propaganda contra el sistema" y "difundir mentiras para perturbar la opinión pública” y ahora se enfrenta a cargos de “promover el vicio". 

Hay un Comité Especial del Gobierno, establecido el 7 de mayo de 2023, creado al parecer para investigar las protestas y examinar estas acusaciones de acoso e intimidación y violaciones de los derechos humanos de manifestantes, pero no hay conclusiones de su trabajo y se teme que acaben de ser tan opacas como las de la autopsia de Amini. Hasta ahora, el régimen no ha respondido a las repetidas solicitudes de información de la misión de la ONU y sólo queda esperar a que presente su informe definitivo con lo que tiene, con lo que haya podido reunir, en marzo del año que viene.

Mahsa está enterrada, pero su pelea no. La contagió antes de que la mataran y viva sigue, un año después. Silencio quiere el régimen, pero no tiene, aunque se haya perdido fuelle en las calles, aunque los paros y las protestas no sean masivas. Están las conciencias, están las convicciones, y esas se mantienen firmes contra los derechos pisoteados. La llama pendió y no se ha apagado.