El Supremo pretende hacer pública la sentencia sobre el 'procés' antes del 16 de octubre

Se acerca uno de los momentos más esperados en años. El tribunal del “procés” no tiene previsto efectuar una lectura pública para dar a conocer la sentencia, que pretende dar a conocer antes del próximo 16 de octubre para así no tener que abordar una renovación de la prisión preventiva de los Jordis.

Fuentes del tribunal han explicado que la Sala no es partidaria de dar a conocer la sentencia en audiencia pública porque es una práctica que, aunque está recogida en la ley, ha caído en desuso.

Además, se advierten otros problemas a la hora de abordar una hipotética lectura. El tribunal es consciente de que la resolución será muy extensa y la simple lectura daría para “cuatro días”, algo “inabordable”.

Pero la alternativa de remitirse solo a la parte dispositiva tampoco gusta entre los magistrados porque entienden que al tratarse de un caso único sin antecedentes judiciales en nuestro país ni jurisprudencia al uso, haría falta contextualizar ese fallo, y eso solo pasaría por leer fragmentos de la sentencia, porque, si no, no se podría entender.

Lo que ocurre es que este último punto daría pie a la polémica, puesto que la Sala no quiere seleccionar partes y omitir otras de forma arbitraria. “Serían extractos interesados”, añaden las fuentes, que rechazan de plano esta opción.

Sobre la lectura del fallo

Otro obstáculo viene derivado de la logística de cómo efectuar esa lectura, puesto que existen dos escenarios: uno, que se realice ante las partes, es decir, defensas y acusaciones. Y dos, que se haga venir a Madrid a los doce acusados, nueve de ellos en prisión provisional.

Un despliegue que los jueces ven innecesario, habida cuenta de que la ley no obliga a notificar la sentencia a los propios acusados directamente, basta con hacerlo a sus abogados o procuradores.

Aunque la unanimidad siempre ha sido una línea roja para el tribunal, las fuentes reconocen que la concurrencia de votos particulares es una posibilidad contemplada en la ley, por lo que la unanimidad no estará garantizada hasta el último minuto.

Si bien los jueces siempre buscan el acuerdo, la presencia de votos particulares no restaría credibilidad ni legitimidad alguna a la sentencia, dado que es algo que sucede habitualmente, añaden las fuentes.

Discrepancias “como no podía ser de otra forma”

Por el momento las deliberaciones continúan según el calendario previsto y en todo este tiempo han surgido discrepancias, “como no podía ser de otra forma cuando se trata de asunto jurídicos”.

En lo que no hay discrepancia es en la voluntad del tribunal de dictar sentencia antes del próximo 16 de octubre, cuando se cumplen los dos años en prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y habría que prorrogarla, un asunto que no gusta entre los jueces.

Como tampoco gustan los rumores e insinuaciones externos de que el fallo puede estar condicionado a los vaivenes políticos, ya que “un tribunal estaría muerto” si atiende a esas cuestiones.

De hecho, otras fuentes consultadas por Efe sacan pecho de que el único poder del Estado que nunca se paraliza ni se bloquea es el judicial: “La Justicia nunca está en funciones”.

Y tras la sentencia, el foco probablemente se trasladará a la situación de los siete fugados, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a la cabeza.

Será tarea entonces del juez instructor, Pablo Llarena, de valorar la situación y decidir, previa petición de Fiscalía, si hay elementos suficientes para reactivar las órdenes europeas de detención contra ellos, que él mismo retiró tras la negativa de un tribunal alemán de entregar a Puigdemont.

Un escenario futuro que en todo caso, según indican fuentes jurídicas consultadas por Efe, dependerá del sentido de la sentencia que dicte el tribunal del “procés” al poder constituir ésta un elemento solvente a la hora de que un tribunal extranjero estudie la posibilidad de entregar a los huidos