“En España hay psiquiatras que medican abiertamente a homosexuales para que no sientan deseo”

Saúl Castro está pasando unos días difíciles. Desde que este abogado gallego publicó Ni enfermos ni pecadores (Ediciones B), una investigación sobre las mal llamadas “terapias de conversión” en España, no dejan de llegarle testimonios de víctimas o de familiares de víctimas de estas intervenciones que buscan “modificar o eliminar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona”.

Cuando atiende a las preguntas de El HuffPost, Castro viene de hablar con un hombre que le ha contactado porque sospecha que dos de sus sobrinos, menores de edad, están siendo sometidos a terapia de conversión de forma forzada medicados por una psiquiatra. “El señor se ha puesto a llorar, de la preocupación y del miedo”, relata el abogado. Cuando Castro le ha preguntado quién es la psiquiatra para ver si la tenía en su base de datos, el nombre le ha resultado familiar: justo esa mañana había estado hablando con otra víctima de esa misma médica.   

“Me cuentan cosas terroríficas, la verdad, y yo lo paso muy mal”, reconoce Saúl Castro. Como fundador y presidente de No Es Terapia, asociación de lucha contra las terapias de conversión en España, Castro está acostumbrado a recibir testimonios, y a chocarse contra un muro al tratar de denunciarlos ante las autoridades. “Veo que estamos en un sistema en el que no tenemos herramientas para poder acabar de forma eficaz con estas prácticas. Me cuesta mucho asegurar a las víctimas que la violencia que han sufrido va a ser investigada de verdad. Les digo que yo voy a hacer todo lo posible, pero no les puedo garantizar que consigamos que esta gente [que inflige estas prácticas] vaya a la cárcel, o que les devuelvan el dinero que les han estafado, o que paguen de alguna forma, porque nuestro ordenamiento jurídico y nuestros representantes políticos no nos han dotado de herramientas para poder combatirlo”, lanza.  

Saúl Castro explica que no hay “una definición taxativa” de lo que son estas pseudoterapias a día de hoy, lo cual hace incluso más difícil su detección o su denuncia; eso no quiere decir, sin embargo, que estas prácticas no existan en nuestro país. En absoluto. “Han ido mutando para convertirse en una suerte de intervenciones que antes podían ser médicas o psiquiátricas, pero que ahora se pueden esconder bajo cualquier nombre”, señala. “Hemos documentado casos de gente que opera bajo profesiones no reguladas, como el coaching, que ofrecen itinerarios de maduración o procesos de coaching de identidad, poniéndole nombres inexistentes para recubrir de profesionalidad técnicas que pretenden eliminar la identidad o la orientación sexual de las víctimas”, afirma Castro. 

Entre esas prácticas se incluye “un itinerario de 270 días de abstinencia para reconfigurar el cerebro y dejar de ser homosexual”, que ofrecía la asociación Verdad y Libertad –vinculada a la Iglesia–, por el que sometía a las víctimas a “terapias de control masturbatorio, desnudez forzada, medicación forzada, exorcismos”, enumera Castro. Las víctimas acuden muchas veces animadas por su párroco, por sus progenitores, o porque no se sienten bien consigo mismas, y encuentran a alguien que, erróneamente, les asegura que les puede ayudar. Las consecuencias, en cambio, son terribles: depresión, falta de autoestima, intentos de suicidio...

El abogado conversa con El HuffPost horas después de la aprobación de la llamada Ley Trans en el Consejo de Ministros, que entre otras cosas prohíbe las “terapias de conversión”. Lo que debería ser para el investigador un día de celebración lo deja con sentimientos encontrados, reconoce. 

Acaba de ser aprobada la Ley Trans, que prohíbe las “terapias de conversión”. ¿Cómo la valoras? 

Realmente hago una valoración bastante negativa. En el tema de las terapias de conversión, no sólo es insuficiente, sino que va a ser inútil, y no lo decimos por decir. El sistema que se crea con la ley Trans es una réplica del que ya está vigente en ocho comunidades autónomas. Son sistemas sancionadores, pero absolutamente ineficientes. A día de hoy no hay en España una sola sanción firme por terapias de conversión a pesar de que están documentadas y denunciadas ante las Consejerías competentes.

El sistema que establece la ley estatal y las autonómicas no es el más adecuado. Los órganos competentes para investigar y sancionar estas prácticas no son órganos judiciales imparciales, sino políticos: las propias consejerías. Los órganos administrativos son los únicos encargados de abrir de oficio procedimientos sancionadores, lo cual hace que ni las víctimas ni la sociedad civil podamos participar llevando la acusación ni pudiendo hacer valer los derechos de los perjudicados. Por otro lado, la apertura es totalmente discrecional, va a depender de valoraciones o de cuestiones políticas de la propia Consejería. Luego, las sanciones que se ponen son multas, que se ha demostrado que no son eficaces ni disuasorias. 

