“Existe un relato falso que plantea una Transición en la que no hubo lucha ni represión”

El pasado 25 de mayo, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, acudió en Madrid a la presentación del número de mayo de la revista Sàpiens. Su asistencia no era casual; la revista abría con un reportaje titulado Las víctimas olvidadas de la Transición, elaborado por el historiador David Ballester a raíz de una investigación más extensa que había publicado anteriormente bajo el título Las otras víctimas, editado por Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Allí, Martínez López anunció que, si se aprobaba la Ley de Memoria Democrática, “se va a constituir una comisión para analizar todas las vulneraciones de los derechos humanos que se producen entre los años 1978 y 1982-1983”. “La investigación que acabas de publicar –dijo dirigiéndose a Ballester– va a ser valiosísima para esclarecer y buscar las fórmulas de resarcimiento”. 

Un mes después, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, anunciaba que su partido apoyaría la Ley de Memoria Democrática al alcanzar un pacto con el PSOE por el que se ampliaba el límite temporal de la norma para investigar lo ocurrido hasta 1983. Esa misma Ley se aprueba este jueves en el Congreso. 

Una comisión estudiará la vulneración de derechos hasta 1983

No se sabe qué escamó más a la derecha, si la entrada de Bildu en la ecuación o la sola mención al período de la Transición (1975-1982), pero en cualquier caso el anuncio produjo una oleada de reacciones que todavía hoy se sienten. Las críticas llegaron incluso de figuras históricas del PSOE, como el expresidente Felipe González, que expresó su malestar con la norma. Otras ‘viejas glorias’ del socialismo, como el expresidente del Senado Juan José Laborda y el exministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas, firmaron un manifiesto en el que pedían que se retirara el proyecto de ley, al considerar que “tergiversa” el “gran pacto constitucional” de 1978.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ya han salido al paso de estas críticas en diferentes ocasiones, básicamente pidiendo a sus ‘mayores’ que lean el texto de la ley antes de comentar.

Por lo que se ha conocido hasta ahora, la ley hace referencia a la Transición como un momento en el que pudieron “persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”. Por ello, se incluye una disposición adicional en la que se plantea “la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983 para señalar posibles vías de reconocimiento y reparación”.

“Aspectos positivos” y “limitaciones evidentes” de la Ley

El historiador David Ballester, autor de Las otras víctimas, considera que la Ley de Memoria Democrática que está a punto de ser aprobada “tiene aspectos positivos”, pero también “algunas limitaciones evidentes”. “Siempre dependerá de la aplicación que se haga, y de la voluntad política que haya de llevarla a sus máximos extremos”, señala. 

En su investigación, Ballester identificó a las 134 víctimas mortales de la violencia policial que hubo en España sólo en el período de 1975 a 1982. “La Policía mataba a un ciudadano cada 20 días como resultado de un exceso”, dice.

Que su trabajo pueda verse reflejado en una ley, como le prometió en su momento el secretario de Estado de Memoria Democrática, le hace sentir cierta satisfacción, e incluso alivio, al pensar que más de un centenar de víctimas de violencia institucional podrán por fin ser sacadas del olvido, casi medio siglo después. Pero Ballester tampoco puede evitar las suspicacias. 

Víctimas que sí y víctimas que no

El historiador no acaba de entender por qué el texto de la ley menciona a las víctimas de la Transición que lo fueron “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”. “En la Transición hubo una verdadera lacra de excesos policiales que se cobraron más de cien vidas; entonces, ¿quién va a tomar la responsabilidad para dirimir cuáles de las víctimas de la violencia policial se merecen un reconocimiento porque lucharon por la democracia?”, plantea Ballester. “Los tres chicos del caso de Almería iban a una comunión, no iban a luchar por la democracia, pero fueron salvajemente asesinados. ¿Esta gente se va a quedar fuera?”, se pregunta.

Los “tres chicos de Almería” fueron Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo, tres amigos veinteañeros que en mayo de 1981 cogieron el coche de Santander a Almería para asistir a la comunión de Francisco Mañas. Nunca llegaron. La Guardia Civil interceptó su vehículo al confundirlos, supuestamente, con etarras. Sus cuerpos aparecieron, horas después, torturados, mutilados y calcinados en el interior del coche.

Como ellos, la mayoría de las víctimas que documenta Ballester no estaban implicadas en política. Simplemente tuvieron la mala suerte de cruzarse con agentes que mataban porque sí, “por un policía borracho en la barra de un bar o de una discoteca, por una discusión entre vecinos, o en un control, o en un intento de detención o de identificación”, detalla el historiador.

Una represión policial “arbitraria y brutal”

En su investigación, David Ballester distingue entre quienes murieron por gatillo fácil –91 víctimas–, en manifestaciones –38– o por torturas –5 personas muertas–. Incluso de las casi cuarenta víctimas que murieron por la represión en protestas, “diez no eran manifestantes”, puntualiza el historiador. “Son víctimas colaterales que demuestran lo arbitrario y lo brutal de la represión policial de entonces”, explica. De ahí su duda sobre si serán o no reconocidas por la nueva ley de Memoria. “¿Se van a quedar al margen por no ir gritando ‘amnistía’ y ‘libertad’, aunque los mataran de un palo o de un pelotazo de goma?”, se pregunta. 

