Se vienen cositas: esto es lo que nos espera políticamente en los próximos meses

Se acabó el verano. Adiós a la playa, al chiringuito, a no saber qué día es hoy... Vuelven la rutina, el trabajo, el cole y, cómo no, la actividad política.

Pero no va a ser un otoño rutinario sino, como se suele pronosticar, más bien ‘calentito’.

Porque, a las puertas de un nuevo año electoral, con la guerra en Ucrania provocando estragos en la economía mundial y la inflación disparada, para este otoño, como se dice en círculos interneteros, “se vienen cositas”.

Esto es lo que nos espera en la política española.

Ambiente de elecciones... nueve meses antes

No es lo más inmediato, pero sí lo que va a marcar lo que resta de legislatura.

Porque a nadie se le escapa que la política española se va a poner en modo electoral y vamos a desayunar, comer y cenar precampaña de aquí a las municipales y autonómicas, y no digamos hasta las generales.

De hecho, los partidos ya se preparan para afrontar unos meses de mucha actividad mitinera.

Lo hace el PSOE que comenzará una campaña a principios de septiembre con el lema “El Gobierno de la gente” en la que celebrarán centenares de actos por todo el país en los que también participará el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, que prevé estar en una treintena de mítines.

La idea de los socialistas es explicar a la gente la gestión del Gobierno.

La campaña arrancará el próximo 3 de septiembre en Sevilla con un acto de Sánchez, y a los 30 eventos que el presidente tiene ya agendados de aquí a final de año, hay que sumar los de los ministros socialistas, miembros de la Ejecutiva, diputados y senadores del partido.

Tampoco va a estar de brazos cruzados el PP, que prevé celebrar este otoño numerosos congresos regionales con los que tener presencia mediática y preparar así las dos importantes elecciones del 2023.

Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra serán algunos de los destinos en los que veremos a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, arropar a sus líderes y candidatos regionales.

No sabemos si a alguno de estos congresos acudirá Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña a la que siempre hay que tener en cuenta cuando se habla del PP y de procesos electorales.

El verso suelto del PP, la mujer que aspira a ser algo más que presidenta regional aunque siempre diga lo contrario, no es sólo el dedo en el ojo del Gobierno, sino también, en muchas ocasiones, de su propio partido.

Por eso queda por ver si Feijóo tirará de ella en los próximos meses para mantener el pulso en las encuestas, que dan a su partido una victoria en las generales.

También en los próximos meses sabremos si Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, deshoja la margarita y desvela si se presenta o no como candidata a presidenta del Gobierno.

Para ello presentó a principios de julio su plataforma Sumar, que ella misma califica como “un movimiento político” y no un partido.

De hecho, Díaz se cuida muy mucho de marcar distancias con los tradicionales métodos y formas de los partidos políticos. Y no se cansa de repetirlo en cada entrevista.

Por eso también deberá dilucidarse cuál es la relación que mantendrá con formaciones a la izquierda del PSOE como Podemos y Más País de cara a los comicios.

De momento, volveremos a ver en septiembre a la vicepresidenta y ministra en O Courel (Lugo), en el que va a ser el segundo acto de la plataforma que lidera en el que prevé hablar y debatir sobre despoblación.

El ciclo electoral que se avecina también nos dejará ver qué pasa con el partido de ultraderecha Vox, cada vez más desdibujado en las encuestas tras la llegada de Feijóo al liderazgo del PP; y sobre todo con Ciudadanos, cuya desaparición parece casi un hecho tras las generales.

“Es la economía, estúpido”

Conviene recordar en estos tiempos la frase de aquel estratega de campaña de Bill Clinton, porque si el año estará marcado por la campaña, no lo estará menos por la coyuntura económica. De hecho, lo que pase con la economía determinará muy mucho lo que suceda en las urnas.

La invasión rusa de Ucrania ha provocado un tsunami económico mundial en apenas seis meses, que se traduce en una inflación disparada y la recesión económica extendiendo su sombra sobre las economías de prácticamente todo el planeta.

La alta dependencia europea del gas ruso le ha dado a Vladimir Putin la clave para entablar una guerra económica, cerrando el grifo del gas a Europa, obligando a muchos países a buscar alternativas y elevando enormemente los costes y el precio de esta materia prima tan fundamental.

En este contexto, la inflación en España, como en el resto de las economías europeas, está por las nubes, tras situarse en julio en el 10,8%. Los bienes que más se han encarecido son la vivienda, el transporte y la cesta de la compra.

La situación ha obligado al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal de EEUU a subir los tipos de interés como no se recordaba desde hace años para combatir la inflación.

Una nueva gran crisis que le toca afrontar al Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha puesto en marcha medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y la elevadísima inflación, como lograr la excepción ibérica respecto a los precios de la luz o los dos paquetes de medidas de 15.000 millones.

Pero también el polémico decreto de ahorro energético, al que se ha opuesto la derecha, y nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y a las energéticas, medida esta última que deberá pasar todavía por el Congreso y que aún no ha tomado forma del todo con la que el Ejecutivo espera recaudar 7.000 millones en dos años.

