El PSOE se blinda contra la corrupción
No es obligatorio, pero sí recomendable. Y el PSOE ha decidido ser la primera organización política en ponerlo en práctica. Hablamos de regeneración, de transparencia, de controles internos... Y de un plan de prevención del delito para luchar contra la corrupción más allá de la retórica, los códigos éticos de los partidos y las efímeras promesas electorales.
Quédense con el nombre: "compliance program". Es una especie de protocolo preventivo que ya funciona en otros países y que en España empezó a implementarse en grandes empresas como consecuencia de la aprobación del Código Penal de 2015 que configuró la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluidos sindicatos y partidos políticos.
Desde entonces, una persona jurídica puede ser responsable penalmente por una lista cerrada de delitos cometidos por sus directivos o empleados y puede enfrentarse a penas de multa que van desde 5.000 euros hasta 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva.
La experiencia que pretende poner en marcha la dirección de Pedro Sánchez desde la Secretaría de Organización que dirige José Luis Ábalos para blindarse contra la corrupción requiere de la designación de un "compliance officer", que será la persona a la que la dirección federal tendrá que confiar poderes autónomos de control y organización para el cumplimento normativo.
El objetivo no es tanto la exención de la responsabilidad penal del partido como persona jurídica que establece el Código Penal para aquellas organizaciones que cuenten con este tipo de programas, sino la prevención del delito en todos los niveles de la organización. Y es que en puridad los modelos de organización y gestión -corporate compliance programs- no tienen por objeto evitar la sanción penal sino promover una verdadera cultura ética en las empresas. Y eso es precisamente lo que persiguen los socialistas, una organización que en todos los niveles de su estructura cuenten con un modelo de organización y gestión que sea ejemplo de transparencia y control, y no sólo la redacción de un programa que se perciba como una suerte de seguro frente a la acción penal.
La experiencia requerirá por ello de una permanente "monitorización" desde Ferraz del dinero que entre y salga de las federaciones territoriales, una exhaustiva formación de todos sus empleados y la implantación de sistemas de control financiero similares a los de las grandes empresas. De este modo una contratación de servicio requerirá de un mínimo de tres presupuestos o de doble firma a partir de una determinada cuantía de pago, y la selección del personal se hará de acuerdo a unos niveles mínimos de formación académica, y no de la recomendación del responsable orgánico de turno. Al fin y a la postre un partido no deja de ser una empresa generadora de empleo, aunque se financie con fondos públicos.
Hasta ahora la ausencia total de este tipo de protocolos de prevención del delito en los partidos políticos ha contribuido a decenas de casos de corrupción como los que en la actualidad afectan al partido en el Gobierno, el único imputado por financiación ilegal. De haber implementado en Génova un "compliance program", ni el PP estaría hoy siendo investigado por los tribunales como persona jurídica ni Mariano Rajoy habría tenido que declarar ante la Audiencia Nacional como testigo por el caso Gürtel, tal y como ocurrió el pasado 25 de julio.
Se da la circunstancia de que justo después de que, en enero de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid emitiera el auto con la primera imputación por responsabilidad penal de un partido político (PP), la Fiscalía General del Estado publicó una circular en la que impartía instrucciones sobre la eficacia de los sistemas de prevención del delito en los partidos políticos, sus fundaciones y entidades vinculadas, al tiempo que advertía de que los programas deberían atender "especialmente a las conductas de financiación ilegal".
El escrito del Ministerio Fiscal destacaba también que, a diferencia de otras personas jurídicas, en principio no obligadas a establecer planes de prevención, la ley obliga expresamente a los partidos a "adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión".
De ahí que la dirección de Pedro Sánchez considere urgente que todo el PSOE tome conciencia de que combatir la corrupción no es una opción, sino una obligación y que haya decidido de forma inmediata la designación de un "compliance officer", cuyo nombre aún no ha trascendido, que trabaje en el programa organizativo y de control. Los socialistas confían en dar ejemplo de compromiso en la lucha contra la corrupción política y que los ciudadanos perciban un verdadero avance en materia de regeneración política.
Y es que los datos (166 procedimientos, 1.378 procesados y 399 condenados, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial) explican de sobra que la corrupción sea uno de los principales motivos de preocupación de los españoles en todas las encuestas.
Va siendo hora de que alguien se lo tome en serio.
