Cinco años de la autoproclamación de Guaidó: así está la oposición venezolana

Hace esta semana cinco años, un joven casi desconocido llamado Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, aprovechando su presidencia crítica en la Asamblea y haciendo de la necesidad virtud ante la detención y el exilio de los principales opositores. De eso hay ya poco, con Guaidó exiliado en Miami. 

Desde entonces, la oposición venezolana ha pasado por una larga historia de altibajos, de uniones y discrepancias, pese a su objetivo común intacto: acabar con el régimen de Nicolás Maduro. De la ilusión inicial con Guaidó, aclamado en las calles y reconocido como autoridad legítima por buena parte de las potencias occidentales, se pasó al desánimo por ver que ni por esas, por esos apoyos, ese dinero, ese empuje popular, se acababa con el chavismo. 

Guaidó iba perdiendo apoyos y siendo cuestionado como líder, sobre todo porque parte de los opositores -una amalgama de partidos atomizados y de toda tendencia política- querían apostar por las elecciones y la negociación con el presidente como salida a la crisis institucional, económica y de derechos que sufre Venezuela. En primavera del pasado año, el "presidente encargado" acabó dejando su país y buscó refugio en Estados Unidos, dejando el camino expedito para un tiempo nuevo. Y en esas están. 

Desde el pasado octubre, la oposición tiene rostro de mujer, el de María Coria Machado, la candidata de Vente Venezuela, que superó las primarias de forma aplastante frente a 12 candidatos más. De corte liberal, esta ingeniera industrial de 56 años promete privatizaciones masivas y libertades para su país. Hace una década ya desafió a un intocable Hugo Chávez, es fuerte y tiene un discurso muy potente. Su problema: que su victoria no necesariamente se traduce en una candidatura ante el presidente Maduro, que buscará la reelección en las elecciones de este mismo año, porque sobre ella pesa una inhabilitación política por 15 años. 

Una vieja inhabilitación contra ella, vencida en 2016, fue extendida en junio hasta 2030. La Contraloría -facultada por ley para inhabilitar a funcionarios por vía administrativa- la vinculó con "una trama de corrupción" cuando era diputada, aunque ella la niega. Por eso hace como el que oye llover y sigue adelante, reclamando al Palacio de Miraflores que desvele ya la fecha de los comicios y permita a los opositores organizarse. Está avalada, por ejemplo, por líderes de siempre como Henrique Capriles, el último gran candidato unitario de la oposición en unas elecciones presidenciales. 

En las últimas horas, las cosas para su candidatura se han complicado notablemente, porque el Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado, el pasado viernes, la sanción que le impide competir en las elecciones hasta 2036. Lo mismo ha hecho con el excandidato Capriles. El Supremo, por contra, ha informado de la habilitación de cinco opositores que no gozan de popularidad en pleno año electoral: el exgobernador Pablo Pérez, los exalcaldes Daniel Ceballos y Rosa de Scarano, el exdiputado Richard Mardo y el periodista Leocenis García. No eran los primeros espadas. 

Un acuerdo esperanzador, en jaque

La renovación opositora llegó justo después de que el bloque crítico y los de Maduro firmasen un ilusionante acuerdo, en Barbados, por el que se desatascaba la convocatoria de elecciones. Gracias a ese pacto, serán en el presente año, aunque no hay fecha aún, como denuncian los opositores. La promesa es que serán en la segunda mitad del año y con observadores internacionales, incluso de la Unión Europea, para garantizar su transparencia.

Esta decisión se tomó de forma paralela al anuncio de Estados Unidos del levantamiento de sanciones al gas y al petróleo venezolanos en octubre de 2023.

Nicolás Maduro ganó en 2018 en unas elecciones en las que no participó la oposición por considerarlas fraudulentas, lo que llevó al no reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional. Las elecciones regionales de 2021 ya contaron con la participación de la oposición, pero las inhabilitaciones, la prohibición para votar en el extranjero, el acceso desigual a los medios y la escasa confianza de los votantes opositores en el sistema marcaron unos comicios en los que el oficialismo ganó. Y así, hasta ahora. 

Ya en ese acuerdo se incluyeron garantías para que las primarias opositoras fueran tranquilas, respetadas, y también se pactó que hasta las elecciones tiene que haber una clara protección de los derechos de los venezolanos y de sus intereses nacionales. "Queremos ganar y una transición pacífica y ordenada", defiende. Eso, dicen los de Machado, no se está dando, por más que se prometió un mecanismo de seguimiento y verificación del pacto.