“Si esta gente hubiera vivido en Alemania, no la habrían matado, porque allí las fuerzas no actuaban con esa mala praxis brutal e impune heredada del franquismo”, zanja Ballester, que en todo caso tiene claro que fueron “víctimas de un tratamiento injusto por parte de funcionarios del Estado”.

En general, Ballester echa en falta una mayor precisión en la redacción del proyecto de ley. “Lo del 78 al 83 queda en una especie de limbo, en una nebulosa que habrá que ver cómo lidian”, dice. Confía, de algún modo, en que cuando la comisión de expertos se reúna para estudiar los casos vean que el criterio de reconocer a las víctimas por su defensa de los valores democráticos es “muy reduccionista”. “Espero que se les encienda una luz al darse cuenta de que así se dejan otra vez a mucha gente en el cuarto oscuro de la historia”, sostiene Ballester. 

El historiador recuerda otro de los casos más mediáticos que ha investigado, el conocido como caso de Pamplona, en el que murió Germán Rodríguez, un joven de 23 años. Era San Fermín, y un grupo de jóvenes irrumpió en una plaza de toros con una pancarta en la que se pedía “Amnistía total”. El revuelo de la plaza dio paso a la intervención de la policía, que lanzó “botes lacrimógenos, balas de goma y fuego real de manera indiscriminada”, recoge Ballester en su investigación.

Los enfrentamientos entre policía y manifestantes fueron a más, y la policía acabó disparando con sus fusiles de asalto. Una de las balas dio a Germán en la cabeza, que murió. “Le pegaron un tiro cuando estaba escondido detrás de un coche. ¿Estar escondido detrás de un coche para que no te maten es luchar por la libertad?”, plantea Ballester. 

En su opinión, “hay que establecer categorías y reconocer que durante la Transición, aunque no era el franquismo, hubo una represión muy dura”. “He sido muy criticado por decir que no creo que eso sea terrorismo de Estado, creo que es violencia institucional, pero en todo caso hay que repararlo”, admite. 

Un relato sobre la Transición “edulcorado”

David Ballester no comparte en absoluto el “relato edulcorado” de la Transición como un periodo “ejemplar” en la historia de España, tal y como lo definen incluso desde el PSOE actual. “Ese punto de vista es completamente maniqueo y no se sostiene por ningún lado, empezando porque sólo con las víctimas del terrorismo, nos vamos a casi 500 muertos. Pero si además se le suman las 134 víctimas de la violencia policial más muertes por funcionarios de prisiones, ya tenemos más de 630 víctimas. Es absurdo mantener el discurso de la Transición ejemplar con este coste de sangre”, lamenta. 

A Ballester le parece llamativo que en “todas las biografías de los protagonistas de la Transición” haya una “ausencia total de calle”. “En ningún momento se presenta la Transición como lo que fue: un período de movilizaciones, de lucha, de represión, con un coste brutal de víctimas mortales, heridos, detenidos, torturados. En este relato edulcorado, la calle desaparece por completo, en tanto en cuanto si no fuera por la calle difícilmente los herederos del franquismo hubieran pactado lo que pactaron con los demócratas”, dice.

“La única fuerza que tenían los demócratas era la calle; no tenían ningún poder, pero tenían toda la legitimidad democrática; mientras que los que procedían del franquismo tenían todo el poder, pero no tenían ninguna legitimidad democrática”, ilustra Ballester. “En este relato, se comete la falsedad de plantear una Transición en la que no hubo lucha, no hubo conflicto y no hubo calle, lo cual es un intento de falsear”, critica.  

“En Europa el fascismo fue derrotado; en España, no”

Cuando a David Ballester se le pregunta por su visión general sobre la Ley de Memoria Democrática, siempre menciona dos aspectos que considera claves. El primero es la “vergüenza” que debería sentir España como país por no haber alcanzado un pacto de Estado para “poner solución a temas que llevan candentes 40 o 50 años”, para “asumir un pasado, resarciendo a las víctimas simbólica y económicamente”. El segundo aspecto tiene mucho que ver con el primero, con la “vergonzosa actitud que está teniendo la derecha, ahora e históricamente, en el tema de la memoria”.

“La derecha española se diferencia de la derecha europea en un sentido claro y evidente. En Europa el fascismo fue derrotado; en España, no”, lanza Ballester. “En España, se hizo una Transición en la cual la derecha siguió atesorando unas parcelas de poder muy importantes”, señala.

La derecha “ha hecho bandera de la Constitución y de lo que se denomina el régimen del 78 con una sinvergonzonería tremenda, pero hay que recordar que la mitad del grupo parlamentario de Alianza Popular no votó la Constitución”, apunta el historiador. “Ahora se envuelven en la Constitución e intentan patrimonializar el legado constitucional, se convierten en paradigmas de una Transición en la cual hicieron bien poco”, lamenta David Ballester. “Apaga y vámonos”.