El PSOE pisa el acelerador... en el Parlamento

Cinco millones de personas que quieren trabajar y no pueden; dos millones de españoles -un millón de ellos con más de 45 años- en situación de desempleo desde hace más de dos años y 400.000 jóvenes que tuvieron que abandonar nuestro país en busca de un trabajo. Es la España de Rajoy y de su reforma laboral.

¿Recuerdan lo que llegó con 2012? Desregulación del mercado y nuevas bases para la creación de empleos de baja calidad en cuanto a duración, jornada, salario y condiciones laborales.

Cuatro años después de la entrada en vigor de la reforma laboral de infausto recuerdo, la tasa de temporalidad pasa del 25%; sólo uno de cada diez nuevos contratos son indefinidos; los salarios han caído cerca de un 4%; el 34% de los trabajadores reciben salarios equivalentes al SMI y y el sueldo de casi el 50% de los cotizantes por cuenta ajena es de poco más de 900 euros al mes.

El desolador panorama añade 2,5 millones de trabajadores pobres y más de un 13% de asalariados que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Esto por no hablar de la brecha salarial entre mujeres y hombres, que roza ya el 24%, o los 3,5 millones de trabajadores que no están protegidos por la negociación colectiva.

Con todo, olvídense de la derogación de la reforma laboral. No es más que un mantra. Ni el PP está dispuesto a la demolición de su obra ni el PSOE pretende dejar en blanco el Boletín Oficial del Estado haciendo desaparecer de un plumazo casi un centenar de normas -entre leyes, decretos leyes y reglamentos- aprobados como consecuencia de la infausta reforma.

Cuando los socialistas hablan de derogación de la reforma laboral lo hacen en un sentido estrictamente político, pero no jurídico, porque saben que, por mucha mayoría alternativa que puedan construir en el Congreso contra la actual legislación laboral, con la anulación de las medidas laborales emitidas en los últimos cinco años nunca entrarían en vigor las anteriores. Se conforman pues con la modificación de una serie de normas -las que más han precarizado el trabajo- y la aprobación de nuevas iniciativas que permitan a los trabajadores recuperar algunos de los derechos perdidos en los últimos años.

Así que cuando el próximo martes escuchen a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, "cantar" el resultado de la votación que sucederá a la proposición no de ley que defenderá el socialista Rafael Simancas y que pide la derogación de la reforma laboral, no se lleven a engaño por mucha jarana que lean en las redes sociales, como ya ocurrió hace un par de semanas con la ley mordaza. El texto se aprobará, sí, pero carecerá de efectos jurídicos. Para los profanos en el argot parlamentario, una proposición no de ley en el mejor de los casos no es más que un primer paso para impulsar otro tipo de iniciativas legislativas.

Es en el Parlamento en todo caso donde el PSOE quiere pisar el acelerador para doblar el brazo a la derecha y obligarla a rectificar el rumbo de los últimos cinco años. Tras la paralización de la LOMCE, el pacto contra la violencia de género y la subida de un 8% del SMI en 2017, la ofensiva de la dirección interina de la calle Ferraz pasa por explicar los propósitos y los rendimientos después de lo que algunos calificaron de vergonzante abstención a un gobierno de derechas.

No se puede gobernar desde el Congreso, pero sí articular mayorías alternativas que den al traste con las políticas del PP en los últimos cinco años. Y eso es lo que el PSOE quiere que se visualice con su trabajo en el Parlamento: que sus militantes y sus electores entiendan qué hicieron ante el bloqueo institucional y por qué lo hicieron. En lo que respecta al ámbito laboral para recuperar la prevalencia de los convenios de empresas sobre los del sector; anular la capacidad unilateral de las empresas para establecer salarios y jornadas al margen de la representación sindical; anular el contrato de emprendedores; acabar con los ERE en empresas con beneficios; recuperar los subsidios para los mayores de 55 años; retomar la negociación colectiva y la causalidad en los contratos y en los despidos y acabar con los falsos contratos temporales.

En efecto, no es la derogación global de la reforma laboral, pero tampoco es nada en un partido que vive la peor crisis interna que se recuerda en democracia y al que Podemos pretende arrebatar la hegemonía de la izquierda y la primacía de partido de la oposición en el Congreso. Esto además de que no faltan quienes desde dentro, como este fin de semana hizo Pedro Sánchez, pretenden igualar a la dirección interina de Ferraz con el gobierno de Rajoy, no sólo por la abstención en su investidura, sino por el acuerdo suscrito entre PP y PSOE para elevar el techo de gasto, subir el tope de déficit de las Comunidades e incrementar el SMI un 8%.

Frente al papel del colaboracionistas de una gran coalición que algunos pretenden otorgar a la gestora del PSOE, la estrategia de los actuales inquilinos de la calle Ferraz pasa por apretar el acelerador de los cambios en el Parlamento con el objetivo de consolidar la imagen de un partido que, como dice el asturiano Javier Fernández, no sólo está en la oposición, sino que hace oposición.

Acelerar en el Parlamento, frenar el ímpetu de los críticos en lo que respecta a los tiempos organizativos, coser las heridas internas y exhibir pasado de gobiernos. Esa es la estrategia que defienden cuantos reclaman tiempo antes de convocar el próximo congreso federal y quienes para salir de la depresión orgánica se han propuesto además reivindicar a sus mayores y sus gobiernos.

P. D. Zapatero is back.