Un mundo sin megaempresas ni copyright
El politólogo holandés Joost Smiers rechaza abiertamente el copyright y las patentes. Publicó dos libros en español sobre esta espinosa cuestión: Imagine… no copyright y Un mundo sin copyright. En 2019, Smiers vuelve a la carga con Romper con las megaempresas, un manual de resistencia y de acción contra el neoliberalismo que pone el foco en las multinacionales. Imaginen un mundo sin megaempresas… si no pueden, lean esta entrevista con el vehemente Joost Smiers.
ANDRÉS LOMEÑA: La Comisión Europea ha impedido la adquisición de Alstom por parte de Siemens. Me imagino que celebra esta decisión, pero me pregunto si deberíamos promover algunas fusiones para hacernos fuertes en el mercado global.
JOOST SMIERS: Para muchas personas, la primera reflexión sería como sigue: está claro que deberíamos defender nuestras industrias nacionales y centros de servicio contra las absorciones de empresas chinas, estadounidenses o extranjeras. El remedio pasaría por hacerlas lo suficientemente fuertes como para resistir la invasión de corporaciones que vienen de otras partes del mundo. Sin embargo, me temo que, al diseñar fusiones europeas, creamos dos problemas en lugar de resolver uno. El primer problema es que, por muy grande que sean las empresas europeas, nunca serán lo suficientemente fuertes como para mantenerse a distancia de multinacionales con muchos más recursos económicos. El segundo problema es más importante si cabe. Nuestras economías no deberían dejarse gobernar por un puñado de empresas trasnacionales. Como ciudadanos no tenemos ninguna influencia en cómo se comportan, ya sea económica o medioambientalmente, ni tampoco en lo que se refiere a derechos humanos, relaciones laborales o transacciones financieras. No controlamos lo que se permiten hacer dentro de la compleja cadena de producción de bienes y servicios. Con empresas demasiado grandes e influyentes, las decisiones democráticas de los ciudadanos sobre la vida económica carecen de sentido.
La consecuencia lógica debería ser la de preocuparse por no tener megaempresas en lugar de dejar que se fusionen. Podemos hacerlo aplicando políticas competitivas mucho más activas: las empresas que sean demasiado grandes e influyentes deberían dividirse en muchas partes para que los ciudadanos y los estados puedan controlarlas mejor. Así, la pregunta apropiada es: ¿cómo prevenir que esas empresas trasnacionales se apoderen de la vida económica de los países europeos? La respuesta a este desafío es más evidente de lo que muchas personas creen. Disponemos de herramientas para prevenir que ciertas multinacionales interfieran en nuestro banquete democrático. Si los reguladores de la competencia observan que una sociedad de inversión, ya sea de dentro o de fuera de Europa, intenta adquirir una entidad, deberían someterla a los mismos estándares reguladores de la competencia, al igual que hacemos con todas las fusiones. Una empresa demasiado grande e influyente no debería estar autorizada a hacerse con ninguna entidad europea.
Al hacer esto ganamos dos batallas. La primera es hacer que los estados, en nombre de la ciudadanía, puedan controlar las empresas. La segunda es mantener a raya las influencias extranjeras. Mi respuesta vale para la propuesta de fusión en Alemania de Deutsche Bank y Commerzbank. Uno de los argumentos para llevarla a cabo es que un banco de semejante tamaño puede servir mejor a las grandes empresas. Si no tuviéramos esas megaempresas, ya no sería necesario tener grandes bancos. Sería preferible tener bancos de un tamaño relativamente mediano que conozcan a sus clientes y sus propias operaciones. A propósito, no existe ningún argumento económico válido por el que las empresas tuvieran que ser gigantes que dominan el mercado. El otro argumento a favor de la fusión es que los dos bancos tienen un largo pasado de prácticas fraudulentas e incompetencia. Eso no cambiará cuando se unan. Una solución más racional sería controlarlos mejor y en última instancia hacerlos más pequeños para que sean más controlables.
