El Gobierno declara el estado de alarma en nueve municipios de la Comunidad de Madrid
Los movimientos están restringidos en Alcorcón, Alcobendas, Madrid, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.
El Gobierno de España ha decretado este viernes el estado de alarma en nueve municipios de la Comunidad de Madrid (Alcorcón, Alcobendas, Madrid, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla) para frenar la segunda ola del coronavirus. La medida ya ha entrado en vigor y estará vigente durante 15 días. Una vez transcurrido ese lapso, y si la situación epidemiológica requiere una prórroga, el Gobierno deberá conseguir el refrendo del Congreso para alargar la excepcionalidad.
Las medidas que contempla el decreto de alarma concierten a cerca de 4,5 millones de personas y suponen la restricción de entradas y salidas de los municipios, lo que afecta a la libertad de circulación, la limitación a seis personas del aforo en reuniones sociales y el cierre de parques infantiles. También acarrea un aforo en bares, restaurantes y locales de juego y apuestas, del 50% en interiores y del 60% en exteriores.
“Las medidas que entran en vigor son las mismas que había antes. Las mismas”, ha asegurado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Los municipios afectados por las restricciones que desde este viernes cuentan con la cobertura legal del estado de alarma también son los mismos, salvo Alcalá de Henares, que se incluyeron en la orden de Sanidad que tumbó la Justicia este jueves.
Esa orden de Sanidad que la Comunidad de Madrid no apoyó a pesar de pedir ayuda al Gobierno central afecta a las localidades de toda España que tienen más de 100.000 habitantes; superan los 500 casos acumulados de covid-19 en los últimos 14 días; tienen una tasa de positividad en pruebas PCR superior al 10% y cuentan con un índice de ocupación superior al 35% en las UCI de la comunidad.
La incidencia acumulada media en estas nueve localidades es de 679,61 diagnósticos de covid-19 por 100.000 habitantes, más del doble que la media del país. Y el porcentaje medio de positividad en las pruebas que detectan una infección activa es el doble que el de España, que se situó en el 10,1% en la última semana.
“En la Comunidad de Madrid hay transmisión comunitaria y la atención primaria corre el serio riesgo de colapsar. Y aún no hemos entrado en el invierno”, ha justificado el ministro Illa, quien ha añadido que “hay que tomar medidas para cuidar la salud de los madrileños y evitar que pongan en riesgo al resto de comunidades”. El Gobierno ha aclarado que a los efectos del estado de alarma, es la autoridad competente, pero ha descartado que una delegación que tenga que aplicar medidas adicionales para frenar la epidemia.
“La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada”, ha asegurado el titular de Sanidad. “Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar el virus”, ha lanzado Illa. Interior ha desplegado más de 7.000 agentes de Policía y Guardia Civil en controles en las entradas y salidas de los municipios afectados para limitar la movilidad y vigilar el cumplimiento de las restricciones, lo que ha provocado importantes retenciones en las carreteras.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha comunicado a Isabel Díaz Ayuso el decreto alarma poco después de las 12.00. La Comunidad de Madrid rechaza que el Ejecutivo central aplique la alarma e insiste en que las restricciones por zonas básicas de salud que ha impulsado el Gobierno regional estaban siendo efectivas y no era necesario llegar a decretar la medida excepcional. Es más, la Comunidad ha dejado clara su intención de ampliar las zonas bajo restricción de 45 a 51. El líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que el estado de alarma en la Comunidad es “injusto” y que Pedro Sánchez debe “retirarlo cuanto antes”.
“En el momento que el Gobierno haya tomado esta decisión, ellos son los que asumen la competencia y tendrán que decir qué es lo que tienen pensado para los madrileños”, ha comentado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha comparecido solo para dar cuenta de la postura del Gobierno autonómico.
En la mañana de este viernes, pasadas las 12.00, Sánchez y Ayuso han mantenido una conversación en la que el jefe del Ejecutivo ha trasladado que hay que proteger la salud pública con carácter inmediato. No obstante, ambos han acordado que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios que se abren en la región desde el punto de vista epidemiológico.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado, ha lamentado en Twitter la “evitable” declaración del estado de alarma. “Había alternativas. Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos. Mis disculpas por ello”, ha lanzado el dirigente de Cs. Los naranjas están manteniendo discrepancias con los populares en el Gobierno autonómico que están tensionando la coalición de Gobierno.
El objetivo del decreto del estado de alarma es restablecer las restricciones que han estado vigentes hasta este jueves en los diez municipios confinados de la región, incluida la ciudad de Madrid, y que tumbó la Justicia, así como evitar la escapada masiva de madrileños por el puente del 12 de octubre, día festivo en todo el país.
En cualquier caso, este nuevo decreto de estado de alarma no supondrá, según ha manifestado Moncloa, un encierro de los ciudadanos en sus viviendas. No será como el de la primera ola de la covid-19. No habrá suspensión de la vida ciudadana.
Es la primera vez que el Gobierno recurre a este instrumento desde que decayó a finales de junio en todo el país. Desde ese momento, son las comunidades autónomas las responsables de gestionar la epidemia en sus territorios. Durante el verano han sido varias las autonomías que han tenido que imponer restricciones de movimiento y de aforo para controlar brotes.
Aragón y Cataluña fueron de las primeras autonomías en enfrentarse al escenario que ahora vive la Comunidad de Madrid. Pero en la región presidida por Díaz Ayuso la situación se ha descontrolado y el Gobierno opta por el estado de alarma para reconducirla.
Sánchez convocó este jueves el consejo de ministros extraordinario, que ha presidido la vicepresidenta segunda, Carmen Calvo, horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbara las restricciones de movilidad ordenadas por Sanidad para la capital y otros nueve municipios de la región y que sumieron a los madrileños en la incertidumbre por no saber a qué norma atenerse.
El tribunal apuntó en su resolución que el estado de alarma era el único instrumento válido para plantear las “limitaciones de derechos fundamentales”, como la libre circulación que pretendían las medidas de confinamiento de la orden de Sanidad.
Esa orden del departamento que dirige el ministro Salvador Illa llegó por “amplia mayoría” tras un acuerdo sin unanimidad en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, donde votaron a favor 13 comunidades y en contra Cataluña, Andalucía, Aragón y Ceuta, además de la Comunidad de Madrid.
El estado de alarma es uno de los tres estados de excepción previstos en la Constitución, en el artículo 116. El de alarma será “declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”.
En ese decreto se determina el ámbito territorial. La ley dice que se puede declarar en todo el país o en una parte cuando existan estas alteraciones graves como crisis sanitarias, “tales como epidemias”.
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