Sofagate, fuero y huevo: anécdota y categoría

En el pleno de abril del Parlamento Europeo (PE) en Bruselas destacan varios puntos de interés. En una agenda como siempre densa, el debate plenario con la Comisión y el Consejo arranca con la luz verde que una rápida decisión del Tribunal Constitucional alemán —tras los recursos judiciales que habían sido interpuestos— ha otorgado al desbloquear (esperemos que definitivamente) el paquete integral de los fondos y recursos europeos para la recuperación de la Unión Europea y sus Estados miembros tras la brutal crisis de la covid: Marco Financiero Plurianual/MFF, EU Next Generation, el Fondo de Recuperación, la Decisión de Recursos Propios y el Reglamento de Condicionalidad de los Fondos Europeos al Estado de Derecho.

Sin duda, un punto fuerte del orden del día de este pleno estriba en la aprobación de las enmiendas al Reglamento del Certificado Verde Digital propuesto por la Comisión Europea (requiriendo su tramitación por el procedimiento de urgencia, art. 163 de Reglamento del PE) al objeto de contribuir a restablecer cuanto antes, ordenadamente, la libre circulación de personas (acervo del Espacio Schengen, erosionado y deteriorado por la acumulación de medidas de emergencia unilateralmente dictadas por los Estados miembros), en cuya base jurídica (art. 21 TFUE) estriba además el derecho fundamental más preciado de la integración europea (art. 45 de la CDFUE). La restauración de Schengen y la libre circulación son condición necesaria —aunque pueda discutirse acerca de su suficiencia— para que haya de una vez recuperación a la vista.

Las enmiendas aprobadas en este pleno de abril constituyen desde ese momento el mandato de negociación del Parlamento Europeo para la inmediata negociación interinstitucional con el Consejo —trílogos— y mejoran notablemente el texto de la Comisión, Se llamará Certificado Covid 19 de la UE, deberá respetar el estándar europeo de protección de datos (minimización de los datos requeridos, necesidad, proporcionalidad, no almacenamiento), gratuito (free of charge), temporalmente acotado (un año, y tras su revisión, veremos), no discriminatorio (limitación de propósito: que no para ningún otro uso interno ni laboral), y los Estados deberán abstenerse de introducir medidas restrictivas adicionales (ante la fatiga de pandemia, basta de cuarentenas y restricciones de acceso).

Sí, ya sé que es un instrumento limitado: parte del trabajo obligado consistente en explicar su carácter limitado (no es un “pasaporte”) y limitado (un año). Pero mejora el actual paisaje de fragmentación negativa y discriminatoria y ofrece un escenario europeo, coordinado y coherente para la luz al final del túnel y el restablecimiento de la libre circulación y Schengen. Dos premisas son esenciales: confianza mutua entre los Estados; y confianza individual en la ciudadanía para animarse a volver a reservar billetes y volver a emprender la aventura de viajar de la que hoy tantos se retraen por miedo a medidas disuasorias y discriminatorias, a la inseguridad jurídica, a costes inasumibles sobre pruebas prohibitivas. Será bueno en primer término para trabajadores transfronterizos y estacionales, pero también para la recuperación del turismo. De ahí el apremio de aprobarlo “antes del verano” —aprobación definitiva por el Parlamento Europeo en el pleno de junio en Bruselas en trámite de su “primera lectura”—, para que no sea una catástrofe como lo fue el de 2020.

Pero en el debate central con el Consejo (con presidencia rotatoria de Portugal) y la Comisión Europea sobrevoló (aunque no fue un punto explícito de la agenda) un episodio menos chusco de lo que a primera vista haya podido parecer —el llamado Sofagate— sobre el que se han hecho correr ríos de tinta y controversia en las últimas semanas. Porque en este incidente diplomático en Ankara no solo hay cuestiones de “fuero” (qué estatus y representación se confiere a cada una de las autoridades que encarnan las Instituciones de la arquitectura de la UE, y qué prelación, prioridad o equiordenación —esto es, igualdad de rango— ha de reconocerles cuando comparecen juntas), sino cuestiones de “huevo” (la idoneidad de la actual arquitectura de la UE para asegurar una interlocución respetada y eficiente en todos los foros y arenas de la globalización). De vez en cuando la política confirma el viejo adagio por el cual lo inesperado adquiere proporciones indelebles, y lo simbólico deviene profundamente político. Es el caso. Un supuesto incidente de protocolo suscita reflexiones de mayor calado.

A partir de la situación vivida en Ankara con ocasión de la visita conjunta de Charles Michel, presidente del Consejo de la UE, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se desataron las críticas contra Turquía y la “humillación” infligida a la UE en la persona de VDL. He escrito en más de una ocasión cómo Turquía —que, no se olvide, es todavía a estas alturas, formalmente candidata a la adhesión a la UE— se erige desde hace tiempo en uno de esos rarísimos objetos de amplio consenso en las filas y bancadas del PE: desde la extrema a derecha hasta la izquierda radical, todos los grupos ejecutan en conjunto una partitura coral y una polifonía de implacable denuesto de la deriva autoritaria y reislamizadora de Turquía impuesta con altivez por el presidente Erdoğan, alejando a su país, cada día un poco más (ya lo está, definitivamente) de toda expectativa verosímil de recuperar (no digamos de “avanzar”) la senda europea y europeísta que exigirían los protocolos de la negociación que se pusieron en marcha hace ya 20 años. Y, sin embargo, aún así, no deja de sorprender que, ante la escena del Sofagate, las opiniones europeas se hayan ensañado con Turquía, como si fuese la única responsable del desaguisado perpetrado.

De un lado, la escena relanza la necesidad de que la UE madure en su diplomacia global, cobrando estatura y reclamando el respeto que merecería acompasar su dimensión económica y comercial con un desempeño político y diplomático parejo. Pero de otro lado, nos confronta con los errores de su arquitectura y de selección de liderazgos. Es un error de arquitectura que el presidente del Consejo —actualmente Charles Michel— se solape en reuniones con la presidenta de la Comisión Europea y que pretenda opacar la jefatura de la diplomacia que jurídica y oficialmente compete al Alto Representante de la Política Exterior, de Defensa y Seguridad Común, el High Rep Josep Borrell.

Y es, desde luego, un yerro de selección de liderazgos que desempeñe esa posición alguien que debió darse cuente de la situación en vivo y en directo, darla por inaceptable y contribuir a resolverla por la vía de la actitud, los gestos, la inmediatez: negarse a sentarse —en vez de estirar las piernas y repantigarse— hasta que no se resolviese la equidad de estatus de VDL. La tensa situación desatada no fue, sin más, la consecuencia de una artera “ofensa turca”, ni la agresiva muestra de machismo del protocolo de Erdoğan: fue, en rigor, y sobre todo, una torpeza inexcusable de Charles Michel, de su gabinete, de sus servicios propios y de su protocolo.

No es difícil colegir que cierto bochorno ahorraríamos si se le defiriese la representación a quien compete en realidad: al Alto Representante Borrell, jefe de la diplomacia europea. Que, por cierto, está arriesgándose para sacar a la política exterior de la UE de la zona de confort de su criticada tendencia a la inanidad y de la irrelevancia de su propensión al softpower, así como asumiendo costes para hacerla más visible, perceptible y diferente: marcando la diferencia.

Detrás de este episodio, no hay, por lo tanto, anécdota, sino categoría.