A.L.: Propone un Tribunal Penal Internacional para Empresas. ¿No existen ya esas instituciones?
J.S.: Supongo, pero no soy el único que encuentra espantoso que las personas que cometen fraudes escapen a la justicia. Sin embargo, eso es justo lo que ocurre en la actualidad a una escala masiva. Las empresas no son ángeles, y cuanto más grandes sean, mayor facilidad tendrán para cometer crímenes y evitar el castigo. ¿En qué tipo de crímenes estoy pensando? Me vienen a la mente los de tipo ecológico, contra los derechos humanos, los laborales y los fraudes relacionados con actos criminales. Si se descubren, la mayoría de las empresas pagará una multa y ahí acabará todo. El comportamiento de ciertas multinacionales es intrínsecamente incontrolable y por ese motivo deberíamos dividirlas en empresas más pequeñas.
Por supuesto que deberíamos tener un Tribunal Penal Internacional para Empresas, y explicaré por qué motivo, pero antes deberíamos saber que los crímenes cometidos por las empresas los llevan a cabo gente de carne y hueso. Es intolerable que la fiscalía no siente en un tribunal a la mayoría de esas personas. Es triste constatar que la impunidad corporativa es la norma, y para las multinacionales, así es como debería ser. ¿Por qué cualquiera que sea sospechoso de un crimen debería sentarse ante un tribunal mientras que las personas de una empresa que cometen crímenes no? No hay justificación posible. Esto no afecta solo a los CEOs, sino a todas las personas de una empresa que sean responsables de crímenes. Nos enfrentamos a un obstáculo enorme porque las multinacionales operan en todas partes y sus cadenas de mando y responsabilidad son complejas y casi incomprensibles para la fiscalía. En definitiva, deberíamos encontrar una respuesta global a la impunidad corporativa.
Tenemos que dar cuenta de la responsabilidad moral en ese hipotético Tribunal Penal Internacional para Empresas responsables de crímenes. Algunas personas podrían alegar que para eso ya está el Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, este organismo se creó para juzgar casos de genocidio. Los crímenes cometidos por personas reales en las empresas pertenecen a otra categoría y exigen un tratamiento diferenciado, así como otro know-how y una experiencia distinta por parte de jueces y fiscales.
A.L.: ¿Cómo ve la idea de un salario máximo? Sam Pizzigati aboga por él. Se podría aplicar esa misma medida a los alquileres, ¿no cree?
J.S.: ¿Estás de broma? ¿Quién va a implantarlo y mantenerlo? En realidad, se pueden devolver los desorbitados salarios a niveles más normales sin un salario máximo. Esto implicaría que el ingreso más alto no sea de más de cinco veces el salario medio de la empresa. ¿Cómo se logra ese objetivo? Imagina lo que ya propuse antes: dividimos las megaempresas en partes más pequeñas mediante políticas activas en materia de competencia. El resultado será que en todas las ramas de la industria y el comercio encontraríamos muchas empresas que estarían en igualdad de condiciones para competir con las demás: nadie dominaría el mercado. Los beneficios de esas empresas caerían a niveles más modestos, lo suficiente para mantener sus actividades y un poco para invertir. Lo que ocurriría con esos niveles de beneficio es que no habría dinero disponible para pagar un bonus o un salario excesivo a los CEOs ni a la directiva. Tendrían lo justo, que será, como ya he dicho, unas cinco veces el salario medio de los trabajadores.
Vamos ahora a los precios máximos para el alquiler de vivienda, lo que implica un control del alquiler. ¿Deberíamos temer un mercado negro? Sí, desde luego. Pero también hay una solución. En primer lugar, hay que ser conscientes de que la fuga de capitales, el fraude y el mercado negro no se detendrán si se abre el mercado de la vivienda a la especulación. En segundo lugar, deberíamos saber que esas prácticas solo pueden pararse si las controlamos en su totalidad, y me refiero a todos los movimientos de capital: ¿de dónde vienen, cómo se ganan, cuál es su destino? Solo así podremos parar las transacciones ilegales. Seamos claros: los gobiernos que rechazan introducir controles estrictos declaran que no lo hacen para que las personas ricas y las grandes empresas roben grandes cantidades de dinero al resto de la población, pero puede ser aún peor y que admitan algún interés en el hecho de que los ricos evadan los impuestos correspondientes.
