Un juzgado investiga a una exdirigente de Vox por difundir un vídeo de víctimas de una presunta agresión sexual
Se trata de Cristina Seguí. La Fiscalía presentó una denuncia en noviembre al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la intimidad.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia investiga a la exdirigente de Vox y presidenta de Gobierna-te, Cristina Seguí, por la publicación y/o difusión de un vídeo en sus redes sociales sobre las menores víctimas de una presunta agresión sexual supuestamente por parte de cinco adolescentes de entre 15 y 17 años en la localidad valenciana de Burjassot.
Según ha informado la organización de consumidores Facua en un comunicado, Seguí prestó declaración en el juzgado el pasado 22 de diciembre.
La sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ya abrió en junio diligencias de oficio contra Seguí por estos hechos y por los comentarios que se hicieron sobre ellos. Facua aportó entonces al ministerio público certificados digitales de los mensajes publicados por la denunciada tanto en Twitter como Telegram, que también obran en poder de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
En estos mensajes, según apunta la organización, Seguí insertó distintas versiones de un vídeo donde las niñas de 12 y 13 años supuestamente agredidas sexualmente el 16 de mayo en Burjassot hablaban con una amiga, también menor.
La denuncia de la Fiscalía
Fiscalía presentó finalmente denuncia en noviembre por la difusión del vídeo al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la intimidad, tipificado en los artículos 197 y siguientes del Código Penal, y/o un delito de odio, recogido en el artículo 510.1. El caso ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, que investiga a la exdirigente de Vox y en el que las pruebas enviadas por Facua han sido incorporadas a la investigación.
En la parte de la denuncia presentada por Facua ante la AEPD, este organismo requirió al inicio a Seguí que borrase los mensajes en los que había insertado el vídeo donde se mencionaba el nombre de una de las menores y el primer apellido de otra, aparecía el nombre de usuario en Instagram de una de las víctimas y, durante un momento, podían verse las caras de dos de las niñas que conversaban.
Sin embargo, tras borrar los mensajes, volvió a publicar el vídeo en otra versión, con las imágenes pixeladas, “lo que en cualquier caso no impedía que las menores pudiesen ser reconocidas por el resto de datos personales que aparecían en él”, sostiene la organización.
Cinco menores, de entre 15 y 17 años, fueron arrestados y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores por su presunta implicación en la agresión sexual. El ministerio público reclamó el internamiento de cuatro de ellos en régimen cerrado pero el juzgado ordenó su libertad vigilada con órdenes de alejamiento, una decisión recurrida por la Fiscalía.