Brexit, tres años después: la hora del arrepentimiento y de pagar las consecuencias

El 31 de enero de 2020 culminó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Luces rojas, blancas y azules por las calles, banderas patrias en incontables fiestas y un primer ministro eufórico daban la bienvenida al divorcio en las islas británicas. "Es el amanecer de una nueva era", afirmaba Boris Johnson, incapaz de bajar los brazos de pura felicidad. Han pasado tres años del Brexit y el balance no puede ser triunfalista, para nadie: Europa perdió a un miembro poderoso, con todo lo que ello conlleva, y Londres dio la espalda a un club que le daba una seguridad y estabilidad que los brexiters habían desdeñado. Ahora, las consecuencias se pagan. 

Reino Unido ha pasado de ser un país política y económicamente estable a una potencia en permanente crisis. Ha encadenado cinco primeros ministros en apenas seis años, en caída libre desde que David Cameron se marcó cuando el refrendo de 2016 salió favorable al leave, l irse de Europa. Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak. La máquina de picar que ha sido esta separación ha reventado al Partido Conservador que, aún hoy, gobierna con una mayoría absoluta lograra a lomos del caballo del hipernacionalismo y las mentiras del Brexit. Lo que empezó como un órdago para neutralizar a la competencia electoral por la derecha ha acabado siendo una aventura sin retorno que no le deja al país ni la calma del dinero. 

Porque no, esos 350 millones diarios que supuestamente se llevaban los Veintisiete y que se iban a invertir en el sistema público de salud no eran tales, pero las elecciones ya estaban ganadas. La inflación, la pérdida de poder adquisitivo, la falta de mano de obra o de bienes... Dicen los defensores de la salida que ha habido una pandemia por coronavirus, una crisis de contenedores, una guerra en Ucrania. Que todo eso es lo que tiene al país mal, no el Brexit. Y dicen los defensores de la Unión que esos tres elementos no son sino una cortina de humo que permite al Gobierno no dar cuentas del verdadero impacto de la marcha de los Veintiocho. 

Consecuencias "obviamente negativas"

La falta de mano de obra que han sufrido diversos países a raíz del coronavirus se ha visto exacerbada en Reino Unido por su separación de Europa. Las empresas británicas ya no pueden contratar a trabajadores de la UE para cubrir sus puestos poco cualificados, como hacían hasta ahora. Sectores como el transporte, la hostelería y hasta la sanidad se han visto especialmente golpeados y el Gobierno ha puesto en marcha planes para tratar de formar nuevos trabajadores autóctonos y atraerlos hacia las ocupaciones con mayor demanda, pero las fuerzas sindicales dicen que son insuficientes y que otra crisis similar es esperable. Ahí está la crisis de camioneros por la que pasó Johnson o el dato aportado por el diario Financial Times, que afirma que harían falta 300.000 empleados para cubrir las necesidades esenciales del país. Reino Unido ya no es un destino atractivo para un trabajador, porque ha perdido la movilidad. 

La agencia EFE ha acudido a tres analistas y su dictamen coincide: por supuesto que el Brexit ha hecho daño. Nicholas Wright, investigador visitante del Centro para el Reino Unido en Europa, de la Universidad de Surrey, sostiene que “en un momento en que el crecimiento económico es esencial para erradicar el coste de la crisis de la vida, las barreras que este país se ha erigido para comerciar con sus más cercanos y mayores mercados continúan dañando la economía”. El profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Plymouth, Patrick Holden, que el Gobierno “ha implementado una forma de Brexit más extrema que lo que muchos ‘brexiteros’ habían insinuado años antes de 2016. La gente empieza a sentir sus efectos y no les gusta”. Agrega que el país afronta una “situación extraña, pues el Brexit está claramente sangrando la economía pero los partidos que lideran no quieren abordarlo”. Y David Henig, experto de desarrollo en Política Comercial postBrexit, añade “las consecuencias económicas” de la salida de la UE son “obviamente negativas, agravadas por la inestabilidad política”.

