Sentencia de la manada: ¿Por qué no hicieron nada?
Supongamos que existe un juez que no hace bien su trabajo. Supongamos que ha dado muestras suficientes para que en su entorno "todos sepan" que tiene peculiaridades personales y singularidades en su comportamiento, que le apartan de los criterios lógicos legales, sociales y democráticos para la construcción de su arbitrio. Supongamos que mantiene una conducta reiterada que pone en evidencia esto.
Ahora supongamos que en su ámbito profesional no existen mecanismos para abordar esta situación. Que desde un corporativismo quizá bienintencionado, pero sin duda mal entendido, los organismos y personas responsables de tomar medidas para garantizar la calidad de la justicia, donde "todos saben" de las características de este juez, lejos de tomar medidas miran hacia otro lado.
Y por último supongamos que es usted víctima de un delito y que las aparentemente sacrosantas reglas de reparto judicial hacen que su caso se tenga que juzgar en un tribunal en el que participa este juez. ¿Se imaginan? No es difícil prever una sentencia en la que este juez, desde su peculiar arbitrio, decida humillar a la víctima, apartándose de la lógica de la penalización de un delito que lo es, pero que para él sólo es una escena de jolgorio y regocijo impúdico.
Podríamos seguir la historia con elementos tan exóticos como que un ministro, en lugar de tomar medidas, fuera a un medio de comunicación para decir algo así como, "no, si esto ya se sabía", en medio de una guerra con los representantes de la judicatura sobre lo que es y no es la intromisión o la independencia en la justicia.
Y así todo.
Desde las organizaciones feministas sabíamos que el juicio y la sentencia que hemos venido en llamar de La Manada, era una oportunidad para ver si la justicia española era capaz de reconocer que, en los delitos contra la libertad sexual, la nuestra, existe violencia por la mera vulneración de la prestación del consentimiento sexual. Una cuestión muy importante ya que esta orientación es lo que recoge la expresión "no es no", o el enfoque más reciente de "sólo sí, es sí" cuando de relaciones sexuales se trata.
No era un tema menor, cuando estamos en plena puesta en marcha de medidas que mejoren la respuesta institucional, especialmente por parte de la Justicia, hacia los delitos de violencia de género. Incluso contamos con un Pacto de Estado, que alguna vez se tendrá que ejecutar, que involucra también al Poder Judicial.
Pero lo que no sabíamos, es que el foco mediático y la atención que estábamos prestando a este tema iban a desvelar las evidentes deficiencias del sistema judicial para garantizar una mínima calidad en la impartición de justicia.
Y aquí estamos, con una sentencia que tiene un fallo mayoritario que no reconoce violencia en los delitos sexuales, pero, sobre todo, con un voto particular que se aparta de la lógica jurisprudencial y que decide cuestionar a la víctima, a la que también humilla, a sus colegas de tribunal, a los peritos y a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para demostrar que lo que hay detrás de una denuncia de violación es un interés espurio, de la víctima, claro.
Y nos dicen las asociaciones judiciales que no nos preocupemos, que se puede recurrir. ¡Faltaría más! Pero este voto particular no es inocuo, ha causado un daño, que incluso más allá de la humillación a la víctima, abre un horizonte a una posible absolución en los recursos. Un daño que por reparable no es excusable.
En este momento no sabemos cuántos jueces o cuántas juezas existen en la justicia española con características peculiares y comportamientos anómalos. Lo digo literalmente, porque incluso en el supuesto de que no haya ninguno más que el que hemos conocido gracias a esta sentencia de La Manada, simplemente no lo sabemos. Es una regla básica. Donde hacerlo mal no tiene coste, hacerlo bien no es reconocido.
Y digo yo que esto no puede ser bueno para el propio desempeño judicial. No puede ser bueno para la independencia de la justicia. Pero para lo que desde luego no es bueno es para las personas a las que les tocan resoluciones judiciales injustas. Porque en este caso ¿Quién responde del daño? Esta pregunta no es retórica, tiene respuesta. Nadie. Ni en este ni en ningún caso en los que se producen resoluciones judiciales injustas, y si no que se lo digan a Ángela González Carreño, o a las víctimas de violencia de género que han intentado plantear quejas por un comportamiento judicial al menos "raro", que han obtenido como respuesta del Poder Judicial una resolución de amparo hacia quienes tienen que investigar. ¿Cómo evaluar la calidad si pedir que la calidad se evalúe se percibe como un ataque?
Las organizaciones feministas hemos pedido que se tomen medidas en el ámbito de la calidad de la justicia, que se supervisen y se haga seguimiento de los resultados de los juzgados cuando se producen situaciones anómalas en materia de violencia contra las mujeres y protección de las víctimas de la violencia de género. Estamos esperando respuesta.
Pero mientras tanto, y a pesar de que formo parte de ese enorme contingente de personas, ciudadanía usuaria de la justicia y defensora de una administración de la misma conforme a principios democráticos y no discriminatorios, que "NO sabíamos" que pudieran existir jueces o juezas peculiares y con resoluciones y comportamiento anómalos que pudieran formar parte de un tribunal, vamos a seguir con lo nuestro.
La organización Women's Link, ha promovido una queja a la Comisión Disciplinaria del CGPJ para que abra un expediente al juez Ricardo González González con el fin de que estudie si el contenido del voto particular y el retraso que parece haber provocado en la resolución del caso de La Manada, pudieran ser objeto de sanción. Fundación Mujeres nos hemos adherido a esta queja y animamos a otras organizaciones a que hagan lo propio. Porque ahora que "nosotras lo sabemos", estaríamos siendo irresponsables si no hacemos nada para evitar que otra mujer o cualquier otra víctima se vea en la misma situación.
Por cierto, cuando hablamos de Justicia Patriarcal, hablamos también de esto. Corporativismo y ocultación del mal hacer por encima de la calidad y los derechos de las personas. Por informar, que igual el ministro y las asociaciones judiciales no entienden muy bien el concepto.
