El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que, más allá de la disparidad de opiniones al respecto de los indultos otorgados a los presos independentistas catalanes, “las razones de futuro deben prevalecer sobre las referencias del pasado. El momento es ahora. No hay momento más propicio para unirnos que este”.
En un artículo publicado en la edición de hoy, miércoles, en el diario El País, Sánchez señala que el indulto que el Gobierno concedió ayer en el Consejo de Ministros a los nueve condenados en el procés que permanecen en prisión “forma parte de esa trayectoria democrática y no lo sustenta otra razón que la recuperación de la concordia y la reconciliación de la ciudadanía”.
El Ejecutivo ha resuelto que existen “razones de utilidad pública que aconsejan conceder estos indultos”, añade el jefe del Ejecutivo.
El indulto, aclara el mandatario socialista, “ni cuestiona ni revoca la sentencia firme condenatoria. Se trata de indultos parciales ya que se conmuta la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas de inhabilitación de todos los condenados” por lo que afirma que “existe la condicionalidad”.
Apela al espíritu de la Constitución de 1978 que fue conocida en su momento como “de la Concordia” que significa, literalmente, “con corazón”, dice Sánchez. “Nuestras razones, nuestros argumentos, no son otros que la utilidad pública de esta medida de gracia y tienen que ver únicamente con el restablecimiento de esa concordia y de la convivencia, tanto en la sociedad catalana como en la española”, opina el presidente del Gobierno.
Es consciente de que es una decisión difícil, tomada “con la determinación y la seguridad de que el Gobierno hace lo mejor para el conjunto de España y de Cataluña”. “La concesión de los indultos está inspirada en el propósito de devolver a la política su capacidad de transformar la vida de las personas”, asevera.
Sánchez alude en el texto a la complicada situación de la pandemia porque “nos ha transformado, ha reordenado nuestras prioridades, nuestra vida y ha señalado la relevancia de nuestra vida compartida, de nuestra vida común, de cómo nos necesitamos unos a otros”.
El Gobierno, dice, quiere ahora “retomar cuanto antes el diálogo y mantenerlo hasta que se alcancen acuerdos. Tenemos propuestas que hacer con una Agenda que contiene todas las reivindicaciones hechas por la Generalitat en la última década y que pueden servir de punto de partida”.
La democracia, para el jefe del Ejecutivo, “no está en cuestión. Lo único que está ahora en cuestión es si seremos capaces de utilizar la política para alcanzar el fin más noble de todos: la convivencia”.
El Gobierno “cree en la cohesión de todos los territorios que conforman nuestra nación, defiende la unión de todos los españoles y asume además la diversidad territorial de España con orgullo y como parte de su fuerza”, afirma el presidente del Ejecutivo.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith (derecha), y el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández (izquierda), que ejercen la acusación popular.
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Los políticos independentistas, concentrados ante el Supremo tras la pancarta que dice: "Decidir no es delito".
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Fachada del Supremo.
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El presidente catalán, Quim Torra, concentrado ante el Supremo.
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Quim Torra, a su llegada al Supremo.
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Autobús especial de la Guardia Civil para traslado de presos, llegando al Supremo.
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Un vehículo de la Guardia Civil traslada a los presos.
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Un furgón de la Policía, llegando al Alto Tribunal con los presos.
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Los jueces empiezan a llegar a la sede del Supremo en Madrid.
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El juez Manuel Marchena, al frente del tribunal, llegando al Supremo.
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La bandera española, coronando el edificio del Supremo, esta mañana.
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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, saluda al portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
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El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, a su llegada al Tribunal Supremo.
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Torra, camino del edificio principal del Supremo, donde ha sido recibido según el protocolo de autoridades.
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Familiares de los procesados, a las afueras del edificio.
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El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a las puertas del Tribunal Supremo.
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El exconseller de Presidencia Francesc Homs, que coordinará la defensa de los exconsellers del PDeCAT, llegando al tribunal.
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La exconsellera de Gobernación catalana, Meritxel Borràs, llegando al tribunal.
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Andreu Van Den Eyden, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva.
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El exconseller de Justicia Carles Mundó (derecha), a su llegada al Tribunal Supremo.
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Manifestantes "por la unidad de España", ante el Tribunal.
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Manifestación en favor de los procesados, a las puertas del Supremo.
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Un grupo de personas se concentra tras una bandera con la leyenda "El nacionalisme és supremacisme" ("El nacionalismo es supremacismo") ante el Supremo.
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Varios colectivos se concentran con unas pancartas en los alrededores del Tribunal Supremo.
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Santiago Abascal, líder del ultraderechista Vox, haciendo declaraciones ante el Supremo.
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Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, atiende a la prensa antes del inicio del juicio.
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La prensa, concentrándose desde primera hora en el Supremo.
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Los periodistas, haciendo cola para entrar en la sala.
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Vista de la sala donde se celebra el juicio.
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Los doce líderes independentistas, esperando el inicio del juicio.
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El exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
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Forn, Romeva y Junqueras, en la primera fila.
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Girados, Jordi Cuixart, Jordi Turull y Joaquim Forn.
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Vista general de la sala.
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Los procesados, con el presidente Torra al fondo en la zona del público.
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En la imagen de izda. a dcha. en el último banco la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás (i); el exconsejero de Empresa de la Generalitat Santiago Vila (c) y el exconsejero de Justicia Carles Mundó (d). Segundo banco, la exconsejera d...
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Quim Torra, en la sala.
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Vista de la sala del Supremo destinada al juicio del procés.
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La sala del Supremo, desde la zona de los abogados.
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El presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Manuel Marchena (centro), junto a los demás magistrados.
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Los fiscales Fidel Cadena (derecha) y Javier Zaragoza (izquierda).
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El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith (derecha), y el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández (izquierda), que ejercen la acusación popular.