Los datos fríos están ahí: el escenario no tiene nada que ver con las bondades que pintaron los propagandistas del Brexit, empezando por el ya retirado Nigel Farage -que hizo mutis por el foro cuando las cosas empezaron a pintar regular- y siguiendo por el expremier Johnson -quien con logró tumbar a medio partido, el tory, por su afán de divorcio, y luego tuvo que irse entre escándalos-. Lo que dice la estadísctica es que el índice de precios al consumo del país supera el 10% y ha llegado a estar por encima del 11%, lo que ha mantenido los niveles de inflación en el nivel más alto en los último 40 años. Los alimentos, en concreto, han subido un 20%, cuando los salarios apenas lo han hecho un 3-5% en el mejor de los convenios colectivos. 

Además, el Banco de Inglaterra ha pronosticado que el Reino Unido entrará en una larga recesión a lo largo de 2023, al tiempo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vaticina que la economía será la peor de entre los países avanzados los próximos dos años, a excepción de la de Rusia. Muchos analistas han culpado al Brexit del frenazo económico, por haber reducido en torno a un 15 % el comercio entre ambos lados del canal de la Mancha, según datos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, un órgano oficial con dictámenes independientes. Se cree, añaden estos expertos, que en los próximos 15 años Reino Unido va a perder un 4% del PIB por su salida del club comunitario. 

Otro informe del Centre for European Reform, que evalúa el impacto del Brexit a largo plazo, desde 2018, revela que la economía fue el pasado junio un 5,5 % menor de lo que habría sido si el país continuara en la UE. También estima que el nivel de inversión en el país es un 11 % menor de lo que habría sido y el comercio de mercancías un 7 % menor. Según un sondeo de las Cámaras de Comercio Británicas, más de tres cuartas partes de las empresas británicas (77%) admiten que el acuerdo comercial del Brexit no les ha ayudado a expandir su negocio en los últimos dos años. 

Reino Unido ha sido el único país que no recuperó su PIB previo a la pandemia antes de incorporarse a las nuevas consecuencias acarreadas por el ataque ruso a Ucrania. 

Esta situación ha provocado una ola de huelgas que vienen secundando numerosos sectores, desde trabajadores ferroviarios a enfermeros, pasando por empleados del servicio de ambulancias o maestros que reclaman acciones ante el incremento de la inflación. Faltan manos, sobre todo en el sector público, y faltan libras en la nómina a fin de mes. 

Aunque se decía que el Brexit traería más libertad, menos ataduras, lo cierto es que Reino Unido afronta además un cambio legislativo sin precedentes, obligado como está a modificar todo aquello que le vinculó con Europa durante los últimos 50 años largos. El Gobierno ha identificado 2.417 regulaciones que provienen del cuerpo legal de la Unión Europea, si bien el Archivo Nacional, que conserva los documentos oficiales de la nación, eleva esa cifra a cerca de 4.000, y podrían continuar aflorando piezas durante años. 

Hoy el referéndum sería otro

En el verano de 2016, el refrendo convocado por Cameron dio un resultado muy ajustado: el 52% de los votantes apostó por abandonar la UE, frente al 48% que sí quería quedarse. Hoy las cosas serían muy diferentes. Según una encuesta encargada por el diario The Independent este mismo enero, el 65 % de los británicos -casi dos de cada tres ciudadanos- quieren que se repita la consulta. Diez puntos más que en el mismo sondeo, realizado un año antes. El 56 % de los ciudadanos están convencidos de que el Brexit perjudica a la economía; el año pasado lo creían menos de la mitad, el 44 %. Lo de la postpandemia y la guerra no les vale como relato. 

Aunque son mayoría los que abogan por volver a la familia europea, sólo el 22% cree posible convocar un nuevo referéndum en un plazo de cinco años. En caso de una nueva consulta, el 54 % de los encuestados optaría ahora por permanecer en la UE, frente al 46 % anterior. 

La empresa demoscópica YouGov, líder en Reino Unido, tiene otro sondeo que indica que menos de un tercio de los encuestados cree que el Brexit fue una buena decisión y uno de cada cinco de quienes votaron por irse constata que ha cambiado de opinión ahora. "Nos vendieron algo que no existía", resume una ciudadana entrevistada por AFP.

