Sobre Cassandra, George Orwell y el artículo 578 del Código Penal
Cassandra Vera no entrará en la cárcel por tuitear chistes sobre el atentado contra Carrero Blanco, algo que sí le ha costado una sentencia de un año de prisión y siete de inhabilitación. No estar entre barrotes no significa que su futuro no pueda verse afectado, ya que la inhabilitación implica que no podrá presentarse a ningún cargo público, ni obtener becas públicas durante ese tiempo. Se trata de una de las consecuencias de la aplicación del delito de enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas, que conlleva automáticamente penas de inhabilitación por un tiempo entre seis y veinte años superior al de la duración de la pena de prisión impuesta.
Un futuro hipotecado, una libertad de expresión en juego y, claro, Cassandra, que no debería haber sido condenada.
Desde hace unos meses, todos y todas nos hemos vuelto leguleyos, invocando el artículo 578 del Código Penal, que penaliza expresiones u opiniones que puedan enaltecer actos de terrorismo o humillar a víctimas de terrorismo o sus familiares. Introducido en el año 2000, este artículo se reformó en 2015, incrementando las cuantías de las penas. Pero esta reforma no solo amplió de dos a tres años el plazo máximo de prisión, también vino acompañada de una peligrosa ampliación de la definición de los delitos de terrorismo que puede afectar a la libertad de expresión.
¿Por qué? Porque puede llevar a perseguir algunas formas de expresión que no incitan directamente a la violencia o al odio, que no tienen una intencionalidad clara de hacerlo, que no conllevan, con una probabilidad razonable, que como consecuencia de esas palabras, se cometerán actos criminales.
Desde el año 2011 y hasta finales de marzo de 2017, la Audiencia Nacional ha dictado al menos 65 sentencias condenatorias aplicando el artículo 578 del Código Penal, condenando a 82 personas por delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas. Por ejemplo, en el marco de la 'Operación Araña' (una operación desarrollada por la Guardia Civil de España para perseguir el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, particularmente en Facebook y Twitter), que se ha desarrollado en cuatro fases (la primera en abril de 2014 y la última en abril de 2016), 73 personas han sido detenidas hasta el momento por haber difundido mensajes en redes sociales que podrían ser constitutivos de enaltecimiento del terrorismo. En muchos casos, esto supone un ataque al derecho a la libertad de expresión.
Lo cierto es que, aunque los Estados están obligados a prohibir toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a discriminación, hostilidad o violencia, esta prohibición no debería alcanzar esas formas de expresión que, por su efecto, puedan humillar a las víctimas de terrorismo o sus familiares, por muy ofensivas que nos puedan parecer. Así lo dice el derecho internacional.
Lo cierto también es que, para intentar encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la incitación al odio, Naciones Unidas recomienda que los Estados distingan claramente entre tres formas de expresión: las que constituyen ofensa penal, las que no pudiendo ser perseguidas penalmente pueden serlo por la vía administrativa o civil, y las que, no pudiendo ser perseguidas por ninguna de las dos vías, puedan provocar alguna preocupación en términos de tolerancia, civismo o respeto.
Por eso, en realidad, el caso de Cassandra solo podría entrar en la segunda y la tercera opción y, de cualquier manera, ella nunca debería haber sido castigada penalmente por hacer humor sobre víctimas de terrorismo en redes sociales. Sin embargo, lamentablemente, ni Cassandra es el único caso, ni España el único país que, en nombre de la seguridad, está poniendo en peligro derechos y libertades. Este escenario nos recuerda a las páginas de 1984 de George Orwell, una novela con plena vigencia actual.
