La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra

Se busca. La Corte Penal Internacional (CPI) ha lanzado una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por considerarle responsable de crímenes de guerra en Ucrania.

En una nota publicada este viernes a primera hora de la tarde, el organismo considera que Putin es "presuntamente responsable" de los crímenes de "deportación ilegal de población" y de "traslado ilegal de población" en relación a los niños ucranianos sacados a la fuerza de las zonas ocupadas por Rusia.

La orden de arresto también se dirige contra Maria Lvova-Belova, la Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. 

En ambos casos, la CPI considera que "hay motivos razonables" para creer que tanto Putin como Lvova-Belova tienen responsabilidad "por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros" y "por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".

Un paso reclamado por Ucrania y organizaciones humanitarias

El traslado forzoso de población, especialmente niños desde las zonas ucranianas actualmente bajo control de Moscú es una de las denuncias que Kiev viene haciendo desde el comienzo de la invasión. Según la inteligencia nacional al menos 16.000 niños habrían sido llevados a la fuerza a frontera rusa. Otro informe de la Universidad de Yale (EEUU) reducía algo la cifra y cifraba en alrededor de 6.000 los menores captados en 40 internados rusos.

Esta misma semana, la oenegé Human Rights Watch ha documentado el traslado forzoso de niños de instituciones residenciales ucranianas a Rusia o territorio ocupado por Rusia, algo que señala en el mismo término que la CPI, "un crimen de guerra". 

La misma ONG detalla que, de acuerdo con los testimonios de autoridades rusas, activistas, abogados ucranianos y diversos informes internacionales, "al menos varios miles de niños" han sido trasladados a la fuerza a otros territorios ocupados o directamente a Rusia.

Una orden simbólica... y prácticamente imposible de ejecutar

La noticia ha recorrido el mundo en apenas minutos. 386 días después de dar la orden de invadir Ucrania bajo el eufemismo de la cacareada "operación militar especial", Putin ha recibido los primeros cargos internacionales en su contra. 

La Corte Penal Internacional defiende su trabajo tras meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del organismo, Karim Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas, como detalla Europa Press.

No obstante es prácticamente imposible que este mandato pase de una cuestión simbólica, ya que la CPI no puede atender casos in abstencia, sin la comparecencia del acusado. Y, evidentemente, Rusia no va a contribuir a la causa contra Putin, menos aún en un organismo del que el Kremlin se desentendió hace años. 

La Corte está reconocida en 123 estados, por lo que solamente podría hacerse efectiva esa orden de arresto si Putin pisara alguno de esos territorios... que no son precisamente sus habituales campos de movimiento internacional.

Ante la extrema dificultad de que la orden surta efecto, pues, lo que sí podría ocurrir, añade Europa Press, es que la Corte dé un paso más allá en sus acusaciones contra el líder postsoviético. Sus competencias le autorizan a imputar a los jefes de estado cargos de crímenes de guerra, como el actual, o grados mayores como crímenes contra la humanidad o genocidio.

Rusia no reconoce una decisión "nula jurídicamente"

Nadie esperaba la más mínima asunción de responsabilidades por parte de Rusia y así ha ocurrido. En la primera reacción oficial del Kremlin, la portavoz de Exteriores, Maria Zakharova, ha rechazado la orden de arresto carece al recordar que "Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene obligaciones en virtud del mismo". 

Por ello, ha añadido, el país "no coopera con este organismo y las posibles "recetas" para el arresto provenientes de la Corte Internacional serán legalmente nulas y sin efecto para nosotros".

Ucrania, por contra, celebra una "decisión histórica"; como la ha calificado el fiscal general, Andriy Kostin. A esas palabras se ha sumado el titular de Exteriores, Dimitro Kuleba, para quien "la Justicia está en marcha". "Los delincuentes internacionales serán responsables de robar niños y otros delitos internacionales", ha añadido en una primera reacción en su Twitter.

Este es el comunicado de la Corte Penal Internacional

Hoy, 17 de marzo de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional ("CPI" o "la Corte") emitió órdenes de arresto para dos personas en el contexto de la situación en Ucrania: el Sr. Vladimir Vladimirovich Putin y la Sra. Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, Presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia Federación (en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma). Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022.

Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos.

La Sra. Maria Alekseyevna Lvova-Belova, nacida el 25 de octubre de 1984, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma). 

Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que la Sra. Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma).

La Sala de Cuestiones Preliminares II consideró, sobre la base de las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos.

La Sala consideró que las órdenes son secretas para proteger a víctimas y testigos y también para salvaguardar la investigación. No obstante, consciente de que la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa, y que el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos, la Sala consideró que es de interés de la justicia autorizar a la Secretaría hacer pública la existencia de las órdenes de arresto, el nombre de los sospechosos, los delitos por los cuales se emiten las órdenes de arresto y las modalidades de responsabilidad que establezca la Sala.

Las órdenes de detención antes mencionadas se emitieron de conformidad con las solicitudes presentadas por la Fiscalía el 22 de febrero de 2023.