Juicio y prejuicio. Murallas arrojadizas
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Sentar a los independentistas en el banquillo
El 12 de febrero, día del inicio del juicio al independentismo, Pablo Casado se jactó en el Congreso de que gracias al Partido Popular los independentistas estaban siendo juzgados en el Supremo, que, si no, los estaría juzgando el Tribunal Superior de Cataluña, compuesto por magistrados nombrados por los partidos independentistas.
Las juezas y jueces del Tribunal Superior de Cataluña no son elegidos por los partidos independentistas. Los parlamentos autonómicos proponen una terna para los respectivos Tribunales Superiores entre juristas de reconocido prestigio. «Proponen» nunca deciden, porque es el Consejo General del Poder Judicial quien escoge entre la terna propuesta y, además, nombra a los dos tercios restantes.
Si Casado cree esto, en justa correspondencia debería haber suplicado que el caso de su máster fantasma fuera juzgado por el Tribunal Superior de Cataluña, o similar, dado que el Tribunal Supremo —que es quien juzgó su caso— es nombrado por el CGPJ. Y a su vez al CGPJ lo nombran el PSOE y sobre todo el PP, que hace muchos años que tiene mayoría en él. (Cree el ladrón que todos son de su condición.)
Cuando la sentencia llegue a Estrasburgo veremos qué opina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de esta exquisita separación de poderes chuleada por Casado (y del wasap de Ignacio Cosidó). También como juzga la defensa que la abogada del Estado en el juicio, Rosa María Seoane, realizó de la secretaria de Estado, Irene Lozano. Seoane atribuye a que Lozano no hablaba en su lengua materna (¡ay, las lenguas maternas!) que considerara ya culpables a las y a los presuntos inocentes.
De momento, el Supremo días antes del juicio mandó retirar el Cristo de la salón de plenos del Supremo donde se celebra. Una talla de Fernando de Castro Martín, un preso republicano que la realizó durante su cautiverio.
Murallas «lanzadas» contra la policía
El pintoresco fiscal Fidel Cadena —de expresivos (en catalán, «Fidel» es literalmente «fiel») y esperemos que no premonitorios nombre y apellido— se encargó de interrogar al ex consejero de Interior, Joaquim Forn.
El interrogatorio tuvo momentos trepidantes. Por ejemplo, cuando bautizó al presidente de la Generalitat como «delegado del Estado»; o los coches «devastados» ante la consejería de Economía que van creciendo y multiplicándose y ya no son dos sino siete; o cuando le preguntó si la Crida había instado a la población a ocupar los colegios electorales el 1-O. Pequeño detalle, la Crida es un movimiento creado en Waterloo por Carles Puigdemont mucho después de la celebración del referéndum. Soy pesimista: les importa un bledo, parece que piensan que todo es suyo y pueden hacer y decir lo que quieran.
Seguramente la intervención de mayor envergadura e intención fue cuando habló de muros que caminan, se mueven y se lanzan (¿de cabeza?) contra la pacífica policía; es decir, el intento de continuar torturando y martirizando la supuesta violencia para que les cuadre el relato.
Si Donald Trump se entera de las prestaciones de tales muros, seguro que los contrata.
El orden de los factores altera el producto
En una de las tertulias radiofónicas consideradas serias del Estado, el pasado viernes 15 atribuían los alegatos nítidamente políticos de los dos representantes de la Fiscalía, Javier Zaragoza y el mismo Cadena, a la larga defensa de sí mismo que realizó Oriol Junqueras. Una vez más un pequeño detalle: la patriótica y encendida intervención de ambos fiscales había sido el día antes de la declaración de Junqueras.
Cadena insistió en que defendía la «democracia española». Perdió la oportunidad de oro de no adjetivarla, de no especificarla; al hacerlo, la apartó de la democracia llana y lisa. Hubiera sido mucho más creíble un «defender la democracia» y punto.
También veían en la actitud de Manuel Marchena —exquisita, a su entender— una prueba de la imparcialidad del tribunal. ¿Qué esperaban, que escupiera a los acusados, que insultara a las encausadas? Por lo pronto, simple buena educación; lo mínimo que se puede exigir.
Lenguas emocionales
Marchena, un presidente de tribunal que ha impedido de facto que se use una de las lenguas del Estado, una lengua protegida por la Constitución, visto que ha desestimado la traducción simultánea y propuesto que, si acaso, si tuviera que haberla, fuera consecutiva. Una decisión totalmente improcedente e impracticable que, de facto, imposibilita que se utilice el catalán.
Eso sí, lo ha impedido argumentando que era a fin de bien, puesto que la traducción simultánea restringiría el principio de publicidad de la vista; para que el juicio llegara a más gente, puesto que fuera del salón de plenos donde se celebra el juicio, la gente no podría seguirlo. Vamos, que la culpa es de la escasez de auriculares.
Sin embargo, afirmó —magnánimo, quizás dirá alguien— que si, por razones de carácter «emocional», alguna persona quiere declarar en catalán. (Me pregunto si la versión catalana de este artículo debe ser más emocional.)
Otra oportunidad de oro perdida: habría podido argumentar que podía usarse no por ningún tipo de razón emocional sino por una razón de pura racionalidad, porque es su lengua (incluso la fiscal Seoane sabe que en ella te equivocas menos), por razones de impecable lógica, porque es lo más normal del mundo, porque es constitucional; porque sí, porque el cuerpo se lo pide.
En justa contrapartida, Marchena a lo largo del juicio debería orillar su lengua emocional y usar el catalán, el inglés, el francés o cualquier otra que no fuera su lengua materna. No sea que por razones emocionales se le nuble la vista, se le atraganten las palabras o le ciegue la pasión.
