La secretaria del ayuntamiento se da un capricho de 140.000 euros en champán, muebles, PCs y lo carga al municipio
La justicia la condena a prisión y le prohíbe gestionar fondos tras descubrirse años de despilfarro en su cargo público.
El Tribunal Correccional de Albi, en el Tarn (Francia), ha condenado a 18 meses de prisión, nueve de ellos con suspensión de pena, a una exsecretaria de un pequeño ayuntamiento acusada de malversar 140.000 euros. Durante su juicio, celebrado el 21 de noviembre, se detallaron los lujos que la acusada se permitió a costa del municipio: botellas de champán, ordenadores, electrodomésticos e incluso los repostajes de su coche personal.
La trama se descubrió gracias a un descuido. En 2023, el alcalde de Mirandol, un tranquilo municipio de la región de Occitania, recibió por error el aviso de uno de los proveedores a los que había acudido la acusada. Al investigar, descubrió que las facturas cargadas a las arcas públicas no tenían ninguna relación con las necesidades municipales, lo que levantó todas las alarmas.
Aunque ya en 2017 habían surgido ciertas sospechas, estas no llegaron a materializarse hasta que se completó una investigación que reveló que su secretaria, quien llevaba en el cargo desde 2015, era la responsable de las compras. La confianza que inspiraba, madre de tres hijos y oriunda de Normandía, evitó que los rumores pasaran a mayores. Pero el correo enviado por el proveedor en 2023 resultó ser la clave que acabó a años de abuso.
Según las investigaciones, la acusada utilizó el dinero público para recibir bienes en su domicilio y también en su lugar de trabajo. Entre sus compras, según France Live, figuran muebles, aparatos electrónicos y electrodomésticos de alta gama. Además, destinó parte de los fondos municipales a llenar el depósito de su coche. El regidor de Mirandol, aún sorprendido por el alcance de la malversación, no ocultó su desilusión tras la celebración del juicio: "Confiábamos en ella. Nunca pensamos que pudiera hacer algo así", comentó.
La sentencia establece que la exsecretaria cumplirá su pena de prisión bajo vigilancia electrónica. Además, se le ha prohibido trabajar los próximos diez años en cualquier puesto que implique la gestión de fondos o contabilidad. También tendrá que indemnizar al municipio afectado. A raíz de este caso, la acusada perdió su categoría de funcionaria pública territorial y fue despedida de los otros dos municipios para los que trabajaba.