¿Y ahora qué pasa con el Poder Judicial?
El CGPJ ya vivió una situación de interinidad entre 2006 y 2008 por la falta de acuerdo entre Zapatero y Rajoy.
Terremoto jurídico-político: el juez Manuel Marchena ha decidido no aceptar el puesto de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo como pactaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado.
Esta decisión llega un día después de que se desvelara que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, mandó un whatsapp a parlamentarios populares en los que defendía el pacto con el Gobierno porque podrían controlar "desde detrás" el Tribunal Supremo. El magistrado Marchena ha emitido un comunicado: "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal".
El PP, acto seguido, ha dado por roto el pacto alcanzado con los socialistas. El acuerdo entre Sánchez y Casado suponía la renovación de un Consejo General del Poder Judicial con mayoría de vocales progresistas, pero daba la Presidencia a Marchena, de corte conservador con tirón en el Alto Tribunal y que era hasta el momento el encargado del juicio del 1-O. Esta elección provocó fuertes críticas entre las asociaciones de jueces por conocerse el nombre del presidente del Poder Judicial incluso antes que el de los veinte vocales -que son los que deben elegir directamente a su jefe-.
El sistema de elección
¿Cómo se elige el Poder Judicial? Este órgano de gobierno de los jueces está conformado por veinte miembros, que se llaman vocales. Deben ser nombrados por el rey previa elección por las Cortes Generales (Congreso y Senado) y son magistrados y juristas de reconocida competencia.
La Constitución española, en su artículo 122.3, indica que el Consejo General del Poder Judicial tiene mandatos de cinco años y debe contar con un respaldo como mínimo de tres quintos en las Cortes. Por lo tanto, según el actual panorama político, es necesario el apoyo favorable de los diputados del PP y PSOE. Tras su elección en las Cortes, los vocales votan en la sesión constitutiva a su presidente.
El actual mandato del Poder Judicial, presidido por Carlos Lesmes, finaliza el próximo 4 de diciembre. Los dos partidos habían negociado a contrarreloj las últimas semanas para llegar al acuerdo que se ha roto hoy: era el primer gran pacto entre Sánchez y Casado -a pesar de que La Moncloa había dado por rotas las relaciones con el presidente del PP-.
La interinidad que se vivió hace una década
Pero todo se ha vuelto a truncar este martes. Por lo tanto, ahora parece difícil que se puede llegar a otro acuerdo para renovar en tiempo al Consejo General del Poder Judicial. Esto aboca a un nuevo bloqueo. Pero los titulares que hoy vivimos no son nuevos precisamente. El Poder Judicial vivió una situación dramática entre 2006 y 2008, cuando los partidos no se pusieron de acuerdo y se produjo el periodo de interinidad más largo de su historia.
En aquella ocasión se tenía que renovar en 2006, pero Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero no se pusieron de acuerdo hasta dos años después, eligiendo finalmente a Carlos Dívar -un magistrado profundamente religioso y cercano a los conservadores pero con un Poder Judicial con mayoría progresista-, además el PP conseguía que la vicepresidencia fuera para Fernando de la Rosa.
Entonces hubo también un conato de rebelión entre los vocales propuestos del PSOE al enterarse también por filtraciones periodísticas de que el elegido para presidir sería Carlos Dívar, no bien visto entre los progresistas.
En cambio, en la elección última, no hubo tantos problemas. Fue en 2013 y el PP contaba con mayoría absoluta en las dos Cámaras, el acuerdo entre los dos grupos se consiguió en dos meses: 10 miembros propuestos por el PP, siete propuestos por el PSOE, uno pactado con IU, uno con CiU y otro con PNV.
La situación de hoy nos recuerda ahora a la de 2006. El Poder Judicial se adentra otra vez en un terreno sin consenso entre los partidos y, por lo tanto, parece que se retrasara su renovación a tiempo.
A pesar de que el PP haya roto el pacto, el Pleno del Congreso mantiene la votación de su cuota de vocales. Por lo tanto, teóricamente nos enfrentamos a una sesión fallida (en la que los populares dirán 'no', al igual que Ciudadanos). Se debatirá porque Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto se han opuesto a cambiar el orden del día.
Otra vez, a la espera de que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo. Todo en un momento muy crítico para la Justicia, después del espectáculo que se vivió en el Tribunal Supremo por la sentencia de las hipotecas. Y supone, además, que siga al frente por el momento Carlos Lesmes, tocado por ese giro por el caso de los bancos, cuestionado por el Gobierno y que escuece entre muchos magistrados por su política de nombramientos y control de la institución.
Además, este movimiento afecta de lleno al juicio del 'procés', el más importante en España en las últimas décadas. Marchena, al renunciar a la Presidencia del CGPJ, vuelve a quedarse con este caso -en el que ha recibido duras críticas por parte de los independentistas- y la mayoría en la sala será conservadora.