La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha sido encontrada culpable de desviar fondos europeos a su partido, alimentando la maquinaria propia con dinero finalista, que debía usarse para el pago de sus actividades en las sedes del Parlamento Europeo de Bruselas y Estrasburgo. Tanto ella como otros ocho eurodiputados de su fuerza, la Agrupación Nacional -en francés: Rassemblement National, RN-, y 12 asesores han sido condenados este lunes por malversación por el Tribunal Correccional de París.

Pero lo más grave para Le Pen del fallo que se ha leído durante tres horas en un tribunal galo, lo que genera un terremoto formidable en Francia, es que la hija de Jean-Marie ha sido inhabilitada para cargo público durante cinco años. Eso quiere decir que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del país, previstas para el año 2027. 

Presidenta de la República es el mayor cargo público de la nación y ahora ella no puede ser ni concejala. Tanto se ha enfadado que ha empezado a gritar: "¡Increíble, increíble!", y se ha marchado de la sala antes de que acabe la lectura de la sentencia. Al parecer, se ha ido a la sede de su partido, donde ha terminado de conocer los detalles del fallo: cuatro años de prisión, dos de ellos firmes que puede cumplir con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa, además de la citada inhabilitación, con aplicación inmediata ponga o no ponga recurso. 

Minutos más tarde llegó a esa sede su número dos, Jordan Bardella, que anuló su desplazamiento a Estrasburgo para el pleno del Parlamento Europeo, y también sin hacer declaraciones. Bardella, en este escenario de crisis, se posiciona como un posible sucesor de Le Pen en la candidatura al Palacio de El Elíseo.

Meter la mano en la saca acaba de costarle a la extremista de derechas lo que más quería y cuando más cerca lo tenía, porque es la favorita en las encuestas para batir a quien se presente a las presidenciales: el actual mandatario, Emmanuel Macron, ha llegado al máximo de dos mandatos y sus liberales deberán buscar a otro candidato, aunque han perdido muchísimos enteros en esta última legislatura, especialmente. Ahora tendrán, al menos, una competencia más suave. RN tiene, por su lado, que dar con alguien que tapone la vía generada por la sentencia y le dé garantías de victoria. Difícil. 

Finalista de las dos últimas batallas para el Elíseo, Le Pen lidera el partido más votado en las dos últimas elecciones (europeas y primera vuelta de las legislativas, en junio y julio del año pasado), lo que le colocaba en una buena posición para convertirse en la sustituta de Macron en unos dos años. Ya no. Las miradas se vuelven ahora hacia el delfín de Le Pen, Bardella, de 29 años, un valor electoral menos sólido, en crecimiento, aunque potente.

Su suerte estaba ahora en manos del tribunal de París que durante tres meses la ha juzgado por desvío de fondos del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016, una acusación que llevó a la Fiscalía a pedir contra ella cinco años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, dos efectivos pero no entre rejas y 300.000 euros de multa. Salvo el dinero, que se ha quedado en 100.000 euros, lo demás se le ha concedido al fiscal prácticamente al 100%.

Pero, sobre todo, al término de un duro alegato que pedía una pena ejemplar, el Ministerio Público pidió la condena a cinco años de inhabilitación para cargo público con aplicación inmediata, incluso en el previsible caso de una apelación. Esa es la clave del caso, porque el dinero se paga, la pulsera -con vergüenza-, se porta, pero las elecciones pasan y pueden ser el último tren de Le Pen, de 56 años. 

La condena a una inhabilitación inmediata era un escenario que los ultras trataban de evitar, adelantando que, si eso se daba, estaríamos ante una sentencia con más tintes políticos que jurídicos, imposible de encajar y asumir. Hay que ver ahora si se hacen los mártires del sistema -tienen costumbre, por ejemplo, cuando otras fuerzas se unen y aplican cordones sanitarios para que no toquen poder- y encuentran rédito en ello. El sustituto, si se llega a eso, no tendrá ni por asomo el tirón de Le Pen y puede complicar su pretendida llegada a El Elíseo, favoreciendo otras mayorías en un atomizadísimo escenario. 

