Trump necesita ganar para asegurarse la impunidad y no enfrentarse a penas de prisión

El New York Times publicó un reportaje que explica al detalle las declaraciones de la renta de Donald Trump a lo largo de dos décadas. Ahora no solo se conocen los poquísimos impuestos que ha pagado el presidente, sino que también queda claro que necesita ganar las elecciones del 3 de noviembre para esquivar los juicios y las responsabilidades derivadas de las ingentes deudas que ha acumulado.

Las declaraciones de la renta de Trump y su negativa a hacerlas públicas ha sido motivo de escrutinio político desde que decidió presentarse a la presidencia en 2015, pero sus problemas financieros y legales se remontan mucho más atrás: durante la última década, se ha enfrentado a una auditoría del Servicio de Impuestos Internos por un reintegro tributario de 72,9 millones de dólares que reclamó en 2010.

Este reportaje suscita bastantes preguntas sobre si Trump violó las leyes federales evadiendo impuestos y, según expertos legales y éticos, podría explicar por qué el presidente se ha esforzado tanto en evitar que sus cuentas se hagan públicas.

“Los registros financieros de Donald Trump son la Piedra de Rosetta para comprender la magnitud de su corrupción y sus delitos”, ha asegurado en Yahoo News Michael Cohen, quien ha ejercido durante años como abogado personal de Trump. “Cuanto más se desvele, más al descubierto quedará él. Por eso se ha esforzado tanto en ocultarlo”.

El reportaje del New York Times también señala que existe la posibilidad de que la auditoría a Trump haya quedado “en pausa” por el hecho de ser presidente, lo que implicaría que todo este asunto no se resolvería hasta que Trump dejara el cargo.

El Servicio de Impuestos Internos no ha querido confirmar ni desmentir que haya puesto en pausa la auditoría a Trump y tampoco existen pruebas todavía de que Trump haya intervenido en esa presunta pausa. (Incluso la persona designada por Trump para dirigir el Servicio de Impuestos Internos ha rebatido la afirmación del presidente de que no puede publicar sus declaraciones de la renta por la auditoría).

Sin embargo, el hecho de que presuntamente esté en pausa respalda una de las tendencias más firmes de la presidencia de Trump: sus esfuerzos por utilizar su autoridad para esquivar el escrutinio legal y sacar provecho financiero, como si la Casa Blanca fuera la baza que le queda para no ir a la cárcel.

Según opinan desde la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia, Trump y sus abogados han afirmado en reiteradas ocasiones que no le pueden acusar judicialmente porque es el presidente, lo que, según ellos, le escuda ante cualquier litigio federal, estatal e incluso civil. Gracias a ello, hasta ahora ha escapado de sus acusaciones de agresión sexual, presunta difamación y otras preguntas sobre sus finanzas.

Todo esto hace que el presidente tenga un buen incentivo para mantenerse en el cargo.

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Las cifras publicadas en el reportaje del New York Times “coinciden con lo que hemos visto durante su presidencia, y es que Trump ha hecho todo lo posible por doblar o romper la ley para su beneficio financiero y personal”, sostiene Donald Sherman, director adjunto del grupo de vigilancia civil Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

“Creo que esto confirma que seguirá utilizando las herramientas del Gobierno y su cargo de presidente para evitar el escrutinio legal”, añade.

Los abogados de Trump han esgrimido ese argumento de forma reiterada en casos que giraban en torno a sus impuestos, sobre todo en Nueva York, donde el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., lleva un tiempo solicitando registros como los publicados en el New York Times.

Los expertos legales consideran discutible la estrategia de defensa de Trump. De hecho, en julio, el Tribunal Supremo rechazó en dos ocasiones el argumento de que es inmune ante citaciones legales o parlamentarias que podrían haberle forzado a publicar las declaraciones de la renta y que habrían mostrado pruebas de su evasión de impuestos y otros delitos.

Pese a todo, el fallo del tribunal hace improbable que los documentos oficiales vean la luz antes de las elecciones. La citación de Vance, que exige ocho años de la declaración de la renta, sigue pendiente gracias a una apelación de Trump. El fallo también ha forzado a los demócratas del Congreso a acudir a tribunales inferiores a alegar que sus esfuerzos para que Trump publique sus declaraciones de la renta reunían todos los requisitos exigidos por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Trump y sus abogados han esgrimido el argumento de la inmunidad en casos de presunta difamación y agresión sexual que involucran al presidente: en mayo, los abogados del presidente alegaron que Summer Zervos, una mujer que ha acusado a Trump de manosearla y besarla, no podía llevarle a juicio porque es inmune mientras siga en el cargo.