Aun así, ya se conocen algunos detalles, como que se gravará las comisiones de las entidades financieras un 4,8% y un 1,2% los ingresos de las energéticas. También se sabe que afectará a los bancos que ingresen más de 800 millones al año y a las energéticas que facturen más de mil millones anuales. Además, quienes quieran trasladar el impuesto a los usuarios, serán multados con un 150% del importe.

No van a ser las únicas medidas económicas que va a tener que negociar el Gobierno en los próximos meses.

Se avecina una etapa de gran actividad legislativa (mayor aún al tratarse del final de la legislatura), en la que el Ejecutivo abordará, entre otras cosas, la negociación de la subida del salario mínimo, que ya ha adelantado la vicepresidenta Díaz.

Precisamente la ministra de Trabajo hizo referencia esta semana a otro de los puntos calientes de las próximas semanas: las movilizaciones sociales anunciadas por los sindicatos contra la patronal por la negociación salarial, que se encuentra bloqueada.

CCOO y UGT han anunciado “grandes movilizaciones” para septiembre y octubre que ya han sido respaldadas por la propia Yolanda Díaz, que ha pedido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “compromiso con su país”, mostrándose muy crítica con el bloqueo en la negociación de los convenios colectivos por parte de la patronal.

Así que, mientras en las calles los sindicatos protestan, en el Parlamento habrá arrancado la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, las terceras cuentas públicas que el Ejecutivo espera sacar adelante. Todo un logro, ciertamente, tratándose de un Gobierno en coalición y sin la mayoría suficiente en la Cámara.

No son estos, además, unos Presupuestos cualquiera, ya que el Gobierno aprobó un histórico techo de gasto de 198.221 millones con el que esperan “proteger a las personas, el tejido productivo y el empleo en nuestro país”.

Cataluña, el Poder Judicial, los indultos...

Para aprobar las cuentas serán fundamentales otros aspectos que también marcarán la agenda política este otoño.

Por ejemplo, las relaciones del Gobierno con uno de sus socios prioritarios, ERC, y lo que se avance en la llamada Mesa de Diálogo entre Cataluña y el Estado.

Una Mesa que quedó muy tocada tras el escándalo del espionaje a través del sistema Pegasus, que afectó nada menos que al propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Durante el primer semestre del año, el Ejecutivo ha tratado de sanar las heridas causadas por este asunto, que provocaron un enfriamiento notable de las relaciones entre Barcelona y Madrid.

Finalmente, tras varias reuniones y encuentros entre Sánchez y Aragonès, la Mesa volvió a reunirse a finales de julio.

De aquel encuentro, al que no asistieron los dos presidentes, se salió con el compromiso de avanzar hacia la desjudicialización, así como de proteger el catalán tanto en la escuela como impulsándolo en el Senado y en la Eurocámara.

Otro tema espinoso encima de la mesa del Gobierno es el posible indulto a Juan Antonio Griñán, expresidente andaluz y del PSOE, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE de Andalucía.

Un indulto que cuenta con el apoyo de dos expresidentes del Gobierno y exlíderes socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y que el Ejecutivo se estaría pensando porque, según indican algunos medios, “no puede eludir el precedente de Junqueras”, también indultado.

Pero si hay un tema candente es el de la renovación del Poder Judicial y del Constitucional.

En julio, el Gobierno sacó adelante en el Congreso una reforma exprés de la elección de los magistrados del Constitucional, que permite al Ejecutivo nombrar a dos de los jueces y al Poder Judicial a otros dos.

Nombramientos que deberían producirse en septiembre y que, sin embargo, según las últimas informaciones, se han encontrado con el escollo de la falta de candidatos para ocupar esas dos plazas. El último en renunciar, el juez Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y redactor de la sentencia del procés.

A eso se añade que el Consejo General del Poder Judicial acumula más de 1350 días en funciones debido al bloqueo al que le somete el PP, que no da su brazo a torcer e insiste en reformar la forma de elección de los jueces, que nunca cambió cuando gobernaba, ni tan siquiera cuando tenía mayoría absoluta.

Este bloqueo, que incumple lo que dicta la Constitución, ha sido el motivo de mayor bronca política entre PP y PSOE durante el verano, especialmente tras la publicación en El País de un acuerdo secreto entre Teodoro García Egea, ex ‘número dos’ de los populares, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el que acordaban reformar la ley del Poder Judicial para desbloquear la situación.

¿Acabará la legislatura sin renovarse el Poder Judicial? ¿Conseguirá el Gobierno resistir a las incertidumbres económicas? ¿Se presentará Yolanda Díaz a las elecciones? ¿Habrá indulto a Griñán? ¿Logrará Sánchez aprobar sus terceros Presupuestos? ¿Seguirá subiendo la inflación?

El dicho de ‘otoño calentito’ es este otoño más cierto que nunca.