Cobrar, no ir, engordar al partido

En este tiempo se ha presentado una multitud de pruebas en el juicio, en el que desfilaron asistentes parlamentarios pagados por la Eurocámara pero que apenas pisaban sus instalaciones de Bruselas o Estrasburgo, mientras que eran asiduos de los locales del partido en una localidad de la región de París. Le Pen, en este tiempo, no ha negado a las claras lo denunciado y, sobre todo, ha tratado de insistir en que es algo que hace todo el mundo. Es curioso porque una de las críticas constantes de su formación es contra los que llama "burócratas" de Bruselas, cuando justo ellos, según esta sentencia, iban a las instituciones europeas a buscar un beneficio doméstico. 

Según informa EFE, presente en la lectura de los primeros detalles del fallo, la presidenta del tribunal considera probado el desvío de fondos entre 2004 y 2016 y calificó de "ficticios" los contratos de 12 de los asistentes parlamentarios de los diputados europeos del partido en las tres últimas legislaturas. Señaló que, aunque estaban a sueldo de la Eurocámara, en realidad trabajaban para el partido. Básicamente, se estaba dañando a la democracia europea con sus acciones. 

En total, la presidenta cifró en 2,9 millones de euros el dinero desviado, de los que 474.000 euros son imputables directamente a Le Pen, que hizo pasar como asistentes parlamentarios a su guardaespaldas, Thierry Légier, y a su secretaria personal, Catherine Griset. La sentencia considera que el sistema puesto en marcha por el partido "no condujo a un enriquecimiento personal" de los eurodiputados, pero sí a "un confort de vida de los dirigentes del partido y un enriquecimiento del mismo".

La sentencia considera, dice EFE, que Le Pen heredó en 2009 el "papel central" de su padre como instigador del sistema de financiación del partido con el dinero de los asistentes parlamentarios de la Eurocámara y lo ejerció "autoridad y determinación", por lo que le impuso la mayor condena.

La presidenta del tribunal justifica la inhabilitación inmediata por "la gravedad de los hechos", por la necesidad de probidad de la vida pública y porque el sistema de financiación ilícita del partido atentó contra la neutralidad democrática, al permitirle concurrir en condiciones ventajosas a las elecciones.

Le Pen apenas ha hablado de la posible sentencia en días previos, pero el pasado sábado se mostró confiada en que los jueces no van a acabar con su carrera política. "No creo que lleguen tan lejos", dijo en declaraciones al semanario La Tribune du Dimanche. Esta mañana, en cambio, al entrar en los juzgados de París su rostro era tremendamente serio. Al fin, no hay buenas noticias para la lideresa de los ultras, pionera de la derecha extrema que hoy crece en Europa. 

Los otros ocho antiguos eurodiputados de su partido recibieron también a distintas penas de prisión, multas y de inhabilitación. Una de las figuras más destacadas del partido, Louis Aliot, alcalde de la ciudad de Perpiñán, la de mayor tamaño gobernada por la extrema derecha, ha sido condenado a tres años de inhabilitación pero sin aplicación inmediata, debido a su condición de electo a nivel local. También su caso ha impactado notablemente en el país vecino. 

"La democracia francesa está siendo ejecutada"

El presidente de la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y mano derecha de Marine Le Pen, Bardella, ha sido la voz de los ultras galos para valorar la sentencia. Sostiene que la condena no es solamente para ella y sus correligionarios, sino también la ejecución de la democracia.

"Hoy, no es sólo Marine Le Pen la que está siendo injustamente condenada: es la democracia francesa la que está siendo ejecutada", afirmó en la red social X.

No fue el único en reaccionar a esta decisión en Francia. "El destino democrático de nuestra nación confiscado por una escandalosa cábala judicial. La candidata favorita para las elecciones presidenciales impedida de presentarse", lamentó en la misma red social el conservador Éric Ciotti, aliado de RN en la Asamblea Nacional francesa. Un señor de la antigua derecha clásica que ha dado el volantazo a la ultraderecha. 