En septiembre, el fiscal general William Barr trató de intervenir para proteger a Trump de la escritora E. Jean Carroll, que acusó al presidente de violarla en los años 90. El Departamento de Justicia defendió la intervención de Barr porque Trump estaba “ejerciendo sus funciones” de presidente cuando tachó a Carroll de mentirosa.

Que el Tribunal Supremo negara que Trump es inmune por el hecho de ser presidente fue un golpe para su equipo legal, asegura Richard Painter, catedrático de Derecho en la Universidad de Minnesota.

Sin embargo, “como controla el poder ejecutivo, puede utilizar a Barr y a la oficina entera del fiscal general para asegurarse de que no le investiguen, y es lo que está haciendo”, explica Painter. “Mientras siga en la presidencia, podrá ―ilegalmente, pienso― evitar que lo investiguen a él y a sus negocios por abuso del poder y esperar que los tribunales le den la razón”.

El cargo que ocupa Trump también le permite contar con otra entidad protectora: su campaña electoral. Ha gastado dinero donado a la campaña y al Comité Nacional Republicano para sufragar los gastos legales que genera su defensa, la de sus hijos y la de sus empleados, tal y como detalla el New York Times.

Los fondos para la campaña ayudaron a pagar el salario de abogados para Trump, su familia y sus colaboradores más cercanos cuando el fiscal especial Robert Mueller les interrogó durante la investigación de la trama rusa. Del mismo modo, estos fondos sirvieron para pagar al equipo legal que representó a Trump durante su impeachment en el Senado. El dinero de las donaciones también ha servido para pagar a abogados para demandar a exempleados como Sam Nunberg, Cliff Sims, Omarosa Manigault Newman y Jessica Denson por romper presuntamente unos acuerdos de confidencialidad.

Manigault Newman escribe en su libro que la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano también pagaron a otros excolaboradores del presidente para que firmaran unos acuerdos de confidencialidad. Publicó pruebas de que Lara Trump, nuera del presidente, le ofreció 15.000 dólares al mes durante la campaña de reelección a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad de su periodo en la Casa Blanca. Otro excolaborador de Trump que cobró dinero de su campaña es su exguardaespaldas, Keith Schiller, que recibió 500.000 dólares por una asesoría cuyos detalles no se especifican.

Todos estos pagos han hecho que Trump ni siquiera tenga que gastar dinero de su bolsillo para silenciar las críticas, tanto las reales como las futuribles.

El New York Times informa de que Trump acumula una deuda de 300 millones de dólares cuyo plazo finaliza a lo largo de los siguientes cuatro años, lo que sugiere que el presidente tendrá problemas para deshacerse de sus cargas financieras a no ser que consiga permanecer en la Casa Blanca.

Las declaraciones de la renta que ha publicado el New York Times no especifican a quién le debe Trump ese dinero, pero es poco probable que un prestamista extranjero delate a un presidente de Estados Unidos con tanta influencia para devolverle el dinero al instante. Aunque Trump menciona a sus acreedores en las declaraciones financieras que lo requieren ―y esto incluye al gigante alemán Deutsche Bank― hay mucho que no revela, asegura Painter: las deudas de Trump son preocupantes porque no se sabe a quién le debe dinero y qué influencia tienen estos acreedores sobre él.

“Se encuentra en una situación financiera muy precaria”, sostiene Painter. “Y en realidad no sabemos a quién le debe dinero. Si Deutsche Bank hace un préstamo, no sabes si es Deutsche Bank quien ha asumido el riesgo del préstamo o si alguien más se ha comprometido a asumir una parte, o todo”.

Eso supone un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos y subraya la incertidumbre legal y financiera a la que se podrían enfrentar Trump y su red de negocios si pierde en noviembre.

“Cuando deje de ser presidente, no sabemos qué ocurrirá”, comenta Painter. “Y él tampoco lo sabe, así que le interesa seguir en el cargo para mantener a flote esos negocios. En cuanto deje de ser presidente, le empezarán a reclamar todas las deudas y podría haber muchas investigaciones”.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.