Texas y el aborto, el debate de las libertades que incendia EEUU

Desde el 1 de septiembre, Texas tiene en vigor la ley sobre el aborto más restrictiva de Estados Unidos. “Nuestro creador nos otorgó el derecho a la vida y, sin embargo, millones de niños pierden ese derecho debido al aborto”, argumenta Greg Abbott, el gobernador republicano que ha ideado la norma, redactada sobre argumentos acientíficos, convertida en cuestión de fe.

El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, aprobó por cinco votos a cuatro dejar pasar el llamado Proyecto de Ley 8 del Senado texano (TX SB8) y, con ello, ha incendiado el debate sobre las libertades y la salud reproductiva en el país, porque supone retroceder casi 50 años en los derechos de las mujeres estadounidenses.

Las asociaciones feministas, de derechos humanos y de defensa de las minorías ya están presentando batalla contra la norma en las calles, mientras que el presidente, el demócrata (y católico) Joe Biden, ha ordenado movilizar todos los recursos posibles de su Gobierno para “garantizar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales”. Las redes sociales se llenan de alusiones al Cuento de la criada y a los talibanes. Comparaciones de las que no sale bien parado el líder del mundo libre, que ve su alma amenazada.

Por qué estamos ante la ley más severa del país

EEUU reconoce el derecho al aborto desde 1973. Entonces, la Corte Suprema sentó precedentes con el caso Roe contra Wade, que sostenía que se podía proceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta que el feto sea viable, es decir, capaz de sobrevivir fuera del útero. Por lo general, esto ocurre entre las semanas 22 y 24 de embarazo.

El año pasado, sin embargo, comenzó a redactarse el borrador de la nueva ley de Texas, aprobada finalmente este 2021 y que entró en vigor el miércoles, en un paquete con 660 nuevas leyes, como el permiso de que los mayores de 21 años puedan llevar armas en espacios públicos sin tener licencia, otro detalle más de la singularidad, por llamarla de alguna manera, del estado sureño. Otros estados norteamericanos han aprobado leyes similares, pero esas medidas se enfrentan aún a impugnaciones legales; la ley de Texas es la primera que se aplica y se teme que cause un efecto contagio en otros estados conservadores.

La “Ley de los latidos del corazón”, como ha sido bautizada, impide el aborto a partir de las seis semanas de gestación, el periodo en el que grupos provida creen que se puede detectar los latidos del corazón fetal. Es lo que ellos afirman, porque no hay base médica que lo certifique de forma tan concreta. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ha dicho repetidamente que el término “latido del corazón” es engañoso y que lo que se detecta en esta etapa es “una porción del tejido fetal que se convertirá en el corazón a medida que se desarrolle el embrión”. Las válvulas del corazón aún no se han formado y el sonido no indica que el embarazo sea viable, añade este centro.

Cuando a una mujer encinta ya no le baja la regla se supone que lleva unas cuatro semanas de embarazo, por lo que, según la ley de Texas, tendría apenas unas dos semanas para darse cuenta de su estado, confirmar el embarazo con una prueba pertinente y tomar una decisión sobre lo que quiere hacer. Dos semanas para un paso trascendental en la vida de cada mujer. Eso, sin contar los casos particulares de periodos irregulares o reglas cambiantes.

A ello se suma que, en ese momento del embarazo, muchas mujeres no saben siquiera que están encinta y apenas empiezan a alertarse por la falta de periodo. De ahí que las clínicas calculen que entre el 85 y el 90% de los abortos que hasta ahora se hacían en Texas ya no se van a poder realizar.

No habrá excepciones ni en caso de violaciones ni de incesto. La única que se contempla es la emergencia médica, para la que se reclamará una prueba escrita de un médico que justifique el riesgo de muerte para la madre o de provocar un “deterioro considerable e irreversible de una función corporal importante”.

Más aún: la norma ampara y premia la delación. Cualquier individuo, sea o no residente en Texas, tiene el derecho de demandar a quien sepa que está inmerso en un proceso de aborto. Eso abarca a la mujer embarazada, pero también a su pareja, sus allegados y amigos o los médicos y enfermeros que participen en la intervención. Hay recompensa, como en el antiguo oeste, de al menos 10.000 dólares, por lo que es esperan batallones de chivatos.

