¡Basta de silencios!

No es sólo la crisis, ni los recortes, ni la obsesión por el déficit público. Cuando se instauran copagos, se recorta en becas y dependencia o se imponen tasas judiciales que llevan a los que no tienen recursos a desistir de la defensa, hay detrás todo un modelo doctrinal. Lo llaman obligación pero es ideología. Un credo para otra España que no es la construida con el esfuerzo de todos en los últimos 30 años. Pero con todo, lo peor no son los ajustes, ni la presión fiscal, ni siquiera la propaganda que pretende instaurar el relato de un país que ha atravesado con éxito el Cabo de Hornos (Rajoy dixit).

El retroceso en materia de libertades y derechos fundamentales va directamente al corazón del sistema democrático. Y el ritmo cardiaco del nuestro adolece ya de una patología que precisa tratamiento urgente, quizá de una rebelión cívica en la que cada uno desde su ámbito de actuación asuma activamente sus responsabilidades y no se conforme con el "España vuelve a ir bien". Si no hacemos nada, cuando un día miremos para atrás, nos daremos cuenta de lo que perdimos y será una ingente tarea recuperar lo perdido.

Y aquí es donde aún estamos a tiempo de que el periodismo esté a la altura. En todo periodo de cambio radical, y éste sin duda lo es, hay damnificados. Muertos que quedan por el camino. Y si el derecho a la información y la libertad de expresión es uno de ellos, mal vamos. ¡No lo permitamos! Ni callemos, ni finjamos normalidad. Hace unos días Marty Baron, el director de The Washington Post, decía en una entrevista con María Ramírez en El Mundo: "Si no nos levantamos contra el poder, sacrificaremos nuestro futuro". Así que glosemos sin escatimar tipografía las reformas legislativas con las que el gobierno del PP quiere cercenar derechos individuales y libertades públicas. Ahí está la reforma del Código Penal que instaura la prisión permanente revisable en contra del criterio de la mayoría de juristas; impone la libertad vigilada no sólo para delitos de terrorismo y elimina el artículo que protege el ejercicio de derechos como el de huelga, reunión o manifestación. Un texto que aguarda que pasen las elecciones europeas para evitar el escándalo y se diluya el eco de los contundentes informes en contra.

Echen un vistazo además a la pretendida ley de Seguridad Ciudadana que restringe derechos a los medios de comunicación al limitar la actuación de los fotoperiodistas en las manifestaciones y busca minimizar la protesta ciudadana. Límites, mordazas, advertencias... La derecha española quiere una mayoría silenciosa que ni informe ni proteste. Qué pretende si no el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de Gallardón al establecer que cuando los jueces consideren perturbada su independencia, se pueda ordenar a un medio de comunicación que no informe de un asunto judicial (léase Gúrtel, Bárcenas o Noos). Una legislación predemocrática. De eso se trata. De eso y de limitar el derecho a la información.

Nuestra primera obligación es la verdad, pero después la lealtad, y no con el poder político, ni el económico, sino con quienes depositaron en nosotros ese derecho irrenunciable que garantiza el artículo 20 de la Constitución. Ni un paso atrás. Aunque la influencia política tumbe directores, retire publicidades institucionales, trate de imponer silencios y dicte la lista de contertulios semanales en los medios públicos, será siempre la verdad, y no las leyes mordaza, la que ayude al sostenimiento de la democracia.

Y si España padece una profunda crisis política, social, económica e institucional no desterremos de nuestras páginas ni de nuestros análisis expresiones por el simple hecho de que inquieten el poder. Entre nuestras obligaciones está la de controlar al poder aunque a éste le incomode y si el poder pretende cercenar derechos, hay que contarlo, no maquillarlo, ni obviarlo. Nadie dijo que este oficio fuera para hacer amigos, ni que fuera fácil resultar molesto y crítico. Pero esa es la esencia. "La ética -dijo García Márquez- debe acompañar al periodismo como el zumbido al moscardón". No somos voceros, ni transmisores de argumentarios, sino moscones molestos. Así que si a la vicepresidenta del Gobierno se le escapa un "en mi puta vida", escribamos "en mi puta vida" por más que sus asesores intenten que no lo hagamos. No consintamos que la crisis o el miedo se conviertan en atenuante de un periodismo dócil. Vigilemos al poder desde el rigor y la independencia y no finjamos normalidad ante los atropellos. Y entre tanto, haría bien este gobierno de tanto católico practicante en respetar en estos tiempos de canonizaciones y santos la máxima de Catalina de Siena: "¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas! Porque, por haber callado, el mundo está podrido". Pues eso.