Trump invocó el privilegio ejecutivo para retrasar la entrega de material al FBI

El exmandatario estadounidense Donald Trump (en el cargo entre 2017 y 2021) intentó aferrarse al privilegio ejecutivo para retrasar que los Archivos Nacionales entregaran al FBI documentos clasificados que habían recibido en enero y que estaban en su mansión de Florida.

Los Archivos difundieron esta pasada noche una carta firmada por su directora interina, Debra Steidel Wall, y enviada el 10 de mayo a Evan Corcoran, abogado de Trump, en la que le denegaba una extensión del plazo alegando que no había razón para que el expresidente estuviera protegido por ese privilegio.

Las 15 cajas en propiedad de los Archivos Nacionales habían sido recibidas el pasado enero después de los intercambios mantenidos por esa institución y los exletrados del antiguo mandatario ante la supuesta falta de documentos oficiales.

Los Archivos encontraron en el material entregado información considerada de seguridad nacional, alguna de ella bajo la etiqueta de “top secret”.

En la misiva publicada este martes se recuerda a la actual defensa de Trump que el Departamento de Justicia les había explicado el 29 de abril que en ese material había unos 100 documentos clasificados, incluidos en ellos “más de 700 páginas.

El Departamento de Justicia subrayaba que acceder a ellos era necesario no solo en el marco de la investigación en marcha, sino también para evaluar el daño potencial que podría resultar por haber sido trasladados y conservados sin seguir los cauces habituales tras haber dejado el poder en 2021.

Cuando los Archivos Nacionales informaron al Departamento de Justicia del material en su haber, este les pidió que lo pusieran en manos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de otros servicios de inteligencia.

Trump intentó retrasar la fecha de entrega y consiguió en un primer momento que esta pasara de la semana del 18 de abril a la del 29 de ese mes, pero después solicitó una prórroga para comprobar si algunos de esos documentos podrían estar bajo el amparo de ese privilegio.

La carta de los abogados del 29 de abril establecía que en caso de que no les dieran más tiempo para revisar los registros antes de que los Archivos los divulgaran se debía considerar esa misiva como un alegato del privilegio ejecutivo.

Pero la respuesta de los Archivos, divulgada hoy, fue clara: no se le reconocía ese privilegio y no había razón para retrasar más tiempo la entrega al FBI y al resto de servicios de inteligencia implicados.

Trump está investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos.

Su mansión de Mar-a-Lago fue registrada por el FBI el 8 de agosto. La orden de registro evidenció que el exmandatario se llevó material clasificado de la Casa Blanca a esa residencia.

Trump solicitó este lunes a una corte de Florida supervisión sobre el registro “ilegal e inconstitucional” efectuado el pasado 8 de agosto en su casa de Mar-a-Lago, que incluye la designación de un “maestro especial” a cargo, un recibo más detenido de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial.

El juez federal se inclina a publicar, tapando las partes sensibles, pero esperará a conocer la propuesta de edición que le entregue la Fiscalía -tiene de plazo hasta este jueves para hacerlo- antes de decidir.

Aclárese

También esta madrugada se ha sabido que una jueza federal ha pedido a Trump que precise la solicitud que hizo a un tribunal de Florida sobre una supervisión independiente en torno al registro de su casa. Según los archivos judiciales, la jueza Aileen Cannon señala que para llevar a cabo la supervisión solicitada de un perito independiente los abogados de Trump deben presentar documentos adicionales y da plazo hasta el viernes para hacerlo. La jueza hace preguntas sobre jurisdicción, “la reparación precisa que se busca”, incluida cualquier solicitud de medida cautelar.

Trump, quien en este caso está representado por la abogada Lindsey Halligan, según el expediente, solicitó el lunes en una corte federal de West Palm Beach la designación de un “maestro especial”, que es un perito independiente para seguir el caso de Mar-a-Lago. Pidió un recibo más detallado de lo decomisado durante el registro, que considera “ilegal”, y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial. Trump insistió, además, en que “todos” los documentos que se llevó de la Casa Blanca a su residencia habían sido previamente desclasificados.

El expresidente acumuló más de 300 documentos clasificados en su residencia de Florida, indicaron al diario The New York Times múltiples fuentes con conocimiento del asunto.