Por qué no es cierto que la solidaridad empieza por uno mismo

El Gobierno acaba de aprobar la estrategia de vacunación única y gratuita a lo largo de 2021 frente al virus sars-cov2, en la que participan la mayoría de las comunidades autónomas (CCAA) y expertos de bioética, epidemiología, salud pública, vacunología y programación, entre otros. Atendiendo a los grupos de expertos anteriores, no sería de extrañar un nuevo debate absurdo sobre la existencia y composición también de este grupo constituido ad hoc para la estrategia de vacunación. 

La estrategia se desarrolla en tres etapas, comenzando por aquellos grupos más prioritarios o vulnerables como los sanitarios, los ancianos, los discapacitados y los trabajadores de las residencias de mayores y de los centros de discapacidad, continuando luego por el resto hasta completar la totalidad de los que voluntariamente se quieran vacunar. Tanto los grupos prioritarios como la voluntariedad u obligatoriedad de las vacunas serán objeto también de opiniones contrapuestas, y por tanto de un intenso debate. 

En cuanto a la logística, serán lógicamente los centros de salud los encargados de su administración y seguimiento, como han venido haciendo con el resto del calendario vacunal, sin perjuicio de los refuerzos y las especificaciones que supondrá hacerlo masivamente y en un corto periodo de tiempo, solo comparable a la mitad del esfuerzo realizado en la reciente vacunación antigripal. Aquí también surgirá el debate sobre la situación de agotamiento de la atención primaria. 

En las mismas fechas, el Gobierno español ha rechazado, junto al conjunto de la UE, la propuesta de distintos países como India o Suráfrica, junto a un buen número de ONGs, para que se suspendieran los derechos a la propiedad intelectual de las vacunas, al menos hasta la efectiva contención de la pandemia, considerando el proyecto COVAX de la OMS como un marco alternativo suficiente para garantizar el acceso de los países empobrecidos a la pandemia. Sin lugar a dudas, este es el debate fundamental, sobre todo si nos atenemos a los precedentes en que ni siquiera el diez por ciento de los antivirales llegaron a los países empobrecidos y a la todavía muy insuficiente dotación del mencionado proyecto COVAX junto a la autoexclusión de países fundamentales como los EEUU y China. 

En definitiva, varias y cruciales serán las materias que para el presente de la pandemia, pero también para la salud global, que pueden y deben ser objeto de debate en relación a la estrategia de vacunación frente al sars-cov 2.

El primer aspecto es el relativo al papel subordinado del sector público, hasta ahora básicamente como financiador de la investigación básica y de los ensayos clínicos, en relación a la innovación, la producción y la comercialización de las compañías farmacéuticas y también sobre la garantía futura de su seguridad y efectividad y la gran divergencia en el precio final de las vacunas. Un reparto asimétrico que se viene considerando paradójicamente como un ejemplo de colaboración público-privada, sin explorar otros modelos para la investigación y acceso universal a las vacunas.

Sin embargo, el debate principal está en el acceso universal a la vacuna, garantizando el acceso de los los países y los sectores más desfavorecidos y vulnerables tanto a nivel global como en la Unión Europea y dentro de nuestro propio país, conscientes de que la inmunidad o bien es global o no existirá para nadie. Aquí, el dicho cínico de que la solidaridad empieza por uno mismo nunca antes ha sido no solo injusto, sino poco inteligente, contraproducente y probablemente letal.

Otra controversia con componentes éticos, de salud pública y sin duda también políticos tiene que ver con la definición de los grupos prioritarios, ya que hay corrientes que frente a la preferencia de los grupos con la mayor vulnerabilidad proponen centrarse, sin embargo, en un momento inicial, en los grupos con mayor capacidad de trasmisión. Esto es, en los trabajadores activos y los jóvenes con una mayor capacidad de contagio.

La decisión de ceñirse a la voluntariedad en la vacunación o la alternativa de la obligatoriedad, si bien se trata de un tema polémico, no se podrá eludir solamente con nociones genéricas sobre la libertad individual, la autonomía del paciente o el consentimiento informado. Estamos hablando de la garantía de la salud pública frente a una amenaza letal. También en un contexto complejo de infodemia en que entre un treinta y un cuarenta por ciento de la población tiene más que dudas para vacunarse. Puede ser que no baste con las campañas de información anunciadas. Por otra parte, existe un marco legal en la actualidad que permitiría la mencionada obligatoriedad en caso de que ésta fuese necesaria.

También se suscitará en el futuro la cuestión de la responsabilidad en los efectos secundarios de la vacunación, que en los contratos de compra han sido asumidos por los estados miembros debido a la aceleración y el solapamiento obligado para cumplir con las prescripciones de la mayor agilidad en el tiempo. Un debate que va más allá de las reticencias de los sectores llamados antivacunas.

El asunto de la logística tampoco es menor, con unos centros de atención primaria agotados en sucesivos recortes y con cada día más tareas asumidas relacionadas con la covid-19, y por tanto con el retraso ineludible de la actividad programada de las patologías crónicas, así como de la respuesta a la continua demanda de enfermos agudos... cuando la parte preventiva y de promoción de salud, propias de la atención comunitaria, lleva tiempo subordinada a la demanda, cuando no de hecho paralizada.

De nuevo la derecha, en vez de hacer su papel de oposición entrando o promoviendo estos debates y enriqueciendo con ello la democracia representativa y la deliberación, ha salido, como era de esperar, a la contra sin más, esta vez con el argumento pedestre de que aprobar una estrategia vacunal sin que existan las vacunas es vender humo.

Lo esgrimen los mismos que siempre han reprochado al Gobierno el llegar tarde y gestionar mal. Seguramente porque se consideran nacidos para gobernar y tienen un alto concepto de sí mismos. Por eso, aunque sin llegar tan lejos como Trump, no acaban de digerir que las izquierdas estén en el Gobierno y siguen obsesionados por su ombligo, convirtiendo cualquier debate, al margen de la materia que se trate, en mera nostalgia electoral.

Lo hicieron con el inicio de la pandemia, luego con la desescalada, con el inicio del curso escolar y ahora con la segunda ola, ocultando que desde julio se habían ido aprobado medidas para su preparación, y entonces evitaron pronunciarse o votaron directamente en contra, sin más argumento que el hecho de que su origen en un Gobierno rojo y por tanto indolente y mal gestor por definición.

Son los mismos que en su momento proponían con insistencia un calendario vacunal obligatorio del que luego fueron los primeros en desentenderse e incumplirlo en las CCAA que gobernaban, y los mismos que recientemente rechazaron el mando único como autoritario y más tarde lo echaron de menos y se lo reprocharon al Gobierno.

Ahora resulta que consideran inaceptable una estrategia vacunal única, aludiendo a que es prematura y se hace cuando todavía las vacunas no están aprobadas. En Alemania, en la UE e incluso en los EEUU, la estrategia vacunal también está en marcha. El problema no es que no sea imprescindible, sino muy al contrario, que no basta con que se desarrolle en los países ricos, sino que ésta debería ser mundial y no solo europea o de los países que hoy se lo pueden permitir.