Se está poniendo en el mismo marco sancionador supuestos de LGTBIfobia como insultos en la calle, que son mucho más fáciles de probar, que los supuestos de la práctica o la promoción de terapias de conversión, que se llevan a cabo de una forma no pública, clandestina, a través de contactos informales, en los que para poder recabar las pruebas suficientes para poder imponer una sanción es necesario que los órganos instructores tengan competencias para dictar órdenes de entrada y de registro, interceptar comunicaciones, etcétera, y eso no lo puede hacer un órgano administrativo, sino un juez. Estos órganos se ven con denuncias que en realidad no pueden investigar de una forma fehaciente porque no tienen competencias para hacerlo, de modo que acaban archivándose o prescribiendo. 

Es muy triste que el Gobierno más progresista de la historia no se haya atrevido a dar un paso, como han hecho otros países del entorno, como Francia, Alemania, Malta o Chipre, que han decidido criminalizar las terapias de conversión, sino que se ha quedado en un modelo que salva la imagen pero que no protege al colectivo LGTBI de una forma real. 

¿Por qué no han dado ese paso extra? 

Primero, porque las leyes no las hacen quienes nos dedicamos al ejercicio práctico de la abogacía y creo que les falta esa perspectiva. Nosotros se lo hemos dicho en todas las reuniones que hemos tenido, y nos han dicho que ha sido una ley muy tortuosa, en la que ha habido mucho, mucho rechazo, ya no sólo por parte de los sectores conservadores, sino también dentro del propio partido de Gobierno, el PSOE. Querían que fuera una ley de mínimos y que se tramitara sobre esa base, sobre ese acuerdo de mínimos. 

Para modificar el Código Penal, se debería tramitar como una Ley Orgánica, que requiere una mayoría más cualificada en el Congreso. Creo que tampoco querían arriesgarse a que no saliera. En la izquierda hay mucho miedo a modificar el Código Penal, a crear delitos nuevos y se agite de nuevo el fantasma de la ‘dictadura progre’ que viene a imponernos nuevos delitos, etc, etc. 

Sinceramente, no lo sé, porque cuando me reúno con ellos, me dan la razón. Pero creo que se han conformado con una ley que, para mí, es más de maquillaje que de conseguir cambios reales. Al final, es una ley de final de legislatura, tramitada de urgencia… me apena mucho, la verdad, porque nos va a poner el trabajo mucho más difícil a la asociación.

¿El PP está a favor de este tipo de pseudoterapias?

De boquilla, no están a favor. Hace un par de años, Pablo Casado se posicionó en contra de las terapias de conversión. Pero en la práctica ves que no actúan. Con la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid estamos en litigio por todo el tema del Obispado de Alcalá. Dilataron toda la investigación de las denuncias de 2019, hasta el punto de notificarnos con siete meses de retraso el archivo, una vez que la infracción ya había prescrito, para asegurarse de que no se podía investigar. 

En el perfil de No Es Terapia señaláis el caso de una supuesta coach, Elena Lorenzo, que insinúa que puede curar la homosexualidad. He echado un vistazo a su web y es escalofriante. ¿Qué se hace con casos así? 

El caso de Elena Lorenzo tiene dos patas. La primera es la web antigua que tenía, por la que se le denunció en 2016 y la sancionaron en 2019. Ella recurrió la sanción diciendo que durante 31 meses se le practicó una instrucción encubierta, en el tiempo en el que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid estuvo recabando pruebas sin notificarle que estaba siendo investigada. El TSJM sólo le dio la razón en el sentido de que reconoce que se violaron sus derechos como parte investigada.  

En febrero de 2020, se volvió a denunciar a Elena Lorenzo por su segunda web, Camino a la heterosexualidad, cuyo nombre no puede ser más explícito. Hace unos meses presentamos un escrito a la Consejería para preguntarle por el estado de esta denuncia. Nos dijeron que la página seguía abierta y la infracción no había prescrito, así que continuaban estudiando la infracción y aún no habían decidido si abrir o no un expediente sancionador. Nosotros no podemos hacer nada más; en todo caso, una víctima sí que podría querellarse. 

