La temporalidad: la clave en la negociación de Gobierno y agentes sociales sobre la reforma laboral
Trabajo quiere limitar la contratación temporal en empresas al 15%, una medida que la CEOE califica de "ideológica".
El pacto alcanzado el martes en el seno del Gobierno para derogar la reforma laboral del 2012 y llevar una posición común a las negociaciones con los agentes sociales era solo el primer paso. Este miércoles, representantes del Ejecutivo se sientan con patronal y sindicatos para llegar a un acuerdo que modifique la legislación en esta materia. Hay un factor central sobre el que pivotarán las conversaciones, la temporalidad.
La negociación que ha arrancado esta mañana y se prolongará por la tarde abordará de forma monográfica el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, el mismo que fija las modalidades de contrato. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien ha puesto el foco en la necesidad de actuar sobre los altos niveles de temporalidad del mercado laboral.
De esta forma, la delegación del Gobierno -liderada por Trabajo pero por primera vez con presencia de representantes de Economía e Inclusión Social-, pondrá sobre la mesa dos propuestas: la ya conocida pretensión de limitar la contratación temporal al 15% en el sector privado y la simplificación de los contratos.
La propuesta de limitar la contratación temporal al 15%
La propuesta que ha presentado desde el principio el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales para atajar la temporalidad es la de limitar al 15% la contratación temporal en las empresas privadas. En España este indicador ronda el 25%. Eso sí, Pérez Rey se ha abierto a modificar ese porcentaje en las negociaciones y estudiar si “se acomoda a los intereses del conjunto de interlocutores, si puede variarse o individualizarse para que sea menos indiscriminado y más efectivo”.
Con todo, se trata de una medida que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado de “ideológica”. No es la primera vez que se pronuncia en dichos términos, pues Garamendi ya tildó de “abordaje marxista” el borrador que el departamento de Yolanda Díaz les presentó en junio.
El líder de la confederación empresarial ha venido rechazando hacer modificaciones en este ámbito, una línea que ha reiterado criticando que en la Administración Pública la tasa se sitúa en el 30%, lo que a su juicio supone una contradicción. También han sido numerosas las declaraciones en las que Garamendi ha reclamado la necesidad de seguir las recomendaciones de la Comisión Europea y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No obstante, la reducción de la temporalidad no pillará desprevenida a Bruselas. Es uno de los los puntos clave que han remitido en el documento que recoge los cambios a realizar para garantizar los fondos de recuperación.
Hacia la simplificación de los contratos
Más allá de la limitación de la contratación temporal, el Gobierno pretende actuar de forma paralela en el formato de la propia contratación. El objetivo es simplificar los modelos de contrato, haciendo que el indefinido sea el ordinario y extendiendo el uso del fijo discontinuo, modificar los contratos de formación e introducir medidas que disuadan del uso abusivo de los contratos de duración determinada y rebajen la excesiva dualidad del mercado.
Para lograrlo se han planteado medidas como eliminar el contrato por obra o servicio o fijar ese 15% de temporalidad máxima en puestos de carácter estructural.
A pesar de que estos serán los dos grandes asuntos, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, también ha pedido incorporar a las negociaciones una limitación de los despidos.