Desde la izquierda, La Francia Insumisa (LFI, el partido fundado por Jean-Luc Mélenchon) recalcó que los hechos juzgados son "particularmente graves" (el desvío de fondos al usar recursos del Parlamento Europeo para fines del partido) y que van en contra del eslogan "cabeza alta, manos limpias" esgrimido por la extrema derecha en su ascenso de popularidad.

Pero LFI subrayó igualmente estar en contra, "por principio", de que contra cualquier decisión, por justa que sea, sea "imposible" de recurrir en la práctica, al entrar en vigor de manera inmediata.

"El medio de acción de La Francia Insumisa nunca ha sido recurrir a un tribunal para deshacerse de la Agrupación Nacional. Lo combatimos en las urnas y en la calle, mediante la movilización popular de los franceses, como pudimos hacer durante las elecciones legislativas de 2024", indicó el partido izquierdista, que también tiene investigaciones judiciales abiertas en contra.

La primera reacción: el lamento de Rusia

Ha sido sintomático que la primera reacción al fallo sobre Le Pen haya venido de Rusia, un régimen con el que la ultra se ha mostrado cercana históricamente, defensora como es, por ejemplo, de la defensa del modelo de familia cristiana que tiene Vladimir Putin. 

El Kremlin afirmó hoy que cada vez más capitales europeas violan las normas democráticas, en alusión al caso de la líder de la derecha francesa, Marine Le Pen, inhabilitada por la Justicia de su país para ocupar cargos públicos. "Cada vez son más las capitales europeas que siguen el camino de pisotear las normas democráticas", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al responder una pregunta sobre el caso.

Recalcó que "por supuesto" Rusia no quiere interferir, y "nunca" lo ha hecho, en los asuntos internos de Francia. "Sin embargo, en general lo que vemos en las capitales europeas muestra que estas no son en absoluto reacias a rebasar los límites de la democracia durante el proceso político", añadió el portavoz del Kremlin.

Le Pen recela de la OTAN y de la Casa Blanca, pero para desmarcarse del pasado proPutin de la Agrupación Nacional -que ha recibido suculentos créditos de bancos rusos y ha defendido al presidente ruso como un líder indiscutible en el pasado- aplaudió el año pasado un discurso del ucraniano Volodimir Zelenski en el Europarlamento, ante la sorpresa de sus correligionarios. Un giro similar, al menos en gesto, al de la italiana Giorgia Meloni. Eso sí, siempre dejado claro en campaña que tropas francesas a Ucrania no van a ir. Si ella fuera presidenta, claro. Parece estar más lejos de serlo. 

El lamento de Vox y sus aliados radicales

Por su parte, el partido ultraderechista español Vox, que es socio comunitario de Le Pen y forma parte de su mismo grupo en el Parlamento Europeo, el de Patriotas por Europa, ha reaccionado con indignación. Su líder, Santiago Abascal, ha escrito un mensaje en la red social X en el que dice: "No conseguirán callar la voz del pueblo francés".

Su escueta frase va acompañada de una foto de Le Pen con aire presidencial.

Además, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha plasmado su apoyo a Le Pen con un simbólico mensaje en redes sociales: "Je suis Marine" (Yo soy Marine). Tanto el Fidesz de Orbán como la Agrupación Nacional de Le Pen forman parte, igualmente, del grupo Patriots. Más aún: el banco húngaro MKB Bank, una entidad financiera cercana al Gobierno de Orbán, apoyó en 2022 al partido de Le Pen con un préstamo de 10,7 millones de euros. 

En el mismo grupo de Bruselas y Estrasburgo se integra, también, la Liga italiana de Matteo Salvini, que ha lamentado que en Francia quieran "excluir" a su aliada de la vida política: "Aquellos que tienen miedo al juicio de los votantes a menudo encuentran tranquilidad en el juicio de los tribunales".

Salvini, que ha entroncado esta sentencia con la inhabilitación al candidato prorruso rumano Calin Georgescu, considera que se trata de "una declaración de guerra de parte de Bruselas" en un momento en el que "los impulsos bélicos de Von der Leyen y Macron asustan". "No nos dejaremos intimidar", ha proclamado el ministro italiano.