A.L.: Se ha mostrado a favor de un salario garantizado en forma de impuesto negativo. Creo que James Tobin propuso algo similar, pero me preocupa que economistas como Milton Friedman tantearon esa idea como un modo de adelgazar los servicios públicos.
J.S.: Hay una gran diferencia entre la idea de una renta básica, muy atractiva en la actualidad, y lo que yo propongo, un impuesto negativo sobre la renta. Si cada ciudadano tuviera una renta básica, muchas personas que no la necesitan la obtendrían. Esto sería un desperdicio de dinero por problemas (la falta de recursos) que no se dan en la mayoría de los ciudadanos, al menos no en los países opulentos. Sin embargo, hay personas que no ganan nada o que están por debajo del salario mínimo que existe en su país. En la mayoría de los países donde hay algún tipo de asistencia social para esos casos, se pueden ver dos desventajas. La primera es que las personas están sometidas a absurdas formas de intromisión y control de sus vidas. La segunda es que los servicios sociales los vuelven inactivos y prisioneros de las ayudas, y la mayoría de ellos ni siquiera puede aceptar un pequeño trabajo. Están “dentro” o “fuera” del sistema de ayudas. Eso no refleja la realidad de muchas personas que se ven obligadas a trabajar como trabajadores flexibles, tanto si les gusta como si no. A veces, esas personas tienen ingresos razonables y no necesitan la ayuda de los servicios sociales, pero la mayor parte del tiempo ingresan cantidades muy variables y no llegan a al salario mínimo.
El atractivo de un impuesto negativo sobre la renta es que Hacienda verá a final de año lo que has ganado. Si es menos del salario mínimo, obtendrás lo que falta. Las ventajas están muy claras. Se acabará con las formas deshumanizadoras de control de la vida de los ciudadanos que no tienen la suerte de hacerlo bien dentro del mercado de trabajo. Además, minimiza la oportunidad de cometer fraude: tienes que mostrar lo que ganaste. Pero lo más importante es que estimula a las personas a trabajar, a tener iniciativas y a asumir riesgos, y si fracasan a la hora de ganar lo suficiente, quizás el siguiente año sea mejor, pero no están condenados a quedarse sentados en casa.
Es inevitable responder a lo que dices de Milton Friedman. La propuesta de un impuesto negativo sobre la renta no tiene nada que ver con nuestro deseo colectivo de que el estado organice los servicios públicos como la educación, la sanidad o el transporte. Todo eso puede sufragarse cuando la gente paga lo que le corresponde en forma de impuestos. La propuesta tiene el único propósito de proteger a las personas de la pobreza, de estimularlos para que sean emprendedores y de evitar que sufran formas de control del todo impropias.
A.L.: Ha escrito ampliamente contra el copyright. ¿Tiene algún plan trazado para poder abolirlo? Hasta ahora, las licencias Creative Commons o el movimiento del software libre no han cambiado sustancialmente el sistema. Con semejante postura, me pregunto si las editoriales habrán querido publicar sus obras.
J.S.: Hasta ahora, las grandes editoriales han sido miopes a la hora de publicar mis libros. Han perdido una oportunidad. ¿Por qué? Tenemos que prepararnos para el futuro y pensar de otro modo.