El analista Lukas Paleckis, investigador de YouGov, apunta en declaraciones a Europa Press que este remordimiento no llegó de inmediato y ha ido al alza, algo que atestiguan múltiples sondeos realizados en los últimos meses.  Paleckis explica que hasta finales de 2021 la proporción de los brexiters que lamentaban su voto no llegaba al 10%. "En los últimos doce meses, hemos visto que esta cifra ha aumentado y en nuestro último sondeo se sitúa en el 19%", indica, lo que equivale casi a uno de cada cinco votantes.

La división se hace también evidente por edades, ya que mientras que sólo el 5 por ciento de los ciudadanos británicos de entre 18 y 24 años respaldan el Brexit tres años después del divorcio, mientras que el dato se dispara al 54 por ciento entre los mayores de 65 años.

Aún así, el Partido Laborista británico, favorito para ganar las próximas elecciones -no más tarde de enero de 2025- ha descartado ya volver a la UE, el mercado único y la unión aduanera. A lo hecho, pecho, que se dice. 

El mayor escollo se llama Irlanda del Norte

Balances y arrepentimientos aparte, ahora aún queda un nudo gordiano sin resolver, que impide la desconexión final con la UE: se llama Irlanda del Norte. Durante cinco largos años, es el mayor dilema que ha perseguido las negociaciones sobre el Brexit, en las que que se estudiaba cómo abordar este territorio en los protocolos que aplican la separación final, para que los ciudadanos tengan una salida razonable.

El marco que parecía final, definitivo, pactado por ambas partes, establece que este territorio seguiría vinculado al Mercado Único comunitario, por lo que las mercancías que crucen entre ese territorio y el resto del Reino Unido deben pasar controles aduaneros en los puertos de la región. Así se asegura que la frontera entre las dos Irlandas sigue siendo invisible, algo clave para el proceso de paz y las economías de las islas. Eso significa que, en la práctica, la frontera se ha desplazado al mar de Irlanda, con nuevos controles aduaneros a los productos que llegan a los puertos de Irlanda del Norte procedentes de la isla de Gran Bretaña.

Tras el Brexit, Irlanda del Norte está integrada en el mercado del Reino Unido y el de la UE al mismo tiempo, esa fue la salida. Ese estatus singular permite cumplir los acuerdos de paz de 1998 (los llamados del Viernes Santo), que exigen que no haya frontera entre las dos Irlandas, pero obliga a la región británica a cumplir leyes y decisiones judiciales europeas.

El Ejecutivo de Boris Johnson, dando un giro a lo hablado con Bruselas, dijo en junio del pasado año que ya no quiere ese arreglo, que él mismo había firmado. Quiere recuperar la soberanía que aún mantiene la UE en Irlanda del Norte y exige reducir el papel de las instituciones comunitarias en la provincia, en particular el arbitraje del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y evitar que las empresas norirlandesas deban cumplir las normas de subsidios comunitarias.

La respuesta del Gobierno británico había venido siendo, hasta entonces, la de extender unilateralmente los periodos transitorios y retrasar la puesta en práctica de los controles, básicamente. En septiembre, Johnson volvió aplazar por tercera vez de manera unilateral estos controles tras el Brexit, asunto que ya había provocado la apertura de un expediente al Reino Unido en Bruselas.

En una cumbre del G-7 de 2021, Johnson ya aseguró que no dudaría en aplicar el artículo 16 del protocolo, que prevé que una de las partes tome medidas si cree que el pacto provoca “serias dificultades económicas, sociales o medioambientales”. Los controles aduaneros que se pactaron entre Irlanda del Norte y el resto del país generan demasiadas fricciones en su mercado interno, insistía, pero es que eso es lo que ellos mismos habían pactado y acatado. Estaba rompiendo la baraja.

Una opción para solventar todo fácilmente podría haber sido que Reino Unido permaneciera en el mercado único sin dejar de salir de la UE, pero Johnson quería salir de todo, como fuera, y por ello, para evitar fronteras duras en el territorio continental irlandés, aceptó los controles aduaneros. Esta solución resultó profundamente impopular entre los líderes unionistas de Irlanda del Norte, que hablaron de traición. Tras eso vino un otoño-invierno de negociaciones con la UE, sin avances, enredadas desde febrero del año pasado por la crisis generada por la guerra de Ucrania. Y, aún así, para hacer frente a estas preocupaciones, el vicepresidente de la UE, Maros Sefcovic, propuso en octubre una serie de medidas para reducir los controles aduaneros en un 80%. No se puede decir que la UE no se movió.

