La Justicia italiana torpedea la estrategia migratoria de Meloni en Albania y acude a la UE
Se ha decretado la inmediata suspensión de la retención de siete inmigrantes encerrados hasta ahora en uno de los centros, que serán devueltos a Italia.
La Justicia italiana torpedeó en la tarde del lunes, por segunda vez, la estrategia del Gobierno de Giorgia Meloni de repatriar a determinados inmigrantes desde los centros de retención en Albania y suspendió el encierro de un grupo de siete egipcios y bangladesíes a la espera de que se pronuncie el tribunal europeo.
El Tribunal de Roma ha remitido por vía de urgencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el caso de los controvertidos centros construidos en Albania por Meloni y decretado la inmediata suspensión de la retención de siete inmigrantes encerrados hasta ahora en uno de ellos, en Gjiader, y que serán devueltos a Italia.
El vicepresidente del Ejecutivo y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, fue el primero en reaccionar al fallo: "Otra sentencia política no contra el Gobierno, sino contra los italianos y su seguridad", aseveró. Y agregó, en tono amenazante: "El Gobierno y el Parlamento tienen el derecho de reaccionar para proteger a los ciudadanos, y lo harán", dijo en un comunicado Salvini, que el próximo 20 de diciembre conocerá su sentencia por haber bloqueado el barco de la ONG española Open Arms.
Segundo varapalo
Esta es la segunda vez que la Justicia italiana frena la conocida como "Operación Albania", con la que Meloni pretende gestionar desde ese país balcánico la eventual repatriación de determinados inmigrantes rescatados en aguas del Mediterráneo central.
En concreto, un primer centro se halla en el puerto de Shengjin para someter a los inmigrantes a un proceso agilizado que determine si tienen derecho al asilo, mientras que en el otro está en Gjiader, dedicado a acoger a los rechazados para su eventual repatriación.
La idea es destinar a determinados inmigrantes rescatados en las pateras -adultos varones y sanos llegados de países "seguros"- a estos centros abiertos en Albania, al otro lado del mar Adriático, con el beneplácito del Gobierno local, del socialista Edi Rama.
Las instalaciones fueron estrenadas el pasado 14 de octubre con la llegada de un primer grupo de 16 inmigrantes bangladesíes y egipcios interceptados en el Mediterráneo, aunque los planes de Meloni se vieron enseguida aguados.
Cuatro de ellos enseguida tuvieron que ser devueltos a Italia -tras una travesía de dos días hasta Albania- por ser menores de edad o "vulnerables" y, dos días después, el resto corrió la misma suerte gracias a la sentencia del Tribunal romano.
La primacía del derecho comunitario
Los jueces, amparándose en una reciente sentencia de TJUE, apuntaban entonces que para que un país pueda ser "seguro" debe serlo en todo su territorio y, por esa razón, ni Egipto ni Bangladés lo son, lo que impedía una eventual repatriación de aquel grupo.
El Gobierno de la ultraderechista Meloni reaccionó blindando por decreto la lista de países seguros, manteniendo tanto a Egipto como a Bangladés, en un intento de facilitar la expulsión de los muchos inmigrantes de esos países que llegan a través del Mediterráneo.
Ahora, en la sentencia de hoy, los jueces de Roma no impiden la retención abiertamente -como hicieron en el anterior fallo- sino que dejan el proceso en "suspenso" y se dirigen a Europa.
Esta estrategia, apuntan, ha sido elegida como "un instrumento más idóneo para aclarar varios puntos de dudosa compatibilidad" de dicho decreto con la primacía jurídica europea.
Pero también porque "los criterios para designar un país seguro están establecidos por el derecho de la Unión Europea".
Una operación controvertida
La estrategia de Meloni en un primer momento suscitó un enorme interés en los países europeos pero también ha sido muy criticada, sobre todo por su difícil factibilidad y su enorme coste.
Todos los inmigrantes que han pasado hasta ahora por Albania, solo 24 divididos en dos operaciones distintas, fueron rescatados cerca de la isla de Lampedusa y tuvieron que viajar durante más de dos días hasta ese país a bordo de un buque de la Marina.
Pero también ha supuesto un sonoro encontronazo entre el Ejecutivo y el poder Judicial, ya que representantes del Gobierno, sobre todo el propio Salvini, han acusado a los jueces de hacer política para impedir las retenciones en los centros albaneses.
La jueza de la sección sobre inmigración el Tribunal de Roma Silvia Albano ha denunciado "intimidaciones y presiones".
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, instó este fin de semana a la magistratura a "aplicar las leyes" sin entrar en su "factor político" y animó a sus socios políticos a "bajar el tono y evitar la crítica de las sentencias".
Otra polémica ha sido suscitada por el encuentro mantenido la pasada semana por Meloni y el vicepresidente del Consejo Superior de la Magistratura, Fabio Pinelli, que ha sido denunciado como una injerencia.