De primero de democracia

Alguien dijo una vez que el Parlamento no es más que una reunión de personas más o menos inactivas. De eso hace ya mucho tiempo. Pero seguro que, más de cien años después, si las encuestas preguntaran qué es y para qué sirve el Congreso de los Diputados la opinión de los españoles no sería muy distinta, y sus señorías se llevarían las manos a la cabeza.

Cuatro años después del ¡No nos representan! que invadió las calles y las plazas de España, habría que preguntarse si nuestra democracia tomó o no nota de aquello en lo que respecta al menos a la actividad legislativa, a los tiempos de trabajo en la Carrera de San Jerónimo o a si en las decisiones políticas prima el interés ciudadano o el de las siglas.

Este martes en el pleno de la Cámara Baja se hablará de ello. Y no es para menos. Más de 40 leyes se encuentran paralizadas después de haber sido tomadas en consideración por el pleno del Congreso, el primer paso para que sean tramitadas. El motivo no es otro más que las sucesivas prórrogas a la presentación de enmiendas que los grupos utilizan a su antojo para dilatar los tiempos de aquellas iniciativas que no son de su agrado.

Ha pasado en mandatos anteriores y está pasando en esta Legislatura. Pero es ahora cuando el PSOE ha decidido impulsar una reforma del Reglamento de la Cámara para limitar la sucesión de prórrogas y aligerar así la tramitación y posterior aprobación de algunas normas. Y es que es la primera vez en democracia que una minoría -la del PP- puede bloquear decisiones de una mayoría del pleno. Es una lección de primero de democracia que la mayoría que los populares suman con Ciudadanos en la Mesa del Congreso no parece dispuesta a tener en cuenta.

Los socialistas registraron esta iniciativa hace justo un año, pero han decidido someter el asunto ahora a debate para acabar con una treta parlamentaria que, aún siendo legal, ha provocado que leyes tan importantes como la de la lucha contra la violencia de género, la regulación de los "lobbies", la igualdad retributiva, la reparación de las víctimas del franquismo o la financiación ilegal de los partidos duerman el "sueño de los justos". La toma en consideración de ley de Mejora de la Calidad Educativa sin ir más lejos fue en diciembre de 2016, y desde entonces ha tenido más de 70 ampliaciones del plazo de enmiendas. Ahí es nada.

La Ley de Estabilidad, cuya tramitación es necesaria para una hipotética aprobación de los presupuestos, también ha estado bloqueada por este mecanismo. Este lunes, sin embargo, Ciudadanos anunció que no la paralizaría más y que dejaría solo al PP en el propósito de empantanarla. Los populares salieron en tromba contra los de Rivera y les acusaban de dar "bandazos" para terminar facilitando que se aprueben los Presupuestos de Sánchez y Podemos. La formación naranja emitió un comunicado para aclarar que el PP estaba mintiendo: su cambio de estrategia no afectará a los Presupuestos.

Según el Reglamento actual, los grupos parlamentarios disponen de un primer plazo de quince días hábiles para presentar enmiendas a los proyectos de ley del Gobierno y a las proposiciones de ley de la oposición tomadas ya en consideración por el pleno. Un tiempo que puede ser prorrogado una semana más por la Mesa del Congreso si así lo solicita un sólo grupo parlamentario. A partir de la cuarta ampliación, cualquier nueva prórroga requiere del apoyo de dos grupos parlamentarios y de la mayoría absoluta de la Cámara, según acuerdos no escritos adoptados por las Mesas y las Juntas de Portavoces cada comienzo de Legislatura.

Hasta ahora, según relato del socialista Rafael Simancas, nunca había hecho falta modificar el Reglamento para incluir este tipo de pactos, ya que siempre fueron respetados por las minorías. Claro que también es la primera vez en democracia que un Gobierno carece de mayoría en el Parlamento y que una minoría, como la que hoy tiene el PP, tiene capacidad de bloqueo en el Congreso.

Los socialistas pretenden ahora que, tras esos primeros 15 días, en principio sólo sean posibles dos ampliaciones de plazos de enmiendas más, de una semana cada una, por lo que en total la iniciativa sólo podría bloquearse durante un mes. Y si se quisieran más prórrogas, el Grupo Socialista exige en su proposición de ley que lo soliciten al menos dos grupos parlamentarios y que éstos representen la mayoría absoluta de la Cámara Baja. Pero, como todo es inédito en este mandato, se puede dar la paradoja de que la reforma del Reglamento sea apruebe hoy en el pleno y, después, sea bloqueada como otras tantas por el PP en la Mesa durante el periodo de enmiendas.

El del PSOE será en todo caso el enésimo intento de mejora del procedimiento legislativo que tenga lugar en la Carrera de San Jerónimo. Salvo reformas parciales como la del voto telemático que se aprobó en 2011, todo intento por reformar de forma integral el Reglamento de la Cámara ha sido baldío, más allá de ponencias o comisiones constituidas al efecto que nunca llegaron a nada.

El más sonoro fracaso tuvo lugar ya hace 14 años bajo la presidencia del socialista Manuel Marín, quien se empeñó con escaso éxito en hacer del Parlamento, sus tiempos y sur procedimientos un lugar dinámico donde las respuestas a los problemas ciudadanos no tuvieran que esperar meses. Antes lo intentaron también Luisa Fernanda Rudí y Federico Trillo, incluso el socialista Felix Pons a finales de los 80. Siempre los grupos parlamentarios, sin distinción de color político, fueron incapaces de ponerse de acuerdo para modernizar un texto legal aprobado en 1982 y sobre el que se han hecho menos de una decena de reformas parciales.

Y luego se preguntarán el porqué del descrédito.