Este es el país europeo que deja un buen marrón al propietario de un inmueble okupado tras el desalojo
Lo peor viene después del desalojo.
El problema de la okupación se ha convertido en uno de los temas más controvertidos en el ámbito social y político de España. Este asunto ha generado un intenso debate sobre los derechos de los propietarios y la protección de las personas en situaciones vulnerables.
El crecimiento del número de okupaciones y la lentitud en los procesos de desalojo han suscitado fuertes críticas, poniendo en duda si las leyes actuales son suficientes para abordar esta problemática de manera justa y eficiente.
En España el desalojo puede tardar meses o incluso años, afectando tanto a viviendas particulares como a inmuebles vacíos. Sin embargo, la okupación no solo ocurre aquí, ya que también afecta a otros países y cada uno la gestiona con diferentes normativas.
Sanciones para ambos
En Alemania, el proceso de desalojo es mucho más ágil que en España. Después de que el propietario denuncie el suceso a la Policía, el desalojo se puede ejecutar en tan solo 24 horas. Además, los okupas se enfrentan a sanciones mucho más severas, como penas de cárcel de hasta un año, que pueden extenderse a dos años si se emplea violencia o el delito se comete en grupo.
Por otro lado, el propietario tiene la obligación de restaurar el inmueble si tras el desalojo este se encuentra en mal estado. Aunque un inmueble haya sido okupado ilegalmente, el propietario sigue siendo el responsable y por tanto tiene la obligación legal de mantener sus inmuebles en buen estado y de cumplir con las normativas de habitabilidad y seguridad.
Otros países, otras normas
En Francia, la ley también permite actuar con rapidez. Si la okupación se detecta dentro de las primeras 48 horas, la Policía está autorizada a desalojar sin necesidad de intervención judicial. Si el propietario denuncia después de este periodo, se requiere la autorización de un juez, pero el proceso sigue siendo rápido. Las sanciones para los okupas en Francia pueden llegar hasta tres años de prisión y multas de 45.000 euros.
En el Reino Unido, la legislación permite a la Policía actuar sin necesidad de una orden judicial si sospechan de una okupación ilegal. Los propietarios pueden optar por rellenar un formulario de "orden de posesión interna", que obliga a los okupas a abandonar la propiedad en 24 horas, o enfrentar penas de hasta 51 semanas de cárcel y multas de 5.700 euros.
En Italia, el proceso incluye una denuncia ante la Policía, seguida de un juicio rápido. Además, las okupaciones se castigan con penas de hasta dos años de prisión y multas que van desde 103 hasta 1.032 euros, dependiendo de si se ha utilizado violencia durante la okupación.