Todos contra Illa

El socialista Salvador Illa se ha convertido en el rival a batir en las elecciones de Cataluña. Todos los contendientes lo han puesto en la diana de sus críticas por la buena acogida de su candidatura en el seno de la sociedad catalana y los pronósticos favorables de las encuestas, todas las encuestas. La generosa renuncia de Miquel Iceta para dar paso al todavía ministro de Sanidad cogió al resto de partidos con el pie cambiado.

Ha sido tan sorpresivo este movimiento que han saltado por los aires todas las estrategias a un lado y a otro del polarizado ecosistema político catalán. Este inesperado giro de los acontecimientos ha provocado un nuevo reparto de cartas y se dibuja un desenlace distinto al que se había preconfigurado en el imaginario colectivo. Unos comicios se ganan sólo cuando se recuentan los votos y se consiguen los apoyos suficientes para poder gobernar. Por eso, sin perder la prudencia, sin vender la piel del oso antes de cazarlo, es la propia reacción de los antagonistas la que acrecienta el favoritismo del candidato del PSC en la cita del 14 de febrero, si la Justicia finalmente valida esa fecha.

Ante este zamarreón político que no vieron venir, la coincidencia de objetivos de la derecha (política y mediática) y del independentismo resulta muy sintomática y un punto antinatura. En efecto shock, todos los adversarios políticos del candidato socialista se conjuraron en aplazar las elecciones hasta el 30 de mayo, con la excusa aparentemente razonable de la virulencia de la tercera ola del Covid. Sólo el PSC se posicionó en contra. Una jugada reactiva o truco de tahúres, según se vea, que pretendía diluir el denominado ‘efecto Illa’ y que de momento está en suspenso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantiene por ahora la fecha y justifica su decisión en el “interés público”, en “preservar la normalidad democrática” y en evitar una “situación de bloqueo y precariedad institucional”. Antes del 8 de febrero conoceremos la resolución definitiva de la justicia, aunque estas consideraciones cautelares tan concluyentes apuntan a que las urnas se abrirán el día inicialmente previsto.

La coartada de los que no son partidarios de la votación queda en evidencia cuando este mismo domingo Portugal ha celebrado sus presidenciales. Ítem más, desde que convivimos con el Covid más de un centenar de procesos electorales se han completado en el mundo, entre otros, el de EEUU, que ha permitido el desalojo de Donald Trump de la Casa Blanca. En este análisis comparado dentro de nuestro contexto internacional, es cuando se ve más irresponsable, por no decir populista y demagógico, plantear el supuesto dilema entre votos y salud, como ha hecho el Govern catalán, para atrasar los comicios de acuerdo con otros partidos.

La ciudadanía no se merece una argumentación tan pobre ni tanto maniqueísmo para justificar este afán de parte. ¿Se puede defender la conveniencia de aplazar la cita electoral? Por supuesto, pero hágase con una reflexión más rigurosa, elaborada y racional que no sea apelando a mensajes que exudan un sentimentalismo impostado. Es de suponer que todos los partidos que se presentan defienden el bienestar y la salud de sus conciudadanos. O usando ese argumento a la inversa, ¿los que no quieren que se suspendan los comicios de febrero es que les da igual que aumenten contagios y sufra la gente? Planteado así suena demasiado ruin y, honestamente, no creo que sea lo que piensan realmente los que propugnan postergar las elecciones. Su reivindicación tiene más que ver con su interés particular. Interés que puede ser legítimo, pero queda por conocer si es legal. Y al margen de la legalidad, no se puede transitar en democracia.

Según el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez-Royo, “en el ordenamiento español no se contempla ningún supuesto en que se pueda cambiar la fecha de celebración de las elecciones fijada en el decreto de disolución/convocatoria. Ni por parte del presidente del Gobierno de la Nación o de la Comunidad Autónoma, ni por parte del Poder Judicial”. Y llega a calificar de “disparate monumental” y “despropósito” el intento del Gobierno catalán de posponer los comicios hasta el 30 de mayo. Es ésta una opinión extendida y que coincide con lo expresado por el TSJC en su auto con las medidas cautelares. A cualquier persona le parecerá extraño que se pueda ir a trabajar, a tomar café a un bar o que nuestros niños y niñas acudan a la escuela y, sin embargo, no se pueda ejercer un derecho tan fundamental como es el del sufragio para elegir a nuestros representantes. No todo vale con tal de conseguir ventaja política o quitársela al adversario. No juguemos, por tanto, con un bien tan sensible como es la democracia.