Una de las partes sustanciales de mi análisis es, en efecto, que tenemos que abolir los derechos de propiedad intelectual, además de lo que ya he expuesto sobre políticas activas de la competencia. Tienes razón cuando afirmas que las licencias Creative Commons o el software libre no han sido respuestas a los retos actuales porque mantienen el sistema de derechos de autor y de patentes en su sitio. Dicho esto, mitigan sus efectos, así que lo respeto. ¿Por qué resulta urgente abolir los derechos de propiedad intelectual? Bueno, el problema está en la propiedad: se privatiza la creatividad y nuestro conocimiento colectivo. Seamos honestos: se avanza a hombros de gigantes, mediante esfuerzos comunes y gracias a la investigación y la educación financiada públicamente. La consecuencia fatal de esta privatización es que nadie más puede usar la creatividad o el conocimiento que está patentado o con derechos de autor. Ese manantial de conocimientos y creatividad se queda sin usar durante décadas. Es una oportunidad perdida para la sociedad.
Hay muchos otros argumentos para abolir el sistema de derechos de propiedad intelectual, pero me llevaría demasiado espacio ponerlo en contexto. Con mi propuesta de abolición, las personas se pueden preguntar: ¿cómo conseguiremos nuevos inventos si estos no pueden protegerse para que recuperen su inversión? Déjame que aclare esto con el ejemplo de las industrias farmacéuticas. Cada vez más personas se indignan frente a los precios abusivos que esas industrias piden por los medicamentos, o por el hecho de que se centran más en el mercado que en la salud de los ciudadanos, lo cual nos lleva a una pregunta urgente: ¿aún necesitamos tener esas industrias farmacéuticas? ¿Podríamos hacer lo mismo sin ellas? Mi análisis indica que podemos hacerlo mejor sin las actuales industrias farmacéuticas. ¿Cómo? La investigación para obtener nuevos medicamentos puede hacerse fácilmente en la universidad o en otros laboratorios independientes. Nosotros proporcionamos fondos públicos para financiar esa investigación. Las decisiones sobre el tipo de enfermedad que ha de investigarse deben tomarse por personas independientes del mundo de la medicina y de las instituciones sociales. Todos los hallazgos estarían libremente disponibles. Es decir, sin patentes. A continuación, algunas empresas con ese conocimiento podrían fabricar medicamentos que puedan venderse a las farmacias y los hospitales, solamente por el coste de producción y algo más en concepto de beneficios. Nada más. La consecuencia será que el precio de los medicamentos será sustancialmente más bajo que en la actualidad.
A ese precio se añadiría un pequeño recargo. Esa cantidad de dinero iría a los fondos públicos para la investigación. Es nuestro dinero y con él se desarrollarán medicamentos a partir de decisiones tomadas por personas que nos representan. Mi propuesta tiene muchas ventajas. La sanidad tendría un precio mucho más razonable. El conocimiento que viene de la investigación ya no sería un prisionero de las patentes, sino que pertenecería al dominio público. Así tendríamos medicamentos que respondan a nuestras necesidades, no a la de los mercados. Otro aspecto ventajoso es que el mercado no desempeñará ningún papel en las decisiones sobre el desarrollo y uso de los medicamentos. Lo que propongo es un cambio radical, pero espero que esto estimule a los institutos de investigación económica, social, legal, médica y farmacéutica para llevar mi propuesta más allá. Sí, tiene consecuencias, pero merece la pena devolver los medicamentos a manos públicas porque esas decisiones conciernen a nuestra salud, no a los beneficios de inversores privados.
A.L.: Pues sí, menudo cambio radical...
J.S.: Ya, lo que propongo es bastante radical. Muchas personas estarán de acuerdo, aunque se mantendrán escépticas sobre si mis propuestas se materializarán algún día. En este sentido, la historia nos enseña algunas lecciones. Nadie en Berlín o en el resto del mundo pudo imaginar en 1989 que caería el muro. Lo que parece inamovible puede cambiar. Te pongo otro ejemplo: hasta finales de los setenta del pasado siglo imperaban las teorías económicas de Keynes, y casi nadie pudo imaginar que no fueran para la eternidad. Sin embargo, el neoliberalismo llegó al cabo de unos años. Las cosas cambian de forma radical e inesperada. Lo que intento es prepararnos intelectualmente para el futuro.
