Si hablamos de ingresos, también debemos hablar de gasto

En las últimas semanas, la subida de impuestos que plantea el Gobierno de España y que ha hecho pública tras las continuas referencias a la tan necesaria reforma fiscal que debe acometer el país, ha suscitado tanto críticas como alabanzas entre el consenso de economistas. Siendo el fin de esta subida el sufragar todos los gastos derivados de una pandemia de la que no contamos con precedentes, la insuficiencia de capital con la que cuenta el Gobierno para hacer frente a la factura que deja el COVID ha obligado a este a tomar medidas, así como a llevar a cabo esos ajustes que, en línea con las exigencias europeas, se harán, tal y como ha indicado el Gobierno, por la vía del ingreso y no del gasto.

Y es que, ante la necesidad de aplicar estímulos para reactivar la economía e impulsar su dinamismo, así como las inyecciones de capital público para contener la pérdida de tejido productivo por los efectos derivados de una escasa liquidez y una vulnerabilidad empresarial preocupantemente elevada, España ha tenido que recurrir a nuevo endeudamiento para tratar de paliar, así como sortear, los efectos de un virus que ha devastado las cuentas públicas en el país. Pero no solo hablamos de las cuentas públicas, pues también se puede observar dicho deterioro en las cuentas de un tejido productivo que, atendiendo a los criterios de liquidez de este, presenta un tamaño que, además de hacerle muy vulnerable a situaciones como la actual, muestra esa limitación en los recursos, más acentuada en nuestro país que en otros países del bloque comunitario.

Dicho endeudamiento, a priori, no debería resultar preocupante. Las inyecciones y la respuesta adoptada por el Gobierno, en consonancia con la coordinación europea, era necesaria. Sin embargo, el habernos metido de lleno en una crisis como la que hoy nos acontece, con una deuda que ya se situaba en el 100% del PIB, así como un déficit que, tras la auditoría europea, se fijó cerca del límite establecido por los pactos de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea (2,8%), es lo que realmente preocupa al consenso de economistas. El escaso colchón fiscal que impide que España cuente con un fondo de maniobra que, como en Alemania, permita la inyección de capital y la aplicación de la política contracíclica sin miramientos, limita mucho la actuación del Gobierno, a la vez que requiere de respuestas y reformas de gran calado que, en el mejor de los casos, obligarán al Gobierno a enfrentarse a una gran parte de sus intereses políticos.

En este sentido, de acuerdo con las previsiones del Banco de España, la situación prevista para cuando la tormenta vírica se disipe muestra un claro deterioro de las cuentas públicas en el país. Un deterioro que nunca antes se había dado en un país como España. Y es que, en línea con los pronósticos que ofrecen los principales bancos centrales, así como organismos multilaterales, hablamos de un escenario en el que una contracción del PIB que pretende alcanzar niveles de hasta el 11%, podría disparar los niveles de deuda hasta alcanzar el 122% en la ratio deuda/PIB. A su vez, el déficit, de acuerdo con el escenario anterior, podría llegar a superar el anecdótico umbral del 10%. Todo esto, con unas previsiones de desempleo, así como otros indicadores que reflejan el lado más pesimista de la pandemia, ponen a España, así como al Gobierno, contra las cuerdas.

Ante semejante deterioro, con una previsión de ingresos fiscales que, ante la situación, se verá drásticamente mermada, el Gobierno prepara un paquete de reformas fiscales que incluyen la aparición de nuevas figuras impositivas que tratarán de, ya no solo recuperar los niveles de recaudación previos a la crisis, sino incrementar los ingresos más allá de lo ya recaudado en años anteriores. Sin embargo, todo ello en un escenario en el que, como comentábamos, contamos con un tejido productivo que se compone en un 99,9% del mismo por pymes y microempresas, las cuales, junto a las familias y sus niveles de renta, han quedado completamente descapitalizadas. Por tanto, hablamos de una situación que preocupa a una relación de economistas que, dejando de lado la ortodoxia de los papers más optimistas, se muestran temerosos ante los posibles efectos perversos que dichas subidas impositivas podrían generar.

Para ello, tratando de evitar un mayor deterioro, así como una reacción negativa a una política como la que pretende aplicar el Gobierno, muchos de estos economistas, entre los que me incluyo, han propuesto el compensar dichos ajustes en el ingreso con ajustes en el gasto. De esta forma, compaginando recortes con subidas impositivas, podemos moderar ambas políticas, complementarlas y reducir así el riesgo que tanto preocupa. Sin embargo, dichos recortes no son bien acogidos por el Gobierno de España. La posibilidad de tener que enfrentarse a los distintos caladeros de votos que tanto rédito electoral generan a las distintas formaciones en el país nos están llevando a una situación en la que, como ya nos tienen acostumbrados, el parcheo y la aplicación de políticas para “salir del paso” priman sobre la aplicación de reformas importantes y de peso.

Esto es lo que tanto se ha criticado. Pues, como decía Alberto Alesina, el, ya fallecido, economista y profesor de la Universidad de Harvard, en muchas ocasiones, los ajustes por el lado del gasto, mediante la austeridad, producen un mayor efecto en la economía que, por otro lado, los ajustes por la vía del ingreso. Y es que, el tipo medio efectivo del IVA es el mejor ejemplo para tipificar una situación que, en boca del profesor Alesina, muestra cómo la aplicación de impuestos no significa que dicho impuesto sea capaz de recaudar la totalidad de su potencial recaudatorio. Sin embargo, con el ajuste por el lado del gasto, el Gobierno si cuenta con la capacidad de reducir dicho gasto en su totalidad, aplicando una rebaja del 100%, dada su soberanía.

Esta es la crítica que comentaba, pues pese a que las subidas de impuestos sean necesarias para salir del escollo en el que nos encontramos, se sigue echando en falta una postura más crítica con un gasto público que se encuentra completamente desfasado. Un gasto público que, mientras no apliquemos reajustes y planes para optimizarlo, seguirá comprometiendo a la economía española, así como a su ciudadanía, en cada momento de recesión que atraviese nuestra economía.