Una Ley de Salud que ya es una realidad
Decía Tolstoi que era más fácil hacer leyes que gobernar. En todo caso, el objetivo ha de ser que las normas sean la expresión escrita de una realidad. La modificación de la Ley de Salud valenciana, en la actualidad en trámite parlamentario, ha sido un claro ejemplo de este reto. La universalidad de la asistencia sanitaria, la garantía de equidad y no discriminación y la apuesta clara y firme por la gestión pública directa son los tres grandes ejes teóricos que inspiraron estos cambios normativos, pero, fundamentalmente, son los tres descriptores que definen hoy a la sanidad valenciana. Todos y todas tienen acceso a ella, hay ayudas para que el copago impuesto por el PP no impida seguir los tratamientos, y la gestión pública es una prioridad absoluta como evidencia la inminente reversión del Departamento de Salud de La Ribera.
La Ley de Salud es pues, a expensas de las aportaciones de los grupos parlamentarios, un texto que refleja ya hechos y no deseos. La recuperación de la universalidad supone una novedad tras las restricciones del Partido Popular a determinados colectivos en función de su situación administrativa. Este restablecimiento de derechos, que nunca se deberían haber perdido, se hace a través de dos preceptos vinculados a la accesibilidad universal al sistema (art. 11 bis) y a la garantía de equidad y nos discriminación (art. 11 ter.).
En el primero se establece que "la Generalitat establecerá los cauces y mecanismos necesarios para garantizar las prestaciones sanitarias y de salud pública en toda la población, asegurando la accesibilidad y universalidad de todos los servicios y recursos públicos para la salud en toda la población". En el segundo se contemplan las "medidas necesarias para evitar cualquier tipo de discriminación por razones de género, edad, orientación sexual, discapacidad, cultura, etnia, clase social, lugar de residencia o país de origen".
La tercera de las novedades contenidas está relacionada con la apuesta por la gestión pública directa. Así, el artículo 7.3 indica que "la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria del Sistema Valenciano de Salud, se llevará a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa, de carácter público". Con ello no se excluye la colaboración con el sector privado como complemento del sector público, pero si se opta por dar preferencia a la gestión directa, por considerar esta fórmula la que ofrece mayor garantía de igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios y actuaciones sanitarias y de salud pública. Un cambio respecto al texto anterior que viene a ser toda una declaración de principios frente al concepto de la sanidad como negocio que llevó al PP a llevar a cabo las privatizaciones.
Como aspecto complementario de gran importancia cabe destacar la incorporación de la salud mental a la ley. La reforma aborda cuestiones relativas a la coordinación entre las consellerias con competencias en materia de Sanidad y en materia de Igualdad y Políticas Inclusivas para proporcionar una atención integral a la salud mental, mediante el desarrollo de programas transversales e interdisciplinares que garanticen la continuidad de cuidados y disminuyan la variabilidad entre los departamentos de salud.
En síntesis, estas modificaciones, como tales, cambian de manera notable una forma de hacer política y de entender la sociedad. Una sociedad compuesta por ciudadanos y ciudadanas con derechos no sujetos ni a su situación económica ni a los balances empresariales. Para eso elabora leyes este gobierno: para cambiar las cosas.