En los últimos días han denunciado vandalismo contra las sedes de los partidos de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que es como se llama el grupo unido. También han desaparecido cuatro asesores, que se temen "secuestrados", no saben si detenidos o en manos de fuerzas no oficiales. Machado dice que "no sabe" cuántas más personas de su círculo están siendo interrogadas por el Gobierno, "criminales que no tienen palabra" y que han "incumplido" ya 15 procesos de negociación previos desde que el bolivarianismo manda en el país. 

En paralelo, se multiplican las protestas de los trabajadores públicos, n busca de mejoras en los salarios, en sus beneficios laborales y en las condiciones de sus puestos, calentando aún más los ánimos en el país. 

Maduro hace lo propio: ha convocado diversas manifestaciones masivas por el país, para luego aplaudir a los ciudadanos por demostrar "quién manda en Venezuela". Ha denunciado que en los últimos meses hasta 30 personas han sido detenidas por intentos de golpe de estado -cinco- o hasta de magnicidio contra su persona, en un intento de criminalizar a los opositores. 

Con estos mimbres, los opositores están denunciando un boicot a lo pactado, "persiguiendo a nuestra gente, vetando a los medios", sin poder ni alquilar hoteles para sus actos y sin poder ni volar por el país por aerolíneas regulares por "amenazas" a las empresas. Aún así, están logrando mantener una campaña muy activa en las calles, con multitud de participantes, que no se veían así de animados desde los primeros tiempos del exiliado Guaidó. Se está despertando cierto músculo democrático que es una amenaza real para Maduro, siempre y cuando se llegue a la cita electoral con garantías. "El cambio es posible y hay esperanza", insiste Machado. 

Con la llegada de la ratificación de las inhabilitaciones se cierran las puertas, formalmente, a los principales opositores, por lo que en estas horas el nerviosismo es mucho y las amenazas, cruzadas. Machado sostiene que mantendrá una lucha por unas "elecciones libres", pese a su situación procesal. "El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias", aseveró en la red social X. A su juicio, con esta decisión, el presidente Nicolás Maduro y "su sistema criminal" escogieron "unas elecciones fraudulentas", algo que -insistió- no va a permitir.

La delegación de la Plataforma Unitaria Democrática para el diálogo con el Gobierno ha demandado la conformación de una comisión de seguimiento y verificación que evalúe el estatus de los acuerdos firmados, visto lo visto. "En cada acuerdo hemos establecido una comisión y ha sido muy difícil, por no decir casi imposible, poder establecerlas. No se quiere control sobre la verificación y ejecución de cada una de las etapas de los acuerdos", aseveró el jefe de la delegación opositora en las negociaciones, Gerardo Blyde, en declaraciones a la prensa recogidas por EFE. Uruguay, Argentina o Ecuador han mostrado su preocupación por el estado del proceso de negociación venezolano, a la luz de estos últimos acontecimientos. 

El jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela en la negociación con la oposición, Jorge Rodríguez, aseguró, por contra, que se han cumplido los acuerdos suscritos sobre garantías electorales, pese a lo que los disidentes entienden que es un encarnizamiento judicial. "A pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la república, se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los acuerdos de Barbados", dijo el también presidente de la Asamblea Nacional (AN/Parlamento), igualmente en X. 

El parlamentario reiteró que en Venezuela habrá elecciones presidenciales este año, "llueva, truene o relampaguee", así como con acuerdos o sin ellos, en alusión a lo pactado en octubre pasado, cuando el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición antichavista, firmaron un documento que fija condiciones de cara a las presidenciales de este año.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, también ha reaccionado a este estallido, afirmando que el Gobierno de Washington se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela tras el golpe a los líderes críticos. La decisión del viernes del TSJ "es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024", dijo. "El proceso de reinstalación careció de elementos básicos, ya que Machado no recibió copia de los alegatos en su contra ni tuvo la oportunidad de responder a ellos", agregó Miller en un comunicado.

Mucho por delante en un año clave, cuando, de momento, el panorama interno se ha enrarecido todavía más con la intensificación del conflicto territorial con Guyana y la movilización del ejército. Todo puede afectar, todo puede tirar el castillo de naipes que la oposición se trabaja para que haya relevo en Miraflores.