¿Se puede aplicar el artículo 155 en Murcia?

La amenaza está servida. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell (Unidas Podemos), ha insinuado este lunes que Murcia puede convertirse en la segunda autonomía intervenida con el artículo 155 tras Cataluña. La implantación en la comunidad que preside el popular Fernando López Miras del ‘veto parental’ es el motivo.

La advertencia la ha hecho una miembro morada en el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos. Pero, hasta el momento, el Gobierno tan solo ha lanzado tras el Consejo de Ministros del pasado viernes un requerimiento a la Consejería de Educación de Murcia para que retire la medida.

Mientras, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado este lunes un mes de plazo al Gobierno murciano para que “restaure la legalidad”. En caso de no hacerlo, el Ejecutivo de coalición recurrirá esta medida en los tribunales. Un camino que para Rosell también “puede ser administrativo” y conducir a la intervención de Murcia. ”¿Se imaginan?”, se ha preguntado, aunque luego ha matizado que se trataba de “ironía” ante el revuelo que han desatado sus palabras.

El ‘veto parental’ es una autorización que permite a los padres decidir sobre cualquier actividad a la que asistan sus hijos y que “afecte a la sexualidad o a cuestiones morales socialmente controvertidas”. Algo que según el Gobierno atenta contra los valores constitucionales, la Ley Orgánica de Educación (LOE), la Ley Contra la Violencia de Género y la carta de derechos del niño de Naciones Unidas.

¿Qué es el 155?

Este artículo es un mecanismo a disposición del Gobierno para garantizar que se cumple la legalidad en las comunidades autónomas y está inspirado en la Constitución alemana. En concreto dice: “Si una Comunidad no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso”.

Antes de llegar a la aplicación, el presidente de Murcia puede recurrir la formalidad en el Senado y explicar su postura en la Cámara Alta, que tiene la prerrogativa para activar del artículo.

¿Tiene el Gobierno mayoría para aplicar el 155?

La mayoría que encumbró a Sánchez a La Moncloa (167 ‘síes’ de PSOE, Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, BNG y Nueva Canaria) se traduce en el Senado en 131 escaños, una cifra que no supera la mayoría absoluta (133) que exige la Constitución para aplicarlo.

La pulsión de intervenir Murcia tendría que estar bendecida por dos senadores procedentes de las filas de Bildu (2) o de ERC (13), ya que la mayoría no es suficiente. La suma de socialistas (113); PNV (10); el grupo de la Izquierda Confederal (6), que integra a Adelante Andalucía, los Comunes, Compromís, Más Madrid, Més Mallorca y Geroa Bai; y Teruel Existe (2) no puede intervenir Murcia.

La propia Rosell ha quitado después hierro a su advertencia en Twitter: “Se llama ironía”. Pero lo cierto es que la composición del Senado dificulta su aplicación. Los socialistas ya no lo controlan tras las elecciones del 10-N , porque perdieron 31 escaños y se despidieron de la mayoría absoluta que lograron en abril.

Fuentes de la dirección murciana del PSOE señalan a El HuffPost que “hablar del 155 no es serio”. Aunque, dicen, “la situación tanto económica, social y medioambiental está llegando al límite” en la Región con el Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos, que asiste la ultraderecha de Vox. Allí ganó las elecciones del 10-N el partido de Santiago Abascal y allí ha impuesto el ‘veto parental’ medida que ha bendecido el PP y ha incomodado a Ciudadanos.

¿Y el Constitucional?

Celaá ha defendido que el ‘veto parental’ atenta contra “los valores constitucionales”. No obstante, el único órgano competente para declarar ajustada a la Ley Fundamental o no la medida es el Tribunal Constitucional (TC), un órgano saturado que tardaría meses en dictar sentencia. No obstante, el Gobierno sabe que si recurre ante el TC el ‘veto parental’, su mera admisión a trámite implicaría la suspensión de la medida en Murcia.

El ‘veto parental’ es una exigencia de Vox a los Gobiernos de Andalucía, Madrid y Murcia para apoyar los presupuestos de PP y Cs en esas comunidades. En Madrid, la presidenta popular Isabel Díaz Ayuso, aseguró en noviembre que no lo implantaría, aunque eso es algo que, según el PP, deberá negociar Ayuso.

En Andalucía, la medida irá incluida en la Ley de Educación; una decisión que Ciudadanos, el partido que gestiona la cartera educativa en el Gobierno de Sevilla, no comparte. Y en Murcia, la comunidad que ha abierto la caja de pandora, el Ejecutivo ha firmado esta semana la implantación de la medida.