Ahora mismo, Elena Lorenzo tiene una tercera página web, en la que habla de diagnosticar TOC homosexual a personas homosexuales, y dice que puede curarlo. Lo hemos puesto en conocimiento del Instituto Nacional de Consumo, porque creemos que es publicidad fraudulenta y engañosa, y en conocimiento de la Consejería de Política Social. Y no han hecho nada.  

¿Qué fin tienen estas pseudoterapias realmente? ¿Quien las ejecuta cree realmente que funcionan?

Tristemente, pienso que sí lo creen. Están tan cegados por su odio y por su fundamentalismo ultraconservador y ultracatólico que se ven con opción de cambiarlo. También creo que es porque no tienen contacto con lo que es la comunidad LGTBIQ+, así que no son capaces de ver que no es posible.

Por otro lado, estas agrupaciones comparten los mismos materiales y el mismo discurso. Para captar a víctimas emplean estudios no científicos pero que se presentan como científicos; todos parten de estudios publicados entre los 60 y los 80 por parte de una corriente freudiana psicoanalítica que dice que la homosexualidad se produce por traumas no resueltos de la infancia, y que la masculinidad o la feminidad no maduran correctamente hacia la heterosexualidad. Sobre esta base, utilizan muchos documentos de terapeutas de conversión, la mayor parte estadounidenses, en los que se afirma que se puede curar la homosexualidad, cosa que no es cierta. La Asociación Americana de Psiquiatría publicó en 2009 una revisión de todos estos estudios, diciendo que eran incorrectos, que no eran científicamente válidos, porque no utilizaban una metodología adecuada y porque no estaban validados por la experiencia.  

Por otro lado, también hay grupos, como Es posible la esperanza, vinculado al Obispado de Alcalá, conscientes de que los itinerarios de conversión que promueven no funcionan. Así que han modificado el mensaje, y en los últimos años se centran más en promover la castidad y no tanto la conversión. Promueven la anulación absoluta de la orientación sexual y no tanto la ‘recuperación’ de la heterosexualidad y el tener una familia.  

Muchos también son conscientes de que la vía para conseguir esto es a través de la medicación de por vida. Trabajan con psicólogos y psiquiatras, entre ellos Enrique Rojas, su hija Marian Rojas, Aquilino Polaino, que han medicado abiertamente a personas homosexuales para hacer que no sientan deseo sexual. Ya no se aboga por la conversión como tal, sino por la anulación.

¿Qué tipo de medicamentos recetan para ello?

Les pautan medicamentos que son recomendados para trastornos psiquiátricos graves, como la epilepsia, la bipolaridad o la esquizofrenia, pero que tienen como efecto secundario la anulación de la libido. Se pautan estos medicamentos para que las víctimas se los tomen de manera diaria junto con ansiolíticos. Anulan completamente su deseo sexual. 

Hace poco tuviste un choque con el parlamentario de Vox Mariano Calabuig en una Comisión de la Asamblea de Madrid sobre terapias de conversión. Calabuig acabó diciéndote: “Me va a venir usted a mí a hablar de relaciones con personas homosexuales. Tengo cercanas, y no tengo ningún problema, ninguno”. ¿Cómo te sentiste en aquel momento?

Ya conocía a Mariano Calabuig, porque ha sido presidente del Foro de la Familia, uno de los grandes impulsores de las redes y prácticas de terapias de conversión en España, haciendo charlas en las que se promovían terapias de conversión, trayendo como ponentes a terapeutas de conversión, etcétera. Calabuig conocía a mucha gente de la que mencioné en mi intervención.

Por una parte, viví ese choque con mucha pena, al ver que esa persona tenía un espacio donde poder decir lo que dijo, y además decirlo de una forma completamente desestructurada, histriónica; por otro lado, lo vi como algo muy preocupante. Ese señor me acusó a mí y a mi asociación de no defender la libertad, cuando realmente la comunidad LGTBIQ+ siempre ha llevado la bandera de la libertad, la libertad de ser nosotros mismos. Vimos cómo Vox enturbia el debate sobre si se pueden consentir o no las terapias de conversión, apropiándose del concepto de libertad como una libertad para imponerte una sexualidad o una identidad. 

En esa intervención leí y cité muchísimos datos, muchos estudios que ratifican que las terapias de conversión son peligrosas y no funcionan, y lo único que escuché por su parte fue un discurso desinformado que cala en la sociedad, y no entiendo por qué. Si voy a un médico y me dice que me va a curar el cáncer con agua con azúcar, a cualquiera se le enciende la bombilla de alerta de que es un fraude. Sin embargo, con temas de la orientación sexual o la identidad de género, parece que no es tan evidente.