Una organización ya ha creado una página web para que los denunciantes anónimos empiecen a delatar a cualquiera que sospechen que infringe la ley. Los que se oponen a la legislación han respondido de la misma manera: atacando el sitio web con entradas falsas, con la esperanza de inundarlo de material inútil.

“Salvamos vidas”, dice el gobernador. “Es un asesinato y cualquier persona que se implica en un asesinato tiene que asumir las consecuencias”, añade a la CNN Aurora Tinajero, de la comunidad provida católica del estado. Lo llaman “derecho de acción civil privado” y contempla, incluso, que las costas judiciales de la demanda las paguen las partes demandadas. Tirar la piedra y esconder la mano sale gratis, porque incluso se aclara que no habrá sanción penal por presentar casos que puedan ser falsos. Las prohibiciones del aborto generalmente las hacen cumplir los funcionarios y agencias estatales. La legislación de Texas es única en el sentido de que cambia las demandas civiles por la aplicación del gobierno, lo que dificulta su impugnación en los tribunales.

Pese al revés judicial, en las asociaciones de derechos no dan la batalla por perdida y pelean por revertir la norma. Tarah Demant, responsable de los temas de derechos reproductivos en Amnistía Internacional Estados Unidos, explica que el recurso de inconstitucionalidad debe ser inmediato, porque la ley no respeta la norma esencial del país. Varias ONG han anunciado ese recurso, con el fin de suspender su ejecución.

“Es muy grave, estas prohibiciones tendrán consecuencias mortales, pondrán en peligro la vida de las embarazadas y criminalizarán a los profesionales de medicina por hacer su trabajo y prestar asistencia y cuidados. Anula décadas de lucha por la salud de las embarazadas, debe ser condenada de manera inequívoca”, señala a El HuffPost.

“La única persona que debería tomar decisiones sobre un embarazo es la embarazada en sí. Sin embargo, esta prohibición elimina violentamente la decisión de las personas de hacerlo, incluso antes de que la mayoría se dé cuenta de que están embarazadas. Lo que está en juego con esta ley y otras similares es el derecho humano de las personas a controlar sus propios cuerpos”, afina, y de ahí las libertades arrolladas, según su criterio.

Nancy Cárdenas Peña, directora en Texas del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva sostiene, igualmente, que “una prohibición del aborto a las seis semanas es como una prohibición total del aborto, porque muchas personas ni saben que están embarazadas tan pronto”.

“Con esta ley, cualquier ciudadano puede empezar demandas contra las personas que están trabajando temas relacionados al aborto. Y no es sólo las personas que trabajen en las clínicas o los fondos del aborto: si un vecino, un amigo, un familiar, sospecha que una persona está en violación de esta ley, ayudando a alguien a llegar al aborto, o sólo dando información general sobre el aborto, puede hacer una demanda”, explica en declaraciones a la Agencia EFE.

Antes de la aplicación de esta ley “era posible abortar en Texas, aunque la situación era un poco más difícil que en otros estados. Se podía tener abortos hasta las 20 semanas, pero había otras restricciones que ya existían y hacían que el proceso fuera mucho más difícil, por ejemplo, ultrasonidos mandatorios, consejos que dan antes del aborto, 24 horas de espera…”, añade.

Demant avisa de que la Corte Suprema puede dar luz verde a nuevas leyes similares, conservadora como es y con “jueces que fueron nombrados exactamente por su opinión contra el derecho al aborto”. De hecho, la norma estaba en el cajón de los mandatarios de Texas y se aceleró después de que la jueza Amy Coney Barrett, nominada por el expresidente Donald Trump tras el fallecimiento de la progresista Ruth Bader Ginsburg, se uniera a la Corte Suprema. Ya había mayoría para sacarla adelante.

Hoy los estados más restrictivos en materia de derecho al aborto son, cita, Texas, Misisipi, Alabama, pero también Dakota del Sur, Dakota del Norte... “Lugares donde hay personas conservadoras con poder que ponen estas restricciones. También es un problema en lugares muy rurales donde las personas tienen menos acceso a muchas cosas, incluido el derecho al aborto”, recalca. Además, estamos a las puertas de que el Supremo escuche en su próximo periodo de sesiones -que comienza en octubre- una apelación sobre una ley de Misisipi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Queda polémica por delante.

