La Eurocámara aprueba la adhesión al mayor convenio contra violencia machista, que data de 2011
Los debates se han ido estancando en las instituciones europeas, retrasando el texto pactado en Estambul. Ahora tampoco ha habido unanimidad: la ultraderecha dijo no.
El Parlamento Europeo dio este miércoles luz verde a la adhesión de la Unión Europea (UE) al Convenio de Estambul, un instrumento jurídico internacional a partir del cual el club comunitario tendrá normas vinculantes específicas para prevenir y combatir la violencia de género.
Se produce ocho años después de que la Comisión Europea propusiera la adhesión de la UE como bloque al Convenio y tras sucesivos llamamientos de la Eurocámara que, sin embargo, chocaban con la oposición de seis Estados miembros que no han ratificado a título individual este tratado: Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia.
Además, en julio de 2020 Polonia anunció su intención de abandonarlo, aunque todavía no ha dado el paso.
Tras el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que determinó en octubre de 2022 que el Convenio puede adoptarse sin necesidad de unanimidad en el Consejo –y, por tanto, pese al rechazo de los países no adheridos–, la presidencia sueca de la UE lo convirtió en una de sus prioridades.
Hoy, por amplia mayoría –y solo con el rechazo de miembros de la ultraderecha–, los eurodiputados han dado luz verde a la adhesión comunitaria al tratado, lo que implica que ciertas secciones, incluidas las relativas a la protección de los refugiados y la cooperación judicial en asuntos penales, se aplicarán automáticamente a todos los Estados miembros.
Las consecuencias para los Veintisiete
Una vez que el Consejo ratifique definitivamente el Convenio, los países de la UE que todavía no se han adherido tendrán la obligación de modificar su cuerpo jurídico para adaptarlo a este tratado "independientemente de la voluntad de los gobiernos", explicó a EFE la eurodiputada española de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop.
Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez subrayó a EFE que la adhesión del bloque comunitario a este tratado manda un "mensaje político clarísimo".
Y es que no solo implica tipificar como delito diferentes formas de violencia contra la mujer, sino también la prevención y atención a las víctimas de violencia de estos delitos, y la cooperación judicial y policial entre Estados miembros.
También incluye obligaciones para sensibilizar y recopilar datos, lo que, a juicio de Rodríguez Palop, dará un "diagnóstico más fidedigno" de la violencia de género en la UE.
La adhesión reforzará el marco jurídico de la Unión, explicó la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, en el debate parlamentario, donde abogó por combatir la violencia de género sobre "una base común" para garantizar que todas las mujeres en Europa reciben "los mismos derechos, apoyo y protección".
En este sentido, la eurodiputada del PPE y ponente del informe, Arba Kokalari, consideró que con esta "decisión histórica" la UE deja claro "que tiene tolerancia cero con la violencia contra las mujeres" en un contexto en el que su derechos "están restringidos" en todo el mundo y la opresión y la violencia han aumentado, dijo.
Un paso más
Ahora, la Eurocámara trabaja en la directiva propuesta por Bruselas para tipificar como delito la violación sobre la base de la falta de consentimiento, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia.
Dalli aseguró que esta directiva persigue los mismos objetivos que el Convenio de Estambul en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, pero Soraya Rodríguez consideró que la directiva va a ser "muy débil" porque no hay base jurídica que permita tipificar diversos delitos contra las mujeres y niñas.
No obstante, las eurodiputadas españolas prevén que la directiva podrá aprobarse a final de año en el Consejo, durante el semestre de la presidencia española de la UE.