Lo que parecía un avance de gigante recibió un portazo por parte de la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Liz Truss, al final sucesora de Johnson y su absoluta correligionaria en este extremo del Brexit. Rechazó la mano tendida y propuso que no se realizasen controles a las mercancías cuyo destino final fuese Irlanda del Norte, dejando los controles sólo para las mercancías con destino al país de Irlanda. Eso, y que haya un panel de arbitraje conjunto.

Lo fundamental es que Reino Unido ha roto con lo que se había pactado y eso es obra de Johnson y de sus sucesores. Poco antes de esta crisis, llevó al Parlamento un proyecto de ley para cambiar unilateralmente un tratado internacional que lleva su firma. Los analistas locales explicaron la jugada por varias vías: fue un intento de mejorar su imagen en lo peor del partygate y sus fiestas en pandemia, una vuelta a su tema estrella, al que le dio la mayoría absoluta en 2019, y de aferrarse al nacionalismo y el proteccionismo, una de las tendencias más fuertes en el electorado británico de hoy.

Bruselas ha reiterado su voluntad de buscar una solución negociada, pero también ha retomado un proceso judicial contra Reino Unido por incumplimiento del derecho internacional. Ya abrió un expediente a Londres el año pasado, cuando Londres desveló por primera vez sus planes para saltarse el protocolo irlandés. “No hay duda ni justificación legal ni política para cambiar de manera unilateral un acuerdo internacional (...). Es ilegal. También es extremadamente dañino para la confianza mutua”, dijo entonces Maros Sefcovic, responsable de las relaciones con Reino Unido en la Comisión. Aún así, Bruselas se ha avenido a negociar, y en esas están.

Los contactos prosiguen, pero sin avances por ninguna de las dos partes. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, aseguró la semana pasada que, con "sensatez y flexibilidad", el Reino Unido y la UE pueden lograr en los "próximos dos meses" un acuerdo sobre el Protocolo. Varadkar dijo que cree que su colega británico, Sunak, es un dirigente "serio" y centrado en "solucionar problemas", lo que genera optimismo para alcanzar un pacto "más pronto que tarde". Es uno de quienes más presionan, porque la frontera comercial es también una barrera política para la comunidad unionista protestante, que sostiene que diferencia a la provincia y pone en peligro su relación con el resto del Reino Unido, más ahora que los nacionalistas quieren avanzar hacia su objetivo histórico de reunificar la isla de Irlanda.

Por ello el Partido Democrático Unionista (DUP), segunda formación regional, abandonó el Gobierno autónomo de poder compartido hace casi un año y se niega desde entonces a restaurarlo junto al nacionalista Sinn Féin, primera fuerza, hasta que Londres y Bruselas modifiquen o eliminen el protocolo.

Más doméstica, para España, es el nudo de Gibraltar. España y Reino Unido llevan meses de reuniones tratando de formalizar la relación del Peñón con los Veintisiete tras el Brexit. La última fue el pasado viernes en Londres y acabó, de nuevo, sin acuerdo, por más que las autoridades del Peñón se muestren "optimistas". 

El llamado Acuerdo de Nochevieja, el "principio de acuerdo" al que llegaron el Gobierno de España y el del Reino Unido el 31 de diciembre de 2020 para derribar la Verja, continúa siendo el marco negociador, más de un año después de que, en octubre de 2021, se iniciaran los contactos para la firma del tratado, a pesar de los constantes tira y afloja entre las partes.

El 1 de enero de 2021 finalizaba el periodo transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada, que fue suscrito por la Unión Europea y el Reino Unido el 17 de octubre de 2019 y que entró en vigor el 1 de febrero de 2020. Bruselas y Londres dejaron fuera del Acuerdo de Nochebuena, de 24 de diciembre de 2020, a Gibraltar, por lo que Madrid y la capital británica tuvieron que intensificar las negociaciones que mantenían sobre el Peñón desde junio de ese año para evitar in extremis un Brexit duro en la colonia. Ahora tiene que cuajar.