Francia aprueba activar la cámara y micro de los teléfonos móviles de manera remota
En pleno estallido social de rabia en buena parte del país.
Francia vive tiempos complicados. La muerte del joven Nahel abatido por un policía tras huir de un control ha desatado una oleada de rabia y disturbios en el país. Protestas que se suman a anteriores frentes contra el Gobierno de Macron, como la reforma de la jubilicación, que alarga los plazos hasta los 64 años.
Ante este panorama, el ejecutivo galo ha aprobado un proyecto de ley que permitirá a la policía, acceder a distancia a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de las personas que están bajo investigación de delitos castigados con al menos cinco años de cárcel.
Se trata de una medida temporal, pensada para el ciclo 2023-2027 que forma parte de un artículo que contiene varias otras disposiciones. Todas han sido aprobadas por mayoría en la Asamblea Nacional en el marco de un proyecto de ley más amplio para reformar la justicia.
De esta manera, esta Ley de Justicia se suma a una serie de medidas que viene implementando el Gobierno francés para ampliar la autoridad policial a través de la tecnología. El apoyo ha sido muy amplio, con 80 votos a favor frente a 24 en contra en el caso de este polémico artículo
Frente al respaldo mayoritario se han manifestado el izquierdista Jean-Luc Melénchon y la ultraderechista Marine Le Pen. Sin embargo, varios senadores del partido de Le Pen, si bien varios senadores, también de Le Pen anunciaron que acabarían apoyando esta cuestión.
Según recoge Infobae, citando a expertos en materia de seguridad en tecnologías, para que los agentes puedan servirse de la cámara y el micrófono del móvil del vigilado, antes este tiene que instalar una aplicación y darle permisos a dicha app para acceder a ambos elementos. Si no, no hay otra forma.
Sobre la norma aún quedan muchas dudas y también un plazo legal amplio. Nada menos que 156 días hasta que se promulgue. Cinco meses en los que la oposición aún puede recurrir al Consejo Constitucional francés.