Ambas activistas coinciden en que serán las mujeres con pocos recursos, las pertenecientes a minorías como la negra y las adolescentes las que peor paradas saldrán de esta nueva ley. Hablan de “obstáculos insuperables” para quien se dé cuenta tarde de un embarazo o para quien no pueda reunir a tiempo los 550 dólares (unos 463 euros) que, como poco, vale la intervención, precio que se “duplicará o triplicará” si han de viajar a otro estado, porque no lleguen al doctor antes de esas limitantes seis semanas. En 2019, alrededor del 70% de los abortos en Texas se realizaron a mujeres de color, según el Instituto Guttmacher, en un estudio citado por Vogue.

La Fund Texas Choice, añade que si antes las mujeres tenían que conducir unos 19 kilómetros para recibir asistencia médica para un aborto, ahora tendrán que irse a más de 400 para cambiar de estado. Esta ONG está ya organizándose para pagar los viajes y el alojamiento de las personas que necesiten este desplazamiento.

Asustadas, confundidas y enojadas

Vanessa Rodríguez, que administra el centro de llamadas de la ONG Planned Parenthood en Greater Texas, en Dallas, ha indicado a la edición norteamericana de El HuffPost que están recibiendo muchas llamadas de mujeres texanas que no saben qué hacer con la nueva ley. Están “asustadas”, “confundidas” y “enojadas”, explica, porque “no esperan que su código postal determine si pueden acceder a la atención médica, y ciertamente no esperan que sus vecinos estén autorizados a investigar sus decisiones médicas privadas”.

La fundadora de Whole Women’s Health, Amy Hagstrom Miller, narra en el mismo reportaje que su personal ha estado trabajando contra el reloj, con mujeres que llegaban desesperadas buscando ayuda antes de la entrada en vigor de la norma. Pone un ejemplo terrible: “Hemos tenido un médico que ha trabajado con nosotros durante décadas llorando mientras trataba de completar todos los abortos para todas las personas que estaban esperando”. Todo, bajo los focos, literalmente, de los provida concentrados en la puerta de sus clínicas, señalando a cada mujer atendida.

Las encuestas del prestigioso Pew Research Center indican que casi seis de cada diez estadounidenses creen que el aborto debería ser legal, en todos o en la mayoría de los casos. Es un porcentaje de apoyo que se mantiene a lo largo de los años, estable, aunque con diferencias en cuanto a las inclinaciones políticas de los consultados: sólo el 35% de los republicanos apoya esa posición.

En la ultraconservadora Texas, una encuesta del pasado abril detectó que casi la mitad de los votantes del estado apoyan una prohibición de los abortos a partir de las seis semanas.

Por ahora, la oposición de la Administración Biden a la nueva norma es total. Biden ha puesto a su equipo a trabajar. Ha pedido al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca que lancen “un esfuerzo gubernamental integral” para responder a la resolución del Supremo, pues entiende que decisión judicial es “un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de las mujeres” garantizados en el fallo de 1973.

Biden insiste en la necesidad de “proteger los derechos constitucionales” arrollados, porque la norma “afectará significativamente al acceso de las mujeres a la atención sanitaria”. “Es extrema”, dice. “Un asalto total a la salud reproductiva”, añade su vicepresidenta, Kamala Harris. El asunto del aborto lleva meses causándole dolores de cabeza al presidente de EEUU, ya que hasta los obispos han promovido su excomunión por su postura favorable. “No creo que tengamos el derecho de decirle a otras personas, a las mujeres, que ellas no pueden controlar sus cuerpos. Esa es una decisión entre ellas y su médico, en mi punto de vista, y la Corte Suprema. Yo no voy a interferir con eso”, dijo en campaña electoral.

Aunque la Corte Suprema ha rechazado la apelación de emergencia para frenar la aplicación de la norma, los magistrados sugirieron que es posible que esta orden no sea la última palabra sobre la ley ya que pueden presentarse otros recursos. En eso están ahora las asociaciones y ONG, que están lanzando campañas para lograr fondos ante la larga pelea judicial que les espera.

Biden ha ordenado, de paso, un informe sobre el Alto Tribunal que debe estar completo para el mes entrante. Su gente del Partido Demócrata le pide que estudie ampliar la corte, para evitar el control republicano actual y su inclinación en temas como el del aborto. Pero eso no vale para las texanas que, ahora mismo, tienen ya que someterse a esta ley hecha por políticos que se quejaban de las mascarillas anticovid y los turnos de vacunación por “coartar sus libertades” pero no ven libertades coartadas en el impedimento del aborto de una mujer.