Biden activa el plan 'b': en marcha un acuerdo histórico con Maduro ante las guerras en Rusia e Israel
La Casa Blanca mueve ficha con un viejo adversario al que mantiene sancionado, según informaciones desveladas por 'The Washington Post'.
En el momento justo y oportuno. Si algo ha demostrado el actual -y convulso- mercado internacional energético es que todas las alianzas y acuerdos que se habían articulado en el pasado al dictado de la globalización en esta materia, pueden acabar siendo papel mojado cuando resuenan las bombas en algún lugar del mundo. Prueba de ello es el acercamiento progresivo que ha mantenido la Administración Biden con el Gobierno socialista de Nicolás Maduro desde la invasión rusa sobre Ucrania y las correspondientes sanciones internacionales a los recursos y materias primas rusas.
Además, de establecerse un hipotético acuerdo por el que EEUU levantase sus sanciones al crudo venezolano, estaría ocurriendo en un contexto especialmente significativo. Son evidentes los temores de que la escalada de tensión y violencia en Oriente Próximo tras el ataque brutal de Hamás y la respuesta de Israel en forma de bombardeos masivos que sufre la población civil, se contagien a otros países como Irán. Se da la casualidad de que Teherán tiene capacidad de bloquear el estrecho de Ormuz, un paso por el que se controla cerca del 80% del flujo mundial de petróleo.
No obstante, lo que parecía una tímida aproximación para tantear a uno de los grandes productores mundiales de petróleo que había sido repudiado por Washington desde que su antecesor, Hugo Chávez, subiese al poder en la victoria electoral de 1998, parece que podría materializarse en una realidad. A tenor de la publicación de uno de los medios de élite estadounidenses. Supondría normalizar relaciones comerciales con un viejo adversario, sí, pero con el país líder en materia de reservas petrolíferas a nivel mundial, con el 17,5% de todo el existente.
Según el diario estadounidense The Washington Post, los gobiernos de Biden y Maduro habían llegado a un trato por el que Washington aliviaría las sanciones relacionadas con la industria petrolera de Venezuela a cambio de que Caracas permitiera la observación internacional en las elecciones presidenciales de 2024.
De acuerdo al rotativo estadounidense, está previsto que dicho acuerdo se anunciase este martes después de una reunión en Barbados entre el Gobierno venezolano y la oposición con el objetivo de reanudar el diálogo político, congelado desde hace 11 meses.
Al respecto, la citada fuente estadounidense dijo que las conversaciones "clave" se están llevando a cabo entre el Gobierno y la oposición, y no entre la Administración de Maduro y la de Biden.
"Nuestra participación se debe al hecho de que existen sanciones estadounidenses sobre Venezuela y la política que hemos adoptado es que aliviaremos las sanciones en respuesta a pasos concretos hacia elecciones competitivas", subrayó la mencionada fuente.
La meta: las presidenciales venezolanas de 2024
Con todo, Estados Unidos reafirmó su compromiso de suavizar las sanciones impuestas a Venezuela, bajo la condición de que el Gobierno de Nicolás Maduro implemente reformas que conduzcan a la celebración de elecciones libres y justas el próximo año.
Una fuente estadounidense informó a la Agencia EFE que la política del Gobierno de Biden se mantiene y la prioridad sigue siendo el levantamiento de sanciones a cambio de que Maduro haga reformas democráticas, algo que cobra mayor importancia a medida que se acercan las elecciones presidenciales de Venezuela programadas para 2024.
Sin embargo, la misma fuente aclaró que no se ha llegado a ningún "acuerdo" con Maduro, desmintiendo así la información publicada por el Post, que citaba a dos fuentes conocedoras de las conversaciones.
¿De dónde vienen las sanciones a Venezuela?
Lo cierto es que la tradición de sancionar a Venezuela no tiene el monopolio demócrata o republicano. Fue en el 18 de diciembre de 2014, siendo presidente Barack Obama, cuando el Congreso aprobó la Ley 113-278, denominada Defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil en Venezuela, Acto 2014. Dicha norma conformó un marco legal para que, a nivel ejecutivo, el presidente estadounidense pueda sancionar directamente a personas presuntamente responsables de violar derechos humanos, por ejemplo, en el marco de las protestas contra el chavismo o contra el Gobierno de Maduro.
El marzo 8 de 2015 se consuma la primera sanción mediante la promulgación de la Orden Ejecutiva 13692, por la que se bloquea la propiedad, la transferencia o los pagos a las propiedades, la posesión o el control de bienes e, inclusive, las donaciones que puedan recibir, y prohíbe la entrada a Estados Unidos a los miembros del gobierno sancionado.
Las sanciones a Venezuela se endurecieron bajo el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) con restricciones económicas contra varios funcionarios venezolanos, incluido el hijo del presidente del país, Nicolás "Nicolasito" Ernesto Maduro Guerra, y límites a las operaciones en EEUU de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), principal fuente de divisas para Caracas.
Biden ha mantenido muchas de esas sanciones. Sin embargo, en noviembre del año pasado, el mandatario estadounidense autorizó a la petrolera Chevron retomar sus operaciones de extracción en Venezuela de manera limitada.
