¿Salvará una economía de guerra a los autónomos de la ruina en los próximos meses?

Con la coautoría de Ramón Cuadrado Marqués.

Estamos en guerra, en una guerra sanitaria contra el Covid-19. Lo dijo Macron y lo repitió este martes Pedro Sánchez. Es seguramente el símil más acertado para describir a qué nos enfrentamos como sociedad. Pero en una situación bélica las prioridades consisten en abastecer de efectivos y material al ejército, en este caso el sistema sanitario público, y mantener aquellas industrias esenciales al esfuerzo, energía, telecomunicaciones, alimentos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En esta guerra resulta también esencial garantizar techo y comida para todos aquellos trabajadores, especialmente los autónomos, cuyas fuentes de ingresos se volatilizaron tan pronto como se declaró el estado de alarma creando una ansiedad que, tal vez, el recién aprobado decreto ley no consiga resolver por completo.

El paquete de medidas aprobado mediante decreto ley permitirá suspender el pago de la hipoteca sobre la primera vivienda y la cuota de la seguridad social para trabajadores despedidos y autónomos. Se trata de un paso en la dirección correcta. Habrá incluso una prestación para aquellos autónomos que vean reducida -o paralizada- su actividad. PYMES, autónomos y asalariados concentran el 66 por ciento del empleo y son, además, el principal núcleo de la pobreza salarial en nuestro país. Aunque en la dirección correcta, la insuficiencia de estas medidas podría aún obligar a cerrar a miles de pequeños negocios que acabarían además enterrados en deudas. Italia aprobó una suspensión de 18 meses en sus hipotecas sobre la primera vivienda, y en el caso de las empresas francesas, el Estado asume, además,alquileres empresariales, los créditos contraídos y el pago de los servicios básicos de luz, agua y gas. ¿Qué sucederá con los alquileres de empresas y particulares en España? La llamada de Sánchez a la corresponsabilidad de arrendadores y arrendatarios podría quedarse en solo palabras.

Una guerra no es legítima sin la sensación de esfuerzo compartido. No hay que olvidar la baja fiscalidad efectiva de las grandes empresas, que soportan comparativamente un esfuerzo menor que asalariados, autónomos y pequeños empresarios, así como la deuda contraída por el sistema bancario español y que jamás recuperaremos, que supera los 47.000 millones de euros. La mayor parte de nuestra generación no es consciente, como explica el Nobel de Economía, Paul Krugman, que grandes fortunas como Ford, Carnegie o Rockefeller soportaron tipos impositivos que hoy se consideran confiscatorios y estos impuestos no les impidieron ser inmensamente ricos, ni por ello dejaron de contribuir a la sociedad a través de obras filantrópicas. La lucha contra el coronavirus pasa también por tasar la acumulación de riqueza de Google, Zara, Apple y fortunas similares, coordinando a nivel europeo.

La guerra contra el Covid-19 precisa mascarillas, respiradores y camas de hospital. En estos momentos el Gobierno debe solventar con urgencia la ausencia de puestos de UCI y de un número suficiente de respiradores que permitirían vivir a muchos de los enfermos críticos que precisarán esa ayuda cuando la batalla con el virus se convierta en una lucha a muerte. Por otro lado, no debe escatimar fondos ni para contratar el número suficiente de médicos y enfermeros, ni para proporcionarles los medios de protección necesarios, especialmente la mascarilla quirúrgica N95, que impide el paso del virus, pero sin olvidarse de guantes y trajes de aislamiento.

Roosevelt y su New Deal entendían que cada euro gastado en necesidades básicas tiene un efecto multiplicador sobre la demanda que no tiene cuando el dinero se concentra en pocas manos. En plena recuperación del crack del 29, el presidente tuvo una política expansiva del gasto basada en un sistema impositivo que acabó por subir el último incremento marginal del impuesto de la renta del 25 al 63 por ciento. Los economistas utilizan para explicar la eficacia de esta medida la propensión marginal al consumo, es decir, la proporción de cada euro adicional de ingreso que se destina a consumo en vez de a ahorro. En los colectivos en situación de necesidad, como los que vamos a encontrarnos durante la crisis del Covid-19, esta proporción es próxima a 1. De cada euro adicional más de 90 céntimos retornarán al sistema vía consumo, permitiendo la supervivencia de las PYMES. Para grandes corporaciones y fortunas con una liquidez más que garantizada ese euro irá destinado a ahorro o a invertir, pero aunque sea esta última opción no tendrá sentido en un mercado con una demanda interna bajo mínimos. No se trata de ignorar los problemas de la bolsa, sino que ponemos el foco en los problemas de la